miércoles, junio 29, 2016

SANTOS: PAZ CON ESCOPETA.


Todo parece indicar que para el presidente Juan Manuel Santos la paz es una obsesión. El costo para alcanzarla le es irrelevante y demuestra estar dispuesto a hacer las concesiones que sean necesarias para firmar unos acuerdos que tienen grandes posibilidades de generar en Colombia un conflicto de mayores proporciones que el padecido por décadas. El mandatario afirma que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se están preparando para una nueva guerra mientras conversan de paz en la capital cubana. Advierte que el conflicto sería particularmente urbano, lo que tendría graves repercusiones para el país; declaraciones que evidencian que el Presidente está jugando al miedo, a la intimidación del mismo pueblo que lo ha elegido en dos ocasiones.
Santos pretende que la población respalde unos convenios que compensan generosamente a las FARC, sin que considere los perjuicios que podrían derivarse de la legitimación de terroristas que sólo creen en la violencia. El mandatario intenta generar pánico cuando advierte al pueblo que, de no suscribirse los acuerdos con el grupo terrorista, el país sería asolado por una especie de Armagedón que transformaría a los ciudadanos en cenizas. Inconcebiblemente, la visión apocalíptica de Santos no está dirigida a la narcoguerrilla, sino al pueblo que como presidente debe proteger. Su deber no es intimidar a los ciudadanos, sino advertirles a las FARC que tendrán que enfrentar todo el poder del Estado si no aceptan un acuerdo que los obligue a actuar conforme a la ley.
El presidente Santos tal parece que está dispuesto a confrontar a quienes demandan una paz justa y conceder a los terroristas todos los beneficios que demandan, por lo que las víctimas de la violencia de la narcoguerrilla podrían afirmar sin la más mínima duda que el crimen sí paga. El alto mando de las FARC está consciente de que su capacidad militar se ha reducido sustancialmente. El poco apoyo que contó en algunos sectores de la sociedad colombiana está en su nivel más bajo y el irracional respaldo que disfrutó de parte de ciertas corrientes políticas internacionales, incluidos gobiernos y varias ONG, es prácticamente nulo.
Las FARC están sentadas en la mesa de negociaciones por necesidad, no por convicción. Para ellos, la firma de los acuerdos no es más que un armisticio, una tregua a romper cuando no sean satisfechas algunas de sus demandas. Tampoco se puede obviar que el mando de las FARC no es monolítico. Nunca han faltado disensiones y conflictos entre estos sediciosos. Los señores de la guerra no gustan del trabajo, la violencia es para estos individuos un medio de vida que rinde altos dividendos.
Si se fuera a seleccionar una entidad prototipo del crimen organizado, las FARC obtendrían esa penosa distinción, porque tienen gran experiencia en secuestros, asesinatos, reclutamientos de menores, narcotráfico, colocación de minas antipersonas y prácticas terroristas. Hasta ahora los puntos acordados sólo benefician a los insurgentes. Individuos con antecedentes criminales y reclamados por la Justicia podrán participar en política. Más una reforma agraria que legaliza los latifundios que controlan los jerarcas de las FARC; narcotraficantes a cargo de erradicar la producción de estupefacientes; el desmonte de minas antipersonales puestas por la propia guerrilla en zonas escolares; una Justicia transicional que beneficiará a los delincuentes.
Quedan pendientes la entrega de armas y la ubicación de los desmovilizados, sobre lo que Iván Márquez, uno de los jefes del clan, dijo que no había garantías para la dejación de las armas ni tampoco para concentrarse cuando se desmovilicen y entren a la vida política legal; con estos truenos es difícil creer en la paz de Santos. Las narcoguerrillas cuentan con vastos recursos económicos. The Economist afirma que las FARC tienen una fortuna superior a los diez mil millones de dólares y sería muy ingenuo pensar que si algún día acordaran entregar las armas, no conservarían arsenales suficientes para iniciar un proceso de desestabilización.
Por otra parte, la afirmación del presidente Santos de que, cuando se suscriba la paz, el grupo terrorista va a desaparecer obliga a evocar al premier británico Neville Chamberlain, cuando concibió la fantasía de que los acuerdos de Munich compensarían a Adolf Hitler y que este no demandaría más territorios.

