miércoles, septiembre 27, 2017

TERRORISMO EN EL SUR E IMPLICANCIAS INTERNACIONALES.



Hace sólo una semana, un grupo de chilenos de paso por Bariloche comprobó hasta qué punto la inacción del gobierno chileno frente al terrorismo rural en la zona sur de nuestro país, preocupa profundamente al otro lado de la cordillera.
En medio de una visita a lugares emblemáticos de la ciudad, una guía turística les detalló los ataques registrados en uno de los territorios turísticos más relevantes de esa provincia trasandina, con quemas de propiedades tal como ocurre desde hace años en Chile y hablaba de cómo el fenómeno se había fortalecido por la inacción de nuestro Estado, al punto de que lo que le estaba ocurriendo a ellos no era más que la exportación de un conflicto que, según ellos, en realidad les es ajeno.
El miércoles 20, el medio Bariloche Digital tituló de manera directa la extendida crítica hacia Chile, en una nota que llevó como nombre: “Inacción del Gobierno chileno: otras tres iglesias quemadas en la Araucanía de ese país”.
Ya el 28 de agosto, la Multigremial del Sur emplazó a nuestro gobierno para que respondiera acerca de la diferencia entre la forma en que el Ministerio de Seguridad Argentino estaba enfrentando el tema, con una ministra -Patricia Bullrich- que no tuvo problemas para calificar lo que ocurría en su país como terrorismo, para luego actuar en consecuencia y, más aún, denunciar que el financiamiento de las acciones de terror provenía del extranjero.
Por todo esto es que la detención de los posibles responsables de los últimos atentados no sólo es una buena noticia para Chile, sino, sobre todo, una señal hacia el exterior, donde la imagen del país se ha deteriorado debido a su abulia para enfrentar el fenómeno, misma que muestran los medios televisivos al destacar esta noticia como secundaria, como si el terrorismo fuera ya parte de nuestro paisaje.
Es de esperar que estemos en presencia de algo más profundo que sólo una señal, y que como país seamos capaces de poner, de una vez por todas, atajo a los sucesos reiterados de terrorismo, los cuales deben ser llamados por su nombre, y cuyas investigaciones deben dar con culpables.
Chile no puede dar marcha atrás en este camino, asimismo, debe establecer una colaboración estrecha con Argentina para abordar este fenómeno como una amenaza binacional. Por ello, el anuncio realizado ayer por el subsecretario Aleuy con el objetivo intercambiar información del caso conocido como “Operación Huracán”, que permitió la detención de siete sospechosos de ataques terroristas, también constituye una buena noticia.
Sólo una vez que se haya erradicado la violencia, y no antes, se podrán establecer los diálogos y acciones necesarias para una convivencia en paz, bajo la única bandera del progreso y bienestar de los chilenos, en un país cada vez más integrador y menos separatista.
Juan Hollstein Türk.

lunes, septiembre 25, 2017

KAST A SEGUNDA VUELTA.



