sábado, enero 28, 2017

EL AVIÓN SUPERTANKER.


LA TELESERIE de cómo llegó el SuperTanker a Chile es una muestra de lo mejor de lo nuestro, pero también de nuestras miserias. Por un lado, está la generosidad privada que no dudó en financiar el avión; por otro, el chaqueteo, la desconfianza y la burocracia -o directamente inoperancia- que consume a algunos en este país.
La generosidad: No deja de ser increíble que una pareja chilena/norteamericana esté dispuesta a gastar dos millones de dólares para ayudar a Chile. Por mucho que Lucy Avilés sea chilena, la cosa es que su marido, Benjamin Walton, no lo es. Y que le tenga cariño a su esposa o a Chile es una cosa, pero otra distinta es ponerse con la plata. Eso no pasa todos los días. Lo mismo se puede decir de la familia Luksic que financiará la operación del avión por una semana más.
El chaqueteo: Pese a aquello, la desconfianza de algunos no tiene límites. Dos diarios electrónicos no encontraron nada mejor que hacer sendos reportajes sobre supuestos vínculos del padre de Lucy Avilés con CEMA Chile y la Dina. Aunque aquello fuera así, ¿qué tiene que ver con el avión? ¿Qué tiene que ver con ella o su marido? Nada. Pero, claro, la cosa es ensuciar la historia. Con los Luksic , lo mismo. Burlas en las redes sociales contra los poderosos, tanto que tuvieron que aclarar que no poseen tierras en esa zona. O sea, ayudan y tienen que dar explicaciones. Por suerte la gente está en otra. Es cosa de ver la emoción, los aplausos, incluso los llantos de los afectados al ver pasar el avión. Para ellos, la cosa es clara: los están ayudando desinteresadamente.
La inoperancia: Ya sabemos que la llegada del avión tuvo una fría recepción inicial. A Lucy Avilés nadie le contestó el teléfono o los mails. Después, en la Conaf le decían que el avión no servía. En el Ministerio del Interior le preguntaron si iban a pagar el agua. Por favor, cuánta tontera junta. Yo no sé cómo ella no se aburrió. Cualquiera hubiera mandado al infierno a todos. Pero insistió y finalmente gracias a la presión de las redes sociales y fundaciones, el avión fue admitido en Chile. Esto es más que burocracia: es sencillamente inoperancia. Y, una vez más, la gente mostró mucha más inteligencia que las autoridades.
La política: La Presidenta, que ha sido blanco de todas las críticas, también tiene su cuota en esta teleserie. Resulta que no se demoró nada en aceptar la ayuda de un avión ruso para combatir el incendio. A los minutos, en su cuenta personal de Twitter, señaló: “aceptamos generosamente el apoyo del gobierno ruso del avión Ilyushin para combatir el incendio”. Y está muy bien. Pero, ¿por qué no dijo lo mismo del SuperTanker? Me puedo equivocar, pero revisé su cuenta y no hay comentario alguno. ¿Se le olvidó? ¿O simplemente le gusta más que sea una ayuda rusa o estatal?
En esto, nuevamente la gente mostró mucho más sentido común. Aplaudieron la nueva ayuda, porque a nadie le importa de dónde vienen los aviones. Toda ayuda en bienvenida.
En suma, una teleserie donde ganó la gente frente a la desconfianza, la inoperancia y la política. Por suerte, porque si no fuera así, el daño sería aún mayor.
Andrés Benítez.

viernes, enero 27, 2017

GOBIERNO DE CHILE: ENTRE EL FUEGO Y LAS BRASAS.



LA MALA suerte ha querido que el encargado de enfrentar la peor ola de incendios forestales en 50 años sea el gobierno más inepto e indolente que el país ha tenido en décadas. La desafortunada coincidencia ha puesto a las víctimas en un dilema imposible: enfrentan, por un lado, imparables llamas cuya furia quema sus campos y propiedades y que ya ha costado diez vidas; por otra parte, deben lidiar con unas autoridades incapaces de coordinar respuestas efectivas, que una vez más se muestran confundidas y superadas en el momento en que la ciudadanía más las necesita. Las poblaciones afectadas no encuentran salida: están entre el fuego voraz y las brasas de un gobierno inoperante.
Dicen que la ocasión hace al héroe. Los héroes del momento son los bomberos, los brigadistas y los carabineros, en especial los que han entregado la vida tratando de aplacar el fuego. Ellos son valientes soldados en una lucha desigual. Sin embargo, aunque resultan imprescindibles para pelearlas, los soldados no ganan las guerras. Son los generales los que lo hacen. Pero aquí no ha surgido nadie que lidere la batalla contra el fuego. Ese puesto está vacío, pese a que es crucial.
Quien debería ocupar ese espacio es Michelle Bachelet. Más que nadie, ella debería saberlo, porque su salto a la primera escena nacional ocurrió cuando, a bordo de un vehículo blindado, enfrentó las inundaciones de 2002. La Presidenta parece haber olvidado la grandeza y potencia de ese gesto simple: la gente se sintió acompañada y supo que una autoridad estaba a cargo, se preocupaba de sus problemas y estaba dispuesta a compartir sus dolores y atender sus necesidades.
Nada de eso asoma hoy. El desamparo es total. La Presidenta y su gobierno demoran las decisiones y se distraen en pequeñeces, al punto que la gente deposita sus esperanzas en un avión traído desde EE.UU. por iniciativa de una particular. De manera increíble, el gobierno parece haber abdicado de sus responsabilidades. Ayer, de visita a la zona arrasada por los incendios, la Mandataria admitió que hay una “sensación de descontrol que afecta a todos”. Una confesión inquietante.
Tratando de justificarse, la Jefa de Estado dijo que “nunca en la historia de Chile ha habido un incendio de esta dimensión”. Pero entonces, ¿por qué las medidas han sido tan tardías e insuficientes? ¿Por qué no vemos a todo el gobierno volcado a las tareas requeridas para aplacar una emergencia inédita? La respuesta a esas y otras interrogantes similares es aterradoramente sencilla: porque este gobierno es crónicamente incapaz de ofrecer en tiempo y forma soluciones satisfactorias. En los últimos años nos hemos acostumbrado y hemos aprendido a convivir con esta mediocridad. Pero, como el que es inútil en lo pequeño también lo es en lo grande, ahora la realidad de tanta ineptitud se ve magnificada por un desastre de proporciones bíblicas. Tenemos que resignarnos a que mucha más tierra, árboles y propiedades se quemen antes de que este gobierno encuentre una solución para la catástrofe.
Juan Ignacio Brito (Periodista).

