martes, agosto 01, 2017

VENEZUELA Y SU TRÁNSITO A LA DICTADURA.



El gobierno chileno debe ser más enérgico para denunciar esta deriva autoritaria, pues solo la acción internacional puede salvar al país del caos.

El régimen de Nicolás Maduro ha terminado por despojar lo poco que quedaba de la democracia venezolana, al llevar adelante la ilegal elección de una asamblea constituyente con el fin de dictar una nueva Constitución, desoyendo las advertencias de que con esa medida el país se encamina hacia una situación de impredecibles consecuencias. Este fraudulento proceso constituyente no es más que un burdo intento del chavismo por perpetuarse en el poder, y al desconocer la legítima autoridad de la Asamblea Nacional -controlada por la oposición tras las elecciones de 2015-, Maduro y su gobierno han derivado en un régimen dictatorial, lo que no solo para Venezuela sino para la región como un todo constituye un gigantesco fracaso.
La prueba más elocuente de este autoritarismo es la brutal represión que el régimen ha ejercido sobre los opositores y “disidentes”, lo que ha derivado en un cuadro de protestas y violencia generalizada que ha dejado más de un centenar de muertos. Todo ello en medio de un crítico cuadro social y económico, que se refleja en escasez de alimentos y medicinas, una economía en total desplome -el FMI estima que el PIB caerá 12% este año, algo de difícil precedente en el resto del mundo- y una hiperinflación que roza el 1.000% anual.
Es improbable que el país pueda salir por sus propios medios institucionales de esta crisis, pues el chavismo se ha encargado de cooptar todo el aparataje del Estado. Las elecciones generales deben realizarse el próximo año, pero han quedado en total entredicho con esta “asamblea”. Ante este cuadro, la respuesta enérgica de la comunidad internacional es la única línea que en estos momentos separa a Venezuela de caer en el caos total. Dicha reacción ha sido por largo tiempo tímida -en particular la OEA, incapaz de reunir los votos para invocar la carta democrática-, lo que contribuyó a que esta crisis escalara hasta este punto.
La comunidad internacional debe actuar en ámbitos muy precisos. El régimen de Maduro y cualquier actuación que derive de esta “asamblea” no debe ser reconocido, lo que sería un paso importante para denunciar su ilegitimidad. También parece necesario reconocer que los altos funcionarios del régimen deben ser objeto de sanciones concretas. El gobierno de Estados Unidos, que denunció allí la existencia de una dictadura, ha congelado los activos financieros de los principales jerarcas, además de retirarles sus visas. La legislación internacional de derechos humanos, que ha asentado la doctrina de crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del Estado, parece encontrar en este caso perfecto correlato, y los mecanismos para hacerla efectiva deberían ser puestos en marcha a la brevedad.
La mayor parte de los países de la región ha reaccionado con dureza ante esta asamblea constituyente. El gobierno de Chile, si bien declaró como “ilegítimo” este proceso, no ha sido todo lo categórico que se hubiera esperado, como sí lo fueron Perú y Argentina, que no la reconocerán. Nuestro país ha hecho una opción explícita por la defensa de la democracia y las libertades, y ante una violación flagrante de estos principios su voz debe ser más clara.
Editorial La Tercera.

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