El escenario que le daría total confianza a los inversionistas –los inversionistas son el uno por ciento de la gente, pero hacen el 80 por ciento de la inversión, es decir, son los que hacen crecer la economía— sería que Kast y Piñera pasaran a segunda vuelta.
          Esto sería perfectamente posible si la derecha fuera leal e inteligente, pero me temo que no sea ninguna de las dos cosas. Bueno, para el caso de que cambie para bien de aquí al 19 de noviembre, le digo lo siguiente: si vota por el único candidato de derecha, que se llama José Antonio Kast, éste obtendrá sobre el veinte por ciento de los sufragios, que representa a los que todavía defienden al Gobierno Militar, y pasará a segunda vuelta.
          En ese caso también pasará Piñera, que no es de derecha pero va a tener una buena votación DC (porque él es, en realidad, DC de alma), y también va a tener una gran votación de la izquierda, cuyo móvil principal en política es el odio (por eso he escrito el 15.09.17 que Bachelet le ha puesto un “broche de odio” a su mandato). Como Piñera satisfizo como nadie ese odio de la izquierda, vituperando a los militares, trasladándolos a un penal peor e interponiendo querellas contra los que combatieron al terrorismo marxista, también va a tener un no pequeño contingente de votantes de izquierda y va a pasar a segunda vuelta.
          Si el escenario electoral se divide en dos partes iguales, una del centro hacia la derecha y otra del centro hacia la izquierda, podemos ver que, en los hechos, hay dos  candidatos (Kast y Piñera) disputándose la primera de esas mitades y seis disputándose la segunda (Artés, Goic, Guillier, ME-O, Navarro y Sánchez). Si se divide una mitad por dos y la otra por seis, es obvio que van a pasar a segunda vuelta los dos de la mitad derecha y ninguno de la izquierda. Además, en este sector van a ir aumentando su votación, a medida que vayan siendo más conocidos, los cuatro candidatos con menores porcentajes en las encuestas, restándosela a los que hoy los tienen mayores. Esto conduce a que Kast y Piñera obtengan, cada uno, más votos que cada uno de los del centro hacia la izquierda y a que aquéllos sean los dos que pasen a segunda vuelta.
          Pero, claro, hemos visto que la derecha no es leal. Constituyó la médula cívica del Gobierno Militar, que, por lo demás, la salvó de la degollina marxista, pero después de ganada la guerra, en la posguerra lo ha traicionado como nadie. Así, la prevaricación ilegal de los jueces de izquierda contra los militares que enfrentaron al terrorismo marxista ha sido originada en y liderada por el gobernante que la derecha eligió en 2009, Sebastián Piñera, con casi mil querellas interpuestas por su subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, durante su mandato.
Los gobiernos de centroizquierda anteriores sólo habían interpuesto unas trescientas querellas.
          El Colegio de Abogados, donde hay una mayoría de derecha en la directiva, no ha dicho una palabra contra la prevaricación de los jueces de izquierda ni contra la iniciativa del gobierno de Piñera de presentar esas mil querellas. Al contrario, ese Colegio, al que pertenezco, censuró y se negó a publicar un artículo mío en su Revista del Abogado, criticando un fallo prevaricatorio, redactado por un ministro DC (al que sí le publican artículos) contra tres oficiales de la Armada, uno de Carabineros y uno de Investigaciones, por la muerte del mirista entrenado en Cuba, Rudy Cárcamo en 1973, ya sobreseída entonces, luego amnistiada y también prescrita. Los jueces de primera y segunda instancia les habían aplicado pena remitida (se cumple en libertad). Un recurso de casación del ministerio de Piñera elevó el caso a la Sala Penal de la Suprema, bastión de izquierda, que les subió la pena a 5 años y un día efectivos, que están cumpliendo en Punta Peuco.
El Colegio prefirió encubrir al redactor del fallo. Yo denuncié eso y publiqué mi artículo censurado en este blog el 27.03.15 (“Artículo Impublicable en la Revista del Abogado”) que a la fecha tiene 1.963 lecturas.
          Y ahora mismo la derecha está traicionando al único candidato de derecha, José Antonio Kast, pues en el Encuentro Nacional del Agro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (que es el corazón de la derecha, o por último, el riñón, si ustedes prefieren) ha organizado un debate presidencial excluyendo a José Antonio y sólo con candidatos que no son de derecha. Increíble pero cierto.
          Con esta derecha ¿quién necesita una izquierda?

          En todo caso, puñaladas traperas aparte, para que Kast y Piñera pasen a segunda vuelta sólo se necesita que el electorado de derecha sea más íntegro y leal que sus dirigentes y vote por el único candidato que la representa. ¿O será mucho pedir?

Hermógenes Pérez de Arce.

viernes, septiembre 22, 2017

DESAFÍO DE VENEZUELA.