martes, enero 24, 2017

EL DOBLE ESTÁNDAR INACEPTABLE DEL GOBIERNO.


EL GOBIERNO tiene un doble estándar inaceptable respecto de los hechos de violencia que ocurren en La Araucanía, en el Bío Bío y en Los Ríos. A ellos se suma una negligencia inexcusable para enfrentarlos y un abandono imperdonable de los habitantes, especialmente de La Araucanía.
Respecto de lo primero, el doble estándar queda de manifiesto cuando se querella por delito terrorista -que por cierto lo es- a raíz del cobarde atentado que sufrió Óscar Landerretche y no lo hace en numerosos y reiterados casos que ocurren en las regiones del sur de Chile, a los que califica de hechos “aislados” y “simples delitos comunes”.
El delito terrorista se configura cuando la finalidad perseguida es “producir en la población o una parte de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas”.
Esto es exactamente lo que ocurre en asesinatos como el caso del matrimonio Luchsinger Mackay y cientos de incendios intencionales de casas, bodegas, fábricas, camiones, maquinaria agrícola y bosques, entre otros. No se trata de delitos comunes en que la finalidad es robar, asaltar o para vengarse de una persona. En todos ellos se dejan panfletos, amedrentando a las víctimas y a quienes viven en el sector de ser objeto de similares delitos y, además, son reivindicados por grupos extremistas que con toda desfachatez reconocen su autoría en estos actos criminales.
Por ejemplo, el gobierno califica de delito común y no terrorista el brutal asesinato en que murió quemado vivo el trabajador José Retamal Medina, en la comuna de Cañete, en donde se dejó un panfleto que decía “si no fue a la buena será por las malas, entreguen nuestras tierras, nos pertenecen”. Lo mismo hace el gobierno con casos como el de la pequeña empresaria, de origen mapuche, Cecilia Jara Llancavil, a quien le quemaron toda su maquinaria de trabajo y también le dejaron amenazas exigiendo la entrega de tierras. Otro caso similar es el de Marcos Baratta que le quemaron su fábrica y toda su maquinaria, también dejando panfletos amenazando a quienes viven en el sector de ser víctimas de los mismos crímenes.
Son cientos los casos de características similares que han ocurrido en La Araucanía, en el Bío Bío y en Los Ríos. Qué razón hay para que el gobierno no los califique de terroristas, en circunstancias que la finalidad de estos delitos es amedrentar, aterrorizar, intimidar a sus víctimas y a quienes viven en la zona, para que abandonen sus tierras, no siembren, no circulen por los caminos y no trabajen en estas regiones. La respuesta es ninguna. Esto es un doble estándar inaceptable, que castiga injustamente a los vecinos de las regiones mencionadas y que constituye una flagrante violación a la obligación del gobierno de garantizar la seguridad de las personas.
La negligencia inexcusable del gobierno queda de manifiesto cuando, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, nada hace para contar con un estatuto de protección de víctimas y testigos, modernizar la ley de inteligencia, terminar con los resquicios que permiten demorar los juicios por años y avanzar en una solución integral al conflicto que se arrastra por décadas, para lo cual cuenta con nuestra propuesta por la paz social en La Araucanía, entregada hace más de dos años.
El abandono queda en evidencia cuando sumadas todas sus visitas a La Araucanía la Presidenta Bachelet solo ha estado 24 horas en más de mil días de gobierno, sin que en ninguna de ellas haya anunciado medidas que tiendan a revertir la dura y dramática realidad que se vive en La Araucanía.
Senador Alberto Espina.

viernes, enero 20, 2017

LA MENTIRA DE LA QUEMA DE LIBROS DURANTE EL GOBIERNO MILITAR.