Pedro Corzo. (Infobae).
El autor es periodista cubano. Vivió en Venezuela por doce años. Preside ahora el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo.

lunes, junio 27, 2016

CHILEXIT.



EL REINO Unido votó por retirarse de la Unión Europea. Aunque haya sido por un margen estrecho, nos sorprende que un país, desarrollado y poseedor de una gran cultura, haya logrado juntar una mayoría para salirse nada menos que de un pacto internacional.
¿Será el “Brexit” una especie de involución política, un retroceso en la modernidad? Para los partidarios de la salida, lejos de representar eso, el jueves pasado fue el equivalente al “día de la independencia”. Porque si bien el voto en contra de la Unión fue sin duda catalizado por el problema específico de los inmigrantes, que por oleadas incontrolables han asolado a Europa en los últimos años, los votantes en el fondo han expresado el deseo de controlar su propio destino. No están dispuestos a delegar la capacidad de decidir en un supra gobierno, compuesto por burócratas internacionales y que no está claro quién lo elige, como el que reside en Bruselas, que no les deja tomar sus propias decisiones y les impone reglas -buenas o malas- sin su consentimiento.
Ahí está el punto. Con apariencia de modernidad, la Unión Europea tiene un tinte antidemocrático. Porque la democracia es el gobierno del pueblo y cuando éste no puede decidir, sino que lo hacen otros, no está claro que haya democracia. No basta que exista un parlamento europeo electo, porque la voluntad de cada nación se diluye en la voluntad de muchas otras. Y como no todos los países hacen las cosas igual ni son tan exitosos, aquellos que se esfuerzan y lo hacen mejor, terminan pagando los costos.
El Reino Unido recupera su soberanía, y sin duda tiene los medios y capacidades para hacerlo mejor. Y los supuestos costos no son tan ciertos.Pasado el impacto inicial, la realidad es que el intercambio comercial, económico y financiero continuará, porque el resto de Europa no podrá negarse a ello, sobre todo cuando la isla británica compra más de lo que vende al resto.
Nuestro país se ha comprado durante muchos años que hay que pertenecer a organismos internacionales, seguidores como somos de la moda. Una cosa es adoptar acuerdos comerciales o de integración voluntarios con otras naciones, y otra distinta delegar nuestra soberanía en organismos internacionales. Así ha estado sucediendo, y la derecha política ha sido incapaz de verlo o hacer algo al respecto. Porque la realidad es que esos organismos son controlados por burócratas de izquierda, especialistas en imponer agendas bajo el pretexto de los derechos humanos. Por ejemplo, el Congreso aprueba un “Acuerdo de Unión Civil” y reserva la institución del matrimonio para la unión de un hombre y una mujer. Así lo decidió nuestra democracia, que no requiere de ninguna tutela.
Entonces, los disconformes se van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos exige extender el matrimonio a parejas del mismo sexo. Nuestro gobierno de izquierda, lejos de defender nuestra decisión soberana, acepta establecerlo y ello nos obligaría a adoptarlo.
¿Quiénes son esos burócratas para imponernos tal cosa?; ¿cuándo los elegimos?  El Reino Unido nos demostró cómo se defiende la democracia: es hora de aprender y promover un “Chilexit”.
Axel Buchheister.

sábado, junio 25, 2016

CARTA DE UN PROFESOR A SUS ALUMNOS.