La elección de una Asamblea Constituyente se efectuó, pese a los esfuerzos de la oposición democrática, las multitudinarias manifestaciones de protesta, huelgas, paros, barricadas, y numerosos muertos. Las cifras de participación, según el Gobierno, no coinciden con la real, y hubo un enorme abstencionismo que jamás reconocerán. De nada sirvieron los llamamientos de líderes regionales, la Unión Europea, la Iglesia, las solicitudes de diálogo, ni las advertencias de posibles sanciones políticas y económicas, por parte del Mercosur o de Estados Unidos. Tampoco los no reconocimientos de importantes países regionales. Menos han prosperado los esfuerzos del Secretario General de la OEA, transformado en enemigo personal de Maduro, por su actitud valiente y decidida en preservar la institucionalidad. Y lo más significativo, no se consideró el ejercicio previo de votación ciudadana, dentro y fuera del país, donde más de siete millones y medio de venezolanos, se opuso. Una demostración clara y contundente del grado de oposición a un régimen que los agobia, en medio de un descontento generalizado.
La realidad no le importa a Maduro y sus seguidores, fanatizados o acallados por prebendas, pagos y beneficios que carecen los demás. Unas fuerzas armadas entregadas al régimen y no al país que juraron preservar. Un verdadero gobierno militar indirecto, que sostiene a un personaje que se vanagloria de su mediocridad y de sus abusos. Sólo los contrarresta con insultos, amenazas, o encarcelamientos arbitrarios, convertido en una figura vociferante, caricatura del típico dictador caribeño, sin atractivo, desapegado de la realidad, en un mundo propio y rodeado sólo de incondicionales. Ningún país seguidor del proyecto de revolución chavista, lo adoptaría como modelo. Un régimen en aguda crisis económica con un país despilfarrado, que agotó su capacidad de comprar adeptos.
La nueva Constitución que redactarán los 545 elegidos, únicamente entre partidarios,  perpetuará a Maduro y desmantelará la de Chávez; un militar populista con enormes recursos petroleros que no actualizó y dilapidó interna y externamente. Muchos chavistas desencantados han dejado de apoyarlo. Fabricará otra para sí, pues está aterrado de perder el poder, ejerciéndolo por la fuerza y no por decisión popular. Hace tiempo que los venezolanos descubrieron sus intenciones y continuarán rebelándose o desobedeciendo, en un creciente levantamiento civil ingobernable.
El país se perfila, además, como un gran problema para el mundo, y quienes, de verdad son consecuentes con los valores democráticos, el respeto a las instituciones en que se basa, y la vigencia de los derechos humanos, más allá de los discursos y las consignas declamatorias. De ahora en más, Venezuela da un nuevo paso hacia una dictadura sin ocultamientos. Las consecuencias, por desgracia, sólo auguran más días difíciles para su pueblo, que soberanamente no acepta someterse por la fuerza. Seguramente habrá nuevas protestas, confrontaciones y mayor violencia represiva, de un modelo que fracasó. Un nuevo desafío también para la comunidad internacional, y para quienes están convencidos de que Venezuela no merece el totalitarismo que vendrá.
Samuel Fernández.

viernes, septiembre 15, 2017

A BACHELET: LOS CREDOS SE RESPETAN, NO SE AGRAVIAN.


Habrá que atribuirlo al desconocimiento que agnósticos y ateos tienen acerca de las creencias religiosas, el ‘mal rato’ que dijo haber vivido la Presidenta en el tradicional Te Deum de las iglesias evangélicas. Molesta, lo calificó de “ofensa”.

En la ocasión, la Mandataria y su séquito de palacio se sintieron incómodos ante las palabras de los obispos evangélicos  que, durante la ceremonia, condenaron duramente las leyes patrocinadas por el Ejecutivo sobre el aborto y el matrimonio entre homosexuales.

Un credo religioso  ---el evangélico u otro— es la profesión de la fe o, si se prefiere, el conjunto de principios y convicciones de un grupo cristiano.

La incontrolable vocera de Gobierno, Paula Narváez (PS), calificó de “intolerante” a los evangélicos y denunció una falta de respeto hacia la Presidenta por haber planteado sus desacuerdos valóricos en materias tan sensibles y confrontacionales entre la población chilena.

Sólo la ignorancia insta a creer en la unidad cuando se intenta imponer dominio sobre temas valóricos. Más errónea es la óptica de quien cree tener la verdad  ---como la vocera— en materias que están muy lejos de un consenso: la reciente encuesta del CEP lo dejó claramente establecido, al demostrar que ninguno de los dos proyectos están entre las diez prioridades que tiene la población.

Desde que la Presidenta anunció su idea de que se legislara sobre el aborto y se materializara el matrimonio entre homosexuales, no fueron sólo las iglesias evangélicas las que hicieron ver su oposición.

Además, por cortesía, cada vez que hay intervenciones oficiales en presencia del Jefe del Estado, éste conoce previamente los conceptos generales de sus contenidos.

Desde esta perspectiva es torcer la realidad hacer creer, como lo hicieron la Presidenta y la vocera de Gobierno, que el Te Deum fue prácticamente una encerrona. Fue demasiado evidente que la molestia presidencial parece haberse debido a las muestras de simpatía de los fieles hacia el candidato Piñera, uno de los varios aspirantes a La Moneda presentes en la ceremonia.

No es la vocera Narváez la persona más apropiada para acusar de “intolerancia” una postura valórica fundacional de un credo religioso, luego de que ella, en su labor cotidiana, ataca ácidamente a sus adversarios políticos, rechazando cualquier tipo de crítica y agraviando a quienes las emiten.