La Izquierda chilena les ha lavado el cerebro no sólo a los chilenos nacidos en los ochenta y siguientes, sino también a sesudos investigadores de think tank, periodistas o escritores que dicen ser de la derecha liberal en diversos países. Esa gente ilustrada con capacidad de ir al meollo de los asuntos, de separar el parecer del ser, le cree el cuento de los militares o Pinochet y las víctimas. Esta gente ahora es ‘experta’ en pacificar países y sacarse matones. En primer lugar, el típico razonamiento es que no se justifica o tal o cual cosa, refiriéndose a lo que la Izquierda llama ‘violaciones a los derechos humanos’. Ni siquiera son capaces de ver las dos cara de la moneda, ni que hubo un enfrentamiento. Un grupo uso la violencia. Por tanto, es ilegitima. Y otro grupo ante esa violencia respondió con la fuerza. La violencia no respeta al otro. El uso de la fuerza se refiere a la defensa. Siempre es legal. En segundo lugar, esas mismas personas por ellos que la Junta no hubiese hecho las reformas económicas liberales, pues eso sería manchar el liberalismo. Hubiesen preferido que las cosas quedaran como estaban. Al contrario de ellos, los jóvenes economistas de Chicago no se iban de quedar de brazos cruzados. Personas tan doctas no sepan distinguir en la violencia y la fuerza. Así el escritor chileno Axel Kaiser y otros de la Fundación para el Progreso escribe en su Carta abierta a la Izquierda a raíz de la muerte de Fidel Castro: “Espero que estén de acuerdo en que así como no es sano para la convivencia nacional justificar crímenes cometidos bajo el régimen militar chileno, tampoco lo es que hagan apologías a uno de los criminales más sanguinarios de la historia latinoamericana”. Estaba un lado la guerrilla o terrorismo del Mir y del FPMR, en el otro lado los militares. Puesto que la guerrilla fracaso, entonces esgrimen el argumento de que no se justifica. O sea, ante la violencia ilegítima no es bueno defenderse. ¿A qué le llaman ‘crímenes cometidos bajo el régimen militar? Dudo que le interese el atropello a los derechos humanos en democracia, que se les realiza a los militares en Punta Peuco partiendo que se les respeta la igualdad ante ley. Y eso que abogado y doctor en filosofía o economía.
  No me canso de citar el libro Desde las Cenizas del periodista norteamericano, James R. Whelan, pues hizo un gran trabajo, no sólo basándose en documentos, sino asimismo entrevistando a los personajes involucrados. Así cuenta, por ejemplo, que a ‘la Payita’, la amante de Salvador Allende, cuando se exilió tenía prohibido decir que el presidente marxista leninista se suicido. Tenía repetir la mentira que había sido asesinado por los militares. Después de la caída de Allende, se produjeron las llamadas ‘violaciones a los derechos humanos’. ¿Qué es eso? El enfrentamiento con el grupo terrorista MIR. Whelan dice: “Pero la existencia de armas clandestinas y la fanática resistencia de un grupo de dirigentes extremistas reunidos principalmente en el MIR fueron los principales responsables de buena parte del derramamiento de sangre en las semanas que siguieron al golpe”. Agrega: “…ese derramamiento de sangre nunca alcanzó las proporciones descritas en los horripilantes informes que aparecieron en muchos órganos de la prensa mundial”. 
   Una de las mentiras que se han transformado en verdad de tanto repetirla, es que los militares chilenos después del 11 de septiembre quemaron libros. En efecto, el autor de esa mentira fue el corresponsal inglés, John Barnes, cuyo artículo apareció en la revista Newsweek el 8 de octubre de 1973.Si es que no equivoco o la memoria no falla, el escritor Jorge Edwards cuenta que le llegó información de que se quemaban libros en su libro Persona Non Grata.
El artículo se titulaba “Matadero en Santiago”. Este es: 
  “Pablo Neruda, poeta chileno ganador del Premio Nobel, murió de cáncer, e incluso mientras se estaba bajando su cadáver a la tumba, sus compatriotas se dedicaron a la tarea de asesinar sus palabras. Libros de toda clase, no sólo los de Neruda sino también de Mao, Marx y Marcuse, fueron confiscados por decenas de miles en casas, librerías y bibliotecas, y quemados en fogatas en las calles de Santiago. Las universidades chilenas, otrora orgullosos bastiones de independencia, han sido purgadas de sospechosos izquierdistas, y la gente corriente aprendió a tener miedo cuando golpeaban la puerta a la medianoche”.
  Ahora bien, cuando se refiero a los enfrentamientos que hubo en las poblaciones, en particular en La Legua cayó en la retórica política. Según él, en esas poblaciones había ‘terror’, debido a la venganza. Hubo combate en eso lugares, porque en la Unidad Popular quisieron convertirlos en bastiones de los terroristas armados al margen, naturalmente, de la ley. Se metió en un lío al dar datos estadísticos de las muertes. Así escribe: “Los trabajadores de la morgue han recibido la advertencia de que serán sometidos a una corte marcial y ejecutados si revelan lo que está ocurriendo acá. Pero yo pude obtener un recuerdo oficial de cuerpos en la morgue a través de la hija de un miembro del personal: catorce días después del golpe, dijo ella, las morgues había recibido y procesado 2.796 cadáveres”.   Sin embargo, el Washington Post le refutó: “El número de muertes violentas en la capital de Chile en las tres semanas desde el golpe militar parece ser de aproximadamente 750, cifra basada en una verificación hecha hoy en la morgue”.
    Cuando cayó Allende, la mayoría de los chilenos pensaban tal como escribió un periodista extranjero: “Los chilenos lo detienen a uno en la calle para decirle: ¿Qué les parece nuestro nuevo Chile? Ahora somos libres. Esta es nuestra segunda independencia. Lo mejor de Chile está en el Gobierno; no se olvide decirle a la gente de Norteamérica que todo está bien en Chile”. 
 Sin más comentarios.

