viernes, octubre 27, 2017

ZEID RA’AD AL HUSSEIN, BENITO TRANGOL Y LA ARAUCANÍA.



Difícilmente se podría establecer una relación entre dos nombres tan diferentes: Zeid Ra’ad Al Hussein y Benito Trangol. Sin embargo,  ellos son más cercanos de lo que parece a primera vista.
Como se recordará, en nuestro último comentario respecto del conflicto mapuche de la Araucanía, criticamos la actitud del Gobierno chileno de retirar la demanda de delitos terroristas a los detenidos por incendio de un templo religioso, entre los cuales se encontraba Benito Trangol.
Lo que no sabíamos entonces, era de dónde provenía la orden de retirar esa demanda. Nos parecía, al igual que a la gran mayoría de los chilenos, que ella vendría de la presidente Bachelet.
Sin embargo, noticias publicadas la semana pasada nos informan que no era así. Ella era emanada de un Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein.
Ud. me preguntará quién ese ese Sr., qué relación puede tener con la Araucanía y cuál es su autoridad para decidir sobre asuntos que incumben exclusivamente a nuestra soberanía nacional.
Le paso a responder, pues nosotros nos formulamos las mismas preguntas que Ud. y buscamos los antecedentes.
El Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein es un príncipe de origen Jordano que ocupa el cargo de director del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), y que, en su calidad de tal, emitió el siguiente decreto: “Los cargos en contra de estos individuos (mapuches acusados de delito de quema de templo religioso)  deben ser revisados con urgencia y se les deben brindar las garantías de un juicio justo, propias del sistema de justicia ordinaria”.
Es decir, quien decidió la medida del Gobierno de la Nueva Mayoría fue un príncipe Jordano,  que sobre la violencia mapuche debe saber menos de que el defenestrado rey de la Araucanía, Orlien Antoine I.
Lo que podría parecer un hecho anecdótico y casi pintoresco, esconde una verdadera tragedia. Hoy la soberanía nacional cada vez importa menos en las decisiones  nacionales. Las  autoridades chilenas –queriendo o no- se doblegan a los dictados de la ONU.
Pero, para controlar el mundo, las Naciones Unidas deben tener a entidades de su “confianza” que les advierta sobre las decisiones y decretos que deben emitir.
Es decir,  alguien o algunos informaron a este príncipe Jordano de lo que ocurría en Chile con los araucanos. Y ese alguien o esos algunos informantes, obviamente que tenían influencia en ese organismo como para ser oídos y atendidos de inmediato.
Entonces resulta necesario saber quiénes son y qué piensan esos informantes.
De acuerdo con la noticia publicada en la prensa nacional, una de las redactoras del mencionado decreto del Alto Comisionado de los DDHH de la ONU se llama, Tauli-Corpuz y es la Relatora sobre temas indígenas de este organismo.
Esta Sra. hace exactamente hace un año, publicó un Informe de la sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde afirma: “Desde el punto de vista de la conservación, cuando los pueblos indígenas pierden la tutela sobre sus tierras y estas quedan bajo el control gubernamental, esas áreas se ven expuestas a la colonización destructiva, las industrias extractivas, la tala ilegal, la expansión de las agroempresas”.
Es decir, este decreto de la ONU, tan rápidamente atendido por el Gobierno Bachelet, lo que buscaba era  dar completa soberanía sobre “sus tierras ancestrales” a los mapuches, y así, acabar con todos los emprendimientos de aprovechamiento para el bien del conjunto de la nación. O sea, una mezcla de ecología profunda con miserabilismo económico.
¿Sabrán de esto quienes reclaman un reconocimiento constitucional inmediato de “los pueblos originarios”?
Si no lo saben, es el caso de decir que actúan con poca prudencia, pues basta entrar en internet para certificar los hechos aquí comentados.
Pero, si lo saben, ¿cómo entender entonces una exigencia que pondrá en tela de juicio la propia unidad nacional?
Son las interrogantes que nos dejan las noticias publicadas esta semana.

CredoChile.cl

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