La Presidenta asumió hace años que origina reparos y ello lo demuestra el historial de estudios de opinión pública. Una amplia mayoría de la población chilena desaprueba su gestión, entre ésta, gran parte de seguidores de credos religiosos, y ello por iniciativas que contravienen sus principios.

Irritada por la intervención de un diácono piñerista en el Te Deum, la Mandataria tuvo la imprudencia de acusar a la Iglesia Evangélica de “estar en contra de la diversidad”, juicio político y populista que viola las convicciones religiosas de la institución. Además, le reprochó no colaborar con la unidad del país, como si los polos súper opuestos en cuanto a valores pudiesen juntarse como si se tratase de un pacto electoral.

No es primera vez que los obispos evangélicos utilizan la tribuna del altar de su Te Deum para hacer ver sus puntos de vista, tal como ocurrió, en su momento,  con la Iglesia Católica, que llegó casi al  insulto al interior de sus templos en contra del régimen militar.

Silenciosamente los gobernantes de turno deben asumir las opiniones valóricas de otros, precisamente porque se trata de valores.

No fue la ceremonia en la Catedral Evangélica una falta de educación, una  ofensa –como lo denunció Bachelet--  o una muestra de intolerancia. Al revés, la intolerancia corrió por cuenta de la Presidenta y de la ministra que condenaron públicamente a una fe religiosa en lugar de respetar sus convicciones.


Voxpress.cl

lunes, septiembre 11, 2017

SEPTIEMBRE: EL FANTASMA DE LA VENGANZA.



La llegada de la primavera es propicia para unirnos en un nuevo aniversario.
De la independencia nacional y las glorias de nuestro Ejército, al que se suma todo Chile en uno de los eventos de mayor significación nacional, como lo es la parada militar.
 
La posibilidad de encontrarnos y superar las divisiones que nos separaron, choca con el afán revanchista de los que fueron derrotados en Chile con la intervención de las Fuerzas Armadas, y en el mundo con el derrumbe del muro de Berlín.
 
A diferencia de Cuba y su eternizada dictadura, o en Cambodia donde los parientes de la Unidad Popular masacraron a un 50% de la población en nombre de su revolución marxista, o de Corea del Norte o Alemania Comunista tan admirada por nuestra izquierda, en Chile tuvo lugar una revolución libertaria, en la que el gobierno militar rescató los principios y valores fundamentales y transformó el país en una democracia ejemplar inspirada en la persona humana, su familia, su libertad y el rol subsidiario del Estado.
 
El gobierno militar se dio un itinerario para transitar a una democracia plena, elaboró la Constitución Política de 1980, aprobada en Plebiscito, modificada y aprobada en Plebiscito y por el Congreso Pleno, y de acuerdo con la cual se celebraron elecciones ejemplares y el entonces presidente Augusto Pinochet entregó el poder a Patricio Aylwin.
 
Los que trajeron las guerrillas cubanas, quienes reivindicaron la lucha armada contra los gobiernos democráticos, para quienes la muerte de civiles inocentes en el mundo es un mero efecto colateral de una revolución sangrienta, y quienes hoy se mofan de haber sido partícipes directos del asesinato de cinco jóvenes soldados y haber herido gravemente a otros 11 en el atentado cuyo aniversario 31 recordamos hoy, no pueden conciliar el sueño al comprobar que se ha consolidado el modelo que legó a Chile el gobierno militar.
 
Es de esa desesperación de la izquierda que surgen en este mes los ataques en contra de quienes sirvieron en nuestras FF.AA.  Esta vez partieron los que insisten, en curiosa coincidencia con procesos eleccionarios y contra opiniones expertas, en ver veneno en los cuerpos, cuando solo está en sus mentes; los llamados a hacer justicia que se amparan en la fuerza de la ley para despreciar el valor de informes médicos sobre la incapacidad y la demencia senil de quien la misma "justicia" condenó sobre la base de suposiciones, ya que no hay elementos siquiera para presunciones, pero además con desfachatez se confiesa que esa condena deja de aplicar el derecho chileno con el soberbio sustento de no estar de acuerdo con la ley.
 
Todos seguimos viendo en silencio, como verdaderos cómplices pasivos, la repetición de casos de condenas a soldados, cada vez de más baja graduación, al parecer tratando de expiar culpas o espantar fantasmas del pasado con la denegación de justicia a los que vistieron el uniforme que este mes honramos..  Nadie quiere saber del general que, tras una década de proceso judicial, fue absuelto en primera instancia, sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones y vista su causa en algo más de media hora por la Corte Suprema, sin decir sobre qué base ni que razón de hecho, y mucho menos de derecho, se envía a la cárcel a quien a los 20 años iniciaba su carrera militar.
 