Javier Bazán Aguirre.

martes, enero 17, 2017

LA MONEDA, LA ARAUCANÍA Y EL CHE GUEVARA.


El Gobierno no puede seguir negándolo: el Estado es incapaz hoy de cumplir, en La Araucanía, con su deber de "resguardar la seguridad nacional" y "dar protección a la población y a la familia", como lo señala el artículo primero de la Constitución. Duele como país, porque esto suele ocurrir en Estados fallidos, y sin embargo está ocurriendo hoy en Chile, que a lo largo de su historia ha exhibido un Estado bien articulado en el contexto regional.

Si bien a la Presidenta le ha resultado difícil reunirse con las víctimas del terrorismo en La Araucanía, al ciudadano medio le resulta fácil hacerlo, porque ellas suman centenares, y miles quienes viven atemorizados por las amenazas y acciones terroristas. Las víctimas de quienes dicen representar al pueblo mapuche son agricultores, pequeños y medianos emprendedores, camioneros, policías y funcionarios. La situación es delicada porque se volvió cotidiana y nos vamos acostumbrando a ella. Nos acostumbramos a la quema de iglesias, casas, cosechas y maquinaria agrícola, y a escuchar que los camiones pueden circular hoy, en ciertas rutas, solo en caravana y escoltados por la policía.

Gobiernos extranjeros miran eso sí con azoro la degradación de la paz social en Chile y advierten a sus ciudadanos del peligro que corren aquí. Estados Unidos es claro: "Individuos violentos y grupos activistas que reclaman compensaciones han incendiado iglesias, hogares y campos, y atacado camiones, buses y maquinaria agrícola causando destrucción a la propiedad, heridos e incluso muertes". En su advertencia, Washington recomienda a sus ciudadanos cautela al ir a La Araucanía.

También ex presidentes se han referido al tema: esta semana, Sebastián Piñera dijo que en esa región "el Estado de Derecho se ha debilitado", y hace poco Ricardo Lagos manifestó que es necesario "aplicar el Estado de Derecho en La Araucanía". La Sofofa declaró que este ya no existe allí, y Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, recordó que el número de maquinarias destruidas asciende a 400, y que no descarta una nueva protesta de su gremio. Por otro lado, la gran mayoría de los chilenos considera que el Gobierno afronta mal el tema y no parece empeñado en promover soluciones efectivas.

Medios internacionales informan también regularmente sobre los atentados. Esta semana, el politólogo peruano Ricardo Escudero estableció semejanzas entre las acciones en La Araucanía y el inicio del terrorismo de Sendero Luminoso en Perú y de las FARC en Colombia. Escudero concluye su columna con una advertencia: "Y si hasta ahora en Chile no se dan cuenta algunos, se lo decimos con mucha autoridad desde el Perú que no se trata de violencia rural, sino de terrorismo".

Da la impresión de que a la impericia gubernamental para enfrentar las acciones terroristas se agrega, empeorándolo todo para todos, mapuches y no mapuches, el profesionalismo de los activistas de La Araucanía. Estos operan a todas luces inspirados en experiencias guerrilleras de América Latina.



El manual "La guerra de guerrillas", de Ernesto Guevara (1960), pareciera que fue escrito para ellos. El Che enfatiza ahí la necesidad de "amedrentar, si es necesario, a los grandes terratenientes que pretendan vender sus productos agropecuarios, quemar los vehículos que transiten por las carreteras y bloquearlas...". Describe también los efectos del sabotaje: "Se paraliza la vida de la (zona) misma; es conquistada... Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades cercanas a las zonas de operaciones guerrilleras". Y precisa: "Uno de los puntos más débiles del enemigo es el transporte por carretera y ferrocarril. Es prácticamente imposible vigilar metro a metro un transporte, un camino, un ferrocarril". Añade el Che: "De todas maneras, el sabotaje es siempre un arma eficacísima". Y puntualiza: "...la nocturnidad es otra característica importante de la guerrilla".

Guevara propone etapas "superiores" para la acción: desde dinamitar puentes hasta instalar bombas teleactivadas y ejecutar sin piedad a los representantes del "viejo orden" que continúen viviendo en los "territorios liberados". Recomienda además "detener la vida industrial de una zona, quedando los habitantes... sin industria, sin luz, sin agua, sin comunicaciones, sin poder arriesgarse a salir sino a determinadas horas por una carretera". "Muerde y huye -sugiere el Che-, espera, acecha, vuelve a morder y así sucesivamente".

Negarse a aceptar que las acciones de violencia en La Araucanía obedecen al mismo guión que ya tuvo trágico, demoledor y sangriento desarrollo en otros países latinoamericanos es pecar, cuando menos, de ingenuidad. El Estado de Derecho ha caído lamentablemente de rodillas ante experimentados activistas que pretenden sustituirlo, al menos en dicha región, por un régimen que aún no definen, y que solo pueden imponer si logran intensificar la lucha y neutralizar al Estado chileno. La Moneda tiene una delicada responsabilidad histórica que asumir, y que no puede seguir dilatando ni eludiendo. 


Roberto Ampuero.

domingo, enero 15, 2017

QUERELLA POLITIZADA.


La Sofofa sacó una declaración expresando su preocupación por la falta de imperio del estado de derecho en La Araucanía. El gobierno reaccionó indignado: el subsecretario de Interior, acusando una irresponsabilidad en tal planteamiento, llamó a “no basarse en datos de la realidad sino que también en la realidad social, judicial y cultural”.
¿A qué se referirá cuando dice que no hay que basarse en los datos de la realidad? ¿Qué acaso los porfiados hechos no importan? Porque es evidente que en La Araucanía reina hoy la violencia, la inseguridad y la impunidad. Casi todos los días aparecen noticias sobre la quema de maquinaria o iglesias, asaltos y acciones de amedrentamiento a personas para que vendan sus predios o simplemente los abandonen. La abrumadora mayoría de estos hechos, que son un dato de la realidad, no han sido aclarados.
Pero la “realidad judicial” también es evidencia del menoscabo del estado de derecho. El caso de la machi Francisca Linconao es paradigmático. Ahí, los mismos jueces han hecho una contribución a debilitarlo. En tres o cuatro oportunidades un juez de garantía ha otorgado la libertad provisional a la machi, acusada de un grave crimen, decisiones que han sido revocadas otras tantas por la Corte de Apelaciones. Debemos ser el único país de la “OCDE” en que una corte superior fija un criterio (en este caso que la imputada es un peligro para la sociedad) y que casi de inmediato un juez inferior contradice lo resuelto. Para no ser menos, ahora la propia corte contradijo su propio criterio, al acoger un recurso de amparo improcedente, y mandó a la machi para su casa. La estabilidad de los precedentes y de lo resuelto, son inherentes a un estado de derecho. Si los jueces se dan vueltas y revueltas en un caso por actuaciones poco claras, simplemente no hay la certeza jurídica que reclama la juridicidad.
Pero también el gobierno ha hecho su aporte a debilitar el imperio del derecho. Es querellante en la causa y como tal ha sostenido la necesidad que se mantenga a la machi en prisión preventiva. Pero bastó que ella iniciara una huelga de hambre, para que se diera vuelta y alegara en favor de su liberación, lo que implica una politización de su actuar en el juicio.
En ningún país serio en que se ha contemplado la existencia de un órgano de investigación penal autónomo, como el Ministerio Público, se permite que la autoridad política ejerza paralelamente la acción penal. No solo porque importa una duplicación de gastos con fondos públicos, sino porque constituye un abuso e injusticia que el Estado ataque al imputado desde varios flancos. Pero también y sobre todo, porque se presta para la politización de la persecución penal, algo que para el estado de derecho es inadmisible, y debilitar la acción de dicho órgano autónomo, cuando la autoridad política sostiene tesis que lo contradigan.
En Chile los gobiernos han ejercido a destajo la acción penal. La motivación nunca ha sido el celo por la justicia, sino que siempre ha existido una motivación política, pues los gobiernos actúan políticamente. Y eso puede incluir -como ahora hemos visto- favorecer la impunidad.
Axel Buchheister.

viernes, enero 13, 2017

EQUÍVOCAS SEÑALES DEL GOBIERNO EN LA ARAUCANÍA.


La autoridad no debe seguir dando pie a confusiones que interfieren el trabajo de los tribunales para esclarecer el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

EN LOS últimos días han quedado en evidencia actuaciones muy contradictorias del gobierno en lo relativo al proceso judicial que busca esclarecer el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, al ejercer una influencia cuestionable en favor de una de las partes que aparece acusada por la Fiscalía de tener participación en los hechos. Tal proceder ha sido objeto de múltiples reproches, incluso de la propia familia Luchsinger, al punto que motivó a que la oposición aprobara una interpelación en contra del ministro del Interior, la que tendrá lugar a fines de este mes. La instancia parece propicia para que el gobierno dé cuenta sobre los criterios con que ha abordado los casos de violencia en la región, y despeje las dudas que se han levantado en torno a su gestión.
A pesar del tiempo transcurrido, lograr justicia en este caso ha sido particularmente dificultoso. No obstante a que en el fatal ataque participó un grupo numeroso de personas -según se ha podido acreditar en la investigación-, a la fecha hay un solo inculpado. La fiscalía acusó a otras 11 personas -uno de los cuales se dio a la fuga, pero se entregó ayer-, entre las cuales figura la machi Francisca Linconao, quien a fines de diciembre inició una huelga de hambre en protesta por la medida cautelar de prisión preventiva de la que era objeto. El deterioro de su estado de salud motivó la presentación de un recurso de amparo, el que fue fallado a su favor, revocando la prisión y cambiándola por arresto domiciliario total.
Si bien el gobierno -a través de la Intendencia- es parte en la querella que se interpuso por delito de incendio terrorista con resultado de muerte contra todos aquellos que resulten responsables, el Ministerio del Interior instruyó a la Intendencia alegar en favor de la machi en el presente recurso de amparo, lo que provocó resistencias al interior del propio equipo jurídico, situación que fue sorteada con el envío de un abogado desde el propio ministerio, precisamente para apoyar dicho recurso. Días antes, el intendente regional había visitado a la machi para imponerse de su condición de salud, y hacer labores de “acompañamiento”.
Resulta contradictorio que en una misma causa el gobierno aparezca por una parte como querellante, y por la otra aparezca brindando una especie de protección. Las razones humanitarias que pudieran derivarse del deterioro de la condición de salud de la machi son ineludibles, pero dichas acciones debieron canalizarse exclsuivamente por Gendarmería y la propia Defensoría. El gobierno debe abstenerse de seguir dando señales equívocas, y asegurar que la institucionalidad pueda operar libre de presiones. Sin embargo, precipitarse en acciones de respaldo, y no salir al paso de la interferencia del Instituto de Derechos Humanos en este caso, como tampoco de los diputados oficialistas que concurrieron a solidarizar con la machi, genera confusión y parece validar las acciones de presión ante los tribunales, lo que desnaturaliza el estado de derecho.
La interpelación al ministro del Interior será una nueva oportunidad para volver a relevar los temas que afectan a La Araucanía, donde la inseguridad y debilitamiento del estado de derecho aparece como lo más urgente. Cabría esperar que en esta ocasión no se repita la frustrante experiencia que se vivió con la interpelación al exministro Penailillo, también referida a La Araucanía, que derivó en un despliegue retórico sin mayor sustancia.
Editorial La Tercera.

miércoles, enero 11, 2017

VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA: ¿CAUSA O SÍNTOMA?