Ahora la cueca del odio se entonará contra ancianos uniformados, ilegal e inhumanamente encerrados en Punta Peuco, unos que no saben dónde están ni el por qué y otros llevados a los 90 años en pijamas, y cerrará el penal para trasladarlos a penales civiles  con el fin de seguir construyendo la fábula del exterminio de la izquierda como bálsamo para atenuar la frustración de la derrota.
 
Puede que no se cumpla eso de que tanto va el cántaro al agua que... pero cada día los chilenos estamos más conscientes que el Chile que alcanza el desarrollo, el del espacio amplio para el emprendimiento, el de la libertad y de la modernidad, es el verdadero legado del 11 de septiembre de 1973.
 
Junto con rendir homenaje a los soldados asesinados el 7 de septiembre de 1986, reivindico mi derecho a discrepar de la "historia oficial" y saludos con respeto y admiración a las Fuerzas Armadas y de Orden en  los aniversarios de este septiembre.


 
Fernando Barros T.
 
Abogado, Consejero de la Sofofa

jueves, septiembre 07, 2017

¿ES TERRORISMO O SUBVERSIÓN LO QUE OCURRE EN LA ARAUCANÍA?



¿Por qué le cuesta tanto al Gobierno reconocer lo que está pasando en la Macrozona de La Araucanía (8ª, 9ª y norte de la 10ª? ¿Será porque los considera más bien actos propios de un grupo subversivo, antes que simplemente terrorismo para causar temor, y eso no se puede reconocer públicamente?
Me pregunto lo anterior puesto que el llamado grupo Weinchan Auka Mapu, escindido de la CAM, se adjudicó los últimos dos atentados incendiarios, así como el año pasado lo hizo respecto de otros 38, ocurridos en Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos, reivindicando la lucha armada contra el Estado chileno y sus expresiones de opresión, así como contra la Iglesia católica, defendiendo la destrucción de templos en represalia por su rol en la “transmisión de valores y normas de los dominadores”.
En el sitio http://paismapuche.org/?p=11300, se puede leer una declaración que le hizo llegar este grupo, ya en abril del año pasado, respecto de lo que llaman el “conflicto chileno-mapuche”. En ella se aprecia claramente cuál es la intención:
En el ámbito de la resistencia, incorporamos el elemento armado, en respuesta obligada a la violencia sistémica que ha ejercido el Estado chileno contra nuestro pueblo mapuche. La violencia que ejercemos entonces, es de carácter defensivo, circunscrito en primer orden a nuestro territorio, fundamentalmente nuestro accionar va dirigido contra objetivos del carácter material, maquinaria forestal, agrícola, casas patronales y toda infraestructura destinada a saquear y explotar nuestro Wallmapu, presionando que nuestro actuar obedece a la postura de un elemento más de la naturaleza”.
“Con respecto a la violencia, queremos dejar en claro que identificamos a nuestros enemigos en el gran latifundista, la forestal y los proyectos energéticos, grandes empresas y sus inversiones, siendo estos partes del gran capital.  Así mismo, consideramos como adversarios políticos y no como enemigos, a quienes desde la intelectualidad y orgánicas occidentales potencian la institucionalidad y el estado de derecho”.
Y esta declaración contiene otros semejantes argumentos y la lista de los actos subversivos que realizaron en el sur del país entre 2013 y 2016, identificándolos con fecha y lugar.
¿Quiénes integran esta agrupación violentista? ¿Por qué no se les detiene? Se dice que es muy complejo probar su intervención, y por lo tanto demostrar su participación en los hechos. Pero, ¿es tan imposible infiltrarlos? ¿Son tan capaces y tan compartamentalizados que estas acciones no se pueden anticipar? ¿No dejan huella alguna? ¿ningún rastro? Y si son tan hábiles, ¿no será que están entrenados en técnicas de subversión insurreccional tipo guerrilla por alguno de los grupos extremistas de Latinoamérica? ¿Se investiga eso? ¿No hubo, en su tiempo, visitas a las FARC?
El fenómeno que está ocurriendo, entonces, tiene tres lecturas. Por una parte, el Gobierno insistía, hasta el atentado anterior, que estos no eran actos terroristas, sino delictuales. La última quema de los 28 camiones sí lo considera un acto terrorista, pero sólo dicho atentado. La segunda lectura es la de los afectados, que con justísima razón reclaman que el Estado no los protege frente a estos actos que ellos definen como terroristas y se encuentran en una total indefensión. Y la tercera es la de quienes se adjudican estas acciones violentas, que se autoproclaman en una lucha armada contra el Estado de Chile y sus así llamados enemigos, que no son otros que aquellos a quienes atacan incendiándoles sus pertenencias.
Me pregunto si la declaración de este grupo no debería tomarse muy en serio y hacerle frente con todas las herramientas legales que el Estado y el Gobierno disponen para terminar con esta amenaza. Mientras tanto, el ministro del Interior dice que “no hay falencias de inteligencia y que está satisfecho de cómo trabajan las instituciones policiales”. ¿No hay falencias de inteligencia?  Pero si no hay ningún detenido, ningún condenado, nadie identificado, y en cambio sí hay muchas víctimas y muchos atentados que siguen en la mayor impunidad. ¿De qué está satisfecho el ministro?
Esta situación está llegando a un límite en que se puede desbordar si no se la ataca como un problema de Estado y desde el Gobierno como corresponde, partiendo por reconocer públicamente que es lo que estamos enfrentando como país. ¿Terrorismo, subversión, delincuencia? El gobierno tiene la palabra.