La encuesta CEP confirmó que la carrera presidencial ya está en marcha y ello implica, entre otras cosas, que pronto se empezarán a articular y difundir los programas de gobierno de cada candidato. Entre los múltiples temas que éstos deberán abordar, está el conflicto social existente en La Araucanía, que abrió con especial fuerza el nuevo año.
La huelga de hambre de la machi Francisca Linconao y el proceso judicial que busca a los responsables del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay visibilizan, de manera contingente, un problema mucho más profundo, del que pocos se quieren hacer cargo. Las noticias sobre La Araucanía suelen ser aisladas a nivel nacional y principalmente vinculadas a hechos de violencia, a los que no sigue ninguna reflexión sistemática que permita generar acuerdos o proyectos colectivos para mejorar la calidad de vida en una de las zonas más postergadas del país.
Quizás la única excepción en el último tiempo ha sido la Mesa Asesora Presidencial convocada por el Gobierno, que logró reunir a un grupo diverso de actores de importancia local y con conocimiento real del conflicto mapuche. Instancia que, por lo demás, ha sido una excepción en el errático actuar del oficialismo, y particularmente de la Presidenta, en este ámbito. La Mesa ha anunciado que entregará a fines de enero un primer documento que aspira a traducirse en una ley especial para la región, particularmente orientada a resolver los temas pendientes con el mundo mapuche.
Considerando ese escenario, parece especialmente relevante que los próximos candidatos sean capaces de ofrecer una perspectiva global sobre la situación de La Araucanía, y no apenas juicios aislados que desconocen la complejidad del fenómeno, tanto en los niveles que abarca como en los actores que involucra. Una de las muestras más claras de la poca comprensión de lo que ocurre en la zona se expresa en el esfuerzo de algunos por reducir el problema a una pura cuestión de orden, lo que se ha traducido en los últimos años en un enfoque principalmente judicial y policial de los conflictos en la zona. Estrategia incapaz de explicar -y por tanto resolver- por qué ocurren conflictos que, sin embargo, como bien lo confirman las noticias de la semana pasada, no parecen ir en descenso.
Y es que la violencia difícilmente podrá resolverse si no se aborda primero el contexto que permite a ciertos actores justificarla. El trabajo consiste justamente en lograr mostrar el sinsentido de quienes optan por esa vía, y eso pasa por reconocer que existe un escenario problemático anterior a esas expresiones violentas. Esto en ningún caso justifica ni legitima los crímenes cometidos en La Araucanía, sino que muestra la necesidad de introducir las soluciones judiciales y policiales en un marco mayor, que considere las dimensiones sociales, económicas, territoriales y políticas que están también en juego.
Como bien dijo Francisco Huenchumilla, y como hoy lo anticipa el trabajo de la Mesa Asesora, la vía para enfrentar los problemas en La Araucanía tiene que ser política. Y ello consiste fundamentalmente, y en primera instancia, en sentar a dialogar a todos los actores involucrados. Eso transforma también en un imperativo para los candidatos presidenciales la entrega de propuestas reflexivas ⎼pero concretas⎼ para abordar el complejo escenario de una región cuya población reclama, con fuerza, su verdadera integración al desarrollo nacional.

Josefina Araos, investigadora Instituto de Estudios de la Sociedad.

domingo, enero 08, 2017

ESPERANDO JUSTICIA EN LA ARAUCANÍA.