Jaime Jankelevich, consultor de empresas.

lunes, septiembre 04, 2017

ARAUCANÍA, BÍO BÍO, LOS RÍOS: EL TERRORISMO ESTÁ AQUÍ.


Con la quema de 50 camiones en 10 días, se confirmó la enorme capacidad de causar daño que poseen grupos como Weichan Auka Mapu en las regiones de La Araucanía, del Biobío y de Los Ríos. Se ha prolongado demasiado tiempo este cuadro de abierto desafío al orden legal. ¿Qué visión tiene al respecto la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Qué poder verdadero tienen las instituciones policiales en la zona? ¿Les preocupa esta situación a las FF.AA.?
Desgraciadamente, ciertas incoherencias en la cúpula del Estado no contribuyen a dar una respuesta eficaz. Sería preferible que el fiscal Jorge Abbott no insistiera en decir que los empresarios deben resguardar mejor sus propiedades, y que se preocupara de garantizar que el Ministerio Público cumplirá con sus obligaciones, y también sería preferible que el ministro Mario Fernández, en vez de manifestarse complacido con la labor de las policías, le asegurara al país que el gobierno hará respetar la ley en todo el territorio.
Camiones, bodegas y máquinas forestales, pero también casas patronales, colegios e incluso iglesias han sido los objetivos de los atentados. Sus autores no son delincuentes comunes, sino militantes políticos, que disponen de armas y dinero, y que buscan demostrar que el Estado carece de autoridad en la zona. Procuran que sus acciones tengan la mayor repercusión internacional posible, sobre todo en Europa, pues de eso depende la imagen de que el pueblo mapuche está siendo avasallado en Chile, lo que luego permite el viaje de los recaudadores de la resistencia.
¿Causa mapuche? Más bien astucia para actuar en nombre de todo un pueblo e instrumentalizar el viejo recurso del victimismo, no obstante que la mayoría de las comunidades mapuches rechaza la violencia y quiere vivir y trabajar en paz. Los “combatientes” son grupos minoritarios, pero audaces, y han conseguido amedrentar a no pocos parlamentarios, que no se atreven a condenar sus tropelías por el temor de ser estigmatizados como enemigos del pueblo mapuche. En particular, han contado con la condescendencia de la izquierda que sigue reverenciando al Che Guevara. Ejercen una forma de chantaje moral que se enuncia así: la rebelión de hoy responde a las injusticias de cinco siglos, y la única compensación posible es la autonomía territorial.
Luego del atentado en San José de la Mariquina, Alfonso de Urresti, senador del PS por la zona, declaró: “Se es irresponsable cuando se insiste en calificar esto como acto terrorista. Quien tiene que calificarlo son los tribunales”. ¡Cuánto coraje para esconderse detrás de los jueces! ¿Esa es la línea socialista respecto de la violencia como método político?
El gobierno tiene la obligación constitucional de proteger a la población con todos los medios a su alcance y velar por la seguridad interior del Estado, por lo que no debe dar ninguna señal de debilidad ante la violencia terrorista.
Sergio Muñoz Riveros.