A muchos nos preocupa lo que está sucediendo con el caso Luchsinger Mackay. En momentos en que todos debiesen exigir, con más fuerza que nunca, que los responsables sean condenados y reciban las sentencias que corresponden a tan espantoso crimen, la atención se centra —deliberadamente, por parte de quienes pretenden lo contrario— en una huelga de hambre de la machi Linconao. Peor aún, la justicia y las autoridades parecieran estar dejándose presionar o fraternizando con los promotores de la violencia que afecta al sur de Chile. Esa, al menos, es la impresión que nos dejan las señales poco auspiciosas que se han dado durante el desarrollo de este juicio.
Las primeras malas señales las dio un diputado comunista, quien sin miramientos insistió en entrometerse en la labor de otro Poder del Estado —el Judicial— tratando de presentar a Francisca Linconao como víctima de una persecución. Luego vinieron otras situaciones completamente anormales: un fiscal que acusa de discriminación al fiscal del caso Luchsinger; peticiones de distintos sectores (algunos que ninguna relación tienen con el tema) para remover a este mismo fiscal; parte de los imputados del crimen intentan agredir a los fiscales en plena audiencia; una jueza se inhabilita por sentir hostilidad de parte de los abogados defensores de estos mismos acusados; una de las integrantes de la Defensoría Penal Mapuche (en un hecho inaudito, inaceptable y poco ético) participa en un video cuestionando en duros términos al fiscal, etc…
En resumen, todo lo anterior fue hecho con evidente y sospechosa premeditación, además de una dosis inusual de agresividad, cuando se supone que defensores y adherentes de los imputados debiesen tratar de demostrar todo lo contrario.
Pero las señales negativas no terminaron ahí, sobre todo en las últimas semanas. Continuaron con la visita de Miguel Hernández, nuevo intendente de La Araucanía, a la machi Linconao, quien iniciaba una huelga de hambre. Luego hace lo mismo el Instituto  Nacional de Derechos Humanos. En ambos casos, para justificar la visita se repite algo parecido: Francisca Linconao es una “autoridad espiritual” y merece un trato distinto. ¿Acaso ser machi, por esa sola condición, convierte a esa persona en inocente, o le confiere una supremacía moral, o quizá le otorga privilegios que el resto no merecemos? Por supuesto que no. Tan sólo basta recordar que Celestino Córdoba, el único condenado por el crimen de los Luchsinger Mackay, es también un machi y hasta ahora no ha hecho el más mínimo gesto de arrepentimiento.
Como era de esperar, la huelga de hambre de Linconao logró el efecto pretendido: la justicia cedió a sus exigencias. Esto no sorprendió a nadie, porque dejarse presionar y que a las autoridades les tuerzan la mano, cuando se trata de casos de connotación indígena, es de una normalidad impactante. Una especie de trato preferencial o legalidad diferente que es una burla para las verdaderas víctimas, ésas que han sufrido con los ataques de los grupos radicalizados que siguen operando impunemente en el sur. La guinda de la torta fue cortesía del Gobierno, que siendo querellante en esta causa no se opuso a que se modificara la medida cautelar que pesaba sobre la machi. Así las cosas: ¿se puede tener siquiera una mínima esperanza de que todos quienes asesinaron a los Luchsinger Mackay serán algún día  declarados culpables?
Lo anterior me hace recordar cómo fue que algunos de los autores de atentados y crímenes relacionados a la temática mapuche han sido condenados o frenados en su actuar. El ya aludido machi Celestino Córdova fue detenido porque Werner Luchsinger logró herirlo. El comunero Guido Carihuentro fue capturado porque un cuidador le disparó mientras huía tras quemar unos camiones en Freire. Fabián Tralcal fue abatido durante un asalto en donde asesinaron brutalmente al hijo del dueño del restaurant que fue atacado por encapuchados pertenecientes a uno de estos grupos radicales (y que luego se adjudicaron el hecho).
Me preocupa que la autodefensa, en los tres casos expuestos, haya permitido detener o frenar a parte de los violentistas involucrados. Sin esa autodefensa, los tres individuos antes mencionados estarían libres y quizá perpetrando otros ataques. Si de pésimas señales se trata, la peor de todas sería que, ante la indiferencia de un Estado que es incapaz de brindar seguridad, los ciudadanos asumieran que tal vez ellos mismos deben usar las armas para protegerse, entendiendo que no les queda otra alternativa. Nuestra timorata y a veces abanderizada justicia, sumada a la desidia y la majadería del Gobierno de no enfrentar el problema tal cual es —terrorismo—, están empujando, irresponsablemente, a que más temprano que tarde La Araucanía se transforme en un campo de batalla.
Es un mal pronóstico, un vaticinio angustiante, pero es la consecuencia de mirar el problema con cobardía, con testarudez y, en algunos casos, con la calculadora electoral en mano.
La justicia tiene la última la palabra en el caso Luchsinger Mackay. Y de esa decisión, tal vez la más importante en muchos años, dependerá el futuro de la convivencia pacífica en las regiones que siguen siendo afectadas por los violentistas. Tras este fallo sabremos si estamos solos o si aún podemos confiar en que la desoladora situación actual será revertida en algún momento.


Alejandro Martini I., ex director ejecutivo Multigremial de La Araucanía.

viernes, enero 06, 2017

INTERFERENCIAS EN EL CASO LUCHSINGER.


La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió revocar la prisión preventiva de la machi Francisca Linconao -imputada por el Ministerio Público como una de las personas que habría tenido participación en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay-, decretando su arresto domiciliario total. Dicha resolución se da en el contexto de la huelga de hambre que la machi sostuvo por casi dos semanas, y que ha significado un grave deterioro de su estado de salud. Parlamentarias del Partido Comunista, el Instituto de Derechos Humanos y el intendente regional, entre otros, concurrieron en días previos a expresarle su solidaridad o bien a transmitirle una señal de acompañamiento.
Tal intervención de funcionarios del propio Estado en una causa judicial es improcedente, porque interfiere indebidamente en favor de una de las partes, sin perjuicio de que en caso de riesgo vital han de activarse todos los recursos judiciales necesarios para evitar poner en riesgo la salud de una persona.
Las dificultades para llevar esta investigación y permitir que la justicia logre su objetivo -cabe recordar que se trata de un crimen cometido hace cuatro años, donde hasta la fecha existe un solo condenado- han sido evidentes, y de allí la importancia de que se garantice el debido proceso . Tal garantía exige el irrestricto respeto por la presunción de inocencia, como también evitar actos de presión hacia los tribunales.
Lamentablemente no parece haber existido la suficiente calma para llevar adelante este juicio. Las medidas cautelares decretadas hacia la machi han sido cambiadas en cuatro oportunidades por las cortes, lo que naturalmente ha provocado desconcierto; asimismo, una de las juezas de garantía renunció a seguir participando en las audiencias, alegando “hostigamientos” de la defensa. Estos ejemplos ilustran la existencia de situaciones que han tensionado el proceso, a lo que se suma un recrudecimiento de los ataques incendiarios en la zona de La Araucanía.
Los derechos de todas las partes deben ser debidamente resguardados, lo que se garantiza de mejor forma en la medida que los tribunales puedan ejercer su trabajo libres de interferencias.
Editorial La Tercera.

miércoles, enero 04, 2017

¿Y LA IZQUIERDA, CUÁNDO PEDIRÁ PERDÓN?



Reescribieron la Historia con la complicidad de los tontos útiles y de los compañeros de ruta, habituales. Desfondaron nuestra institucionalidad; dividieron la sociedad embarcados en un proyecto revolucionario que fracasó en toda la línea; su aventura apoyada por doce o veinte mil milicianos armados, fue derrotada solo por la unidad de la mayoría de los chilenos y de sus Fuerzas Armadas,
Durante 17 años se reconstruyó el país, su economía pasó de los últimos lugares de Latinoamérica a ocupar la vanguardia del subcontinente; la democracia con una institucionalidad reforzada fue regresada a la civilidad y los militares y el general Augusto Pinochet se retiraron orgullosamente a sus cuarteles con la serenidad de la misión cumplida.
Y luego, por más de un cuarto de siglo, la izquierda ahora con credenciales timbradas por las ONGs y los influyentes organismos internacionales, administró, para posteriormente lanzar por la borda, todo el sacrificio del trabajador chileno y la patriótica entrega de los militares a su nación.
Todo eso terminó porque el pueblo olvidó lo que ayer aclamaba: la Concertación se encargó de apresurar la amnesia y, una vez que el general Augusto Pinochet nos dejó, dedicó su mayor y permanente esfuerzo en neutralizar a quienes pudieran impedirles otro lance de aquellos. Claro, el pueblo borró de su memoria, el hambre, el robo de sus propiedades por parte de los comandantes castristas del 70' en el campo, la industria, la empresa, el comercio, Pero la izquierda lejos de hacerlo y de superar el trauma de su derrota histórica se embarcó en un nuevo proyecto, esta vez menos frontal pero de mayor productividad e impacto político.
Y ahí estamos. Ahora, en una muestra de ingenuidad política que habla bien de buenos corazones, nueve uniformados presos en Punta Peuco, decidieron leer en un servicio religioso, sendas cartas para "pedir perdón". Ellos fueron los señores Carlos Herrera (quien ya lo hizo anteriormente, con un muy pobre resultado); en el caso del homicidio de Tucapel Jiménez; Claudio Salazar (caso degollados); Basclay Zapata y Pedro Hormazábal, orientados según manifestaran en el escrito, por un sentimiento cristiano. 
A dicha ceremonia, a la que asistieron solo unos diez internos -en Punta Peuco hay 120 presos-, se hizo presente Solange Robert de la agrupación de "Hijos y Nietos Prisioneros del Pasado", el sacerdote jesuita Fernando Montes y Mariano Puga como "acompañante" según él mismo describió su rol en el lugar.
Pero en las afueras estaban, como no, los inefables organismos activistas de DDHH los que provocaron alborotos e increparon a Montes. Frente a La Moneda, otros protestaban (sardónicos) por "la entrega de beneficios a los militares de Punta Peuco" (desconocemos a qué tipo de "beneficios" aluden porque en concreto nada). Pero es lo de costumbre; dos pasos adelante ....
Esta ceremonia, de existir buena voluntad, pudiera tener a futuro (quizá), alguna utilidad desde el punto de vista de los militares perseguidos, condenados y vejados sin pausa. Por hoy, nada, no se alcanza a entender algún propósito objetivo claro. Más devino en otro agravio.
Porque ¿se puede hablar de "beneficios" cuando, por ejemplo el teniente coronel Álvaro Corbalán Castilla, castigado hace un año y un mes, arbitrariamente por la ministra Blanco (él tenía un celular), aún espera que Gendarmería dé cumplimiento al dictamen de la Corte Suprema de poner fin a esta sanción ilegal y abusiva, y lo devuelva a Punta Peuco? 
Hasta hoy, a semanas de lo dispuesto por el máximo tribunal del país -fue el 26 de noviembre-, Corbalán Castilla aguarda con la frente en alto, no un "beneficio" sino el CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO por la justicia.
Es una vergüenza lo que sucede. Un desacato sin nombre, indigno, propio de la UP cuando esto era de cotidiana ocurrencia.
¿Para esto exigían que pidiesen perdón los militares; para nuevos insultos y agresiones? Por eso el teniente coronel habló de "Noche Mala o Noche Buena?"
¿Cuándo la izquierda pedirá perdón a Chile por todos sus crímenes, esos que ocultan con el concurso de los serviles de hoy y de ayer?
Por ahora, nosotros nos quedamos, no con esa petición de perdón individual expresada por algunos en Punta Peuco, sino con las voces sensatas de personeros como el ministro de Justicia Campos y del presidente de la Corte Suprema, señor Hugo Dolmetsch, llenas de coraje y valor histórico para un reencuentro honesto, desde la verdad y no desde la consigna política mendaz.

DespiertaChile.