Ayer les comenté con dolor y gran preocupación el acto de profanación del Cristo de la Iglesia de La Gratitud Nacional durante las protestas estudiantiles. Les trasmití mi pesar (ni siquiera como católico, sino como chileno) al ver las imágenes de cómo se destruía el Cristo crucificado. Algunos de ustedes reaccionaron airadamente. “¡Por qué tanto escándalo por la destrucción de una figura de yeso en unas maderas!”. Otros trataron de justificar dicha acción apelando al idealismo y la rabia contenida de estos jóvenes, a los cuales la sociedad les ha negado una serie de oportunidades. “Es su legítimo derecho a protestar” dijo uno de ustedes. El argumento de Gabriel fue más complejo: “son jóvenes que están en guerra contra el sistema. Una protesta es un acto de legítima defensa en contra de este sistema opresor. La destrucción de esa ‘figura’, no es más que el botín de guerra de los vencedores”.
Como a ustedes les consta, en nuestra aula siempre hay espacio para expresarse libremente dentro de los límites del respeto mutuo e incluso afecto por el que piensa diferente. Respeto vuestros argumentos aunque no los comparto, y a la vez me preocupan, pues revelan, si me permiten la expresión, una “falta de humanidad” y una dosis de odiosidad que no le hace bien al país. Pero mucho más me preocupa la indiferencia de más de la mitad del curso a los cuales la noticia pareció no importarles (muchos siguieron jugando con sus celulares, con cara de “lateados” esperando que se acabe la clase).
No los culpo del todo por vuestra indiferencia, el fracaso es nuestro, de los profesores (y padres) que no hemos sido capaces de transmitirles la importancia del diálogo, de la cultura del encuentro, de respetar los valores y creencias del otro, y más aún, de empatizar con el dolor del otro. Los profesores (y los padres) somos también responsables, quizá más que los organizadores o las autoridades que permiten estas manifestaciones. Estamos perdiendo no solo las más elementales normas de convivencia y amistad cívica, sino también la capacidad de asombro, y eso es muy peligroso.
No son las autoridades a través del uso de la fuerza de la ley (que para estos casos cada vez funciona peor) las que restituirán al país nuestra vocación al diálogo para resolver pacíficamente los problemas. Son ustedes los jóvenes, los que no permanecen indiferentes frente al dolor ajeno, frente a la injusticia o frente al vandalismo los llamados a construir un país reconciliado y en paz.
Queridos alumnos, que no les gane el odio ni la indiferencia. Esta última nos convierte en cómplices de los encapuchados, los mismos que el día de mañana pueden atentar contra tu hogar o tu vida, a nombre de la libertad, la justicia u otros “ideales”. Me asiste la convicción de que ustedes serán capaces de contagiar vuestros compañeros, el deseo de ser protagonistas en la construcción de un Chile reconciliado y respetuoso, y también serán capaces de recordarnos a nosotros sus profesores, la inmensa responsabilidad que tenemos de formar no solo buenos profesionales, sino también y sobre todo buenos ciudadanos.

Eugenio Yáñez
Profesor Universitario
Vocero Voces Católicas.

jueves, junio 23, 2016

JULIO CASTAÑER: CIUDADANO INOCENTE, INJURIADO Y PROCESADO.


En el llamado Caso "Quemados" los "únicos dos desertores del grupo ni siquiera están de acuerdo entre sí. Uno inculpa al teniente Castañer de haber iniciado el fuego con un encendedor, el otro al teniente Fernández de haberlo hecho con un fósforo. Pero los otros nueve coinciden en que ambos oficiales estaban alejados del estallido del fuego. Por supuesto el juez de izquierda atiende a la versión contradictoria de los dos y no a la conteste de los nueve, más la de los dos oficiales, pues es lo políticamente correcto y manda a todos estos presos"
Así se refería Hermógenes Pérez de Arce ("No está perdida toda esperanza" del 4 de agosto de 2015) a la reapertura de este proceso, por el testimonio de un conscripto supuestamente "arrepentido" pero en realidad pagado, como reconoció posteriormente, este individuo, identificado como Fernando Guzmán.
El hasta ahora principal inculpado, el coronel Julio Castañer, denuncia en esta carta la dramática situación que él vive junto a su familia.
"Ciudadano inocente, injuriado y procesado
Me permito compartir algunas reflexiones, teniendo en cuenta para ello la convicción de mi inocencia y continuar colaborando con la justicia, único camino que permitirá revertir mi actual condición, asegurando en especial a mi familia, regenerar el tejido dañado por la deleznable actitud de algunos de perseverar en acciones que no generan más que odio y venganza, incentivados por algunos medios de comunicación que a diferencia de ellos, solo buscan los intereses comerciales, ganar un espacio más en el rating cada día más disputado, sin la menor muestra de ética y valores morales que hoy tanto reclama la propia sociedad chilena.
Al alero más formidable que me ha dado la vida, mi familia, observo cómo se avecina una nueva escalada política y comunicacional que busca la exacerbación social, desvirtuar los ejes de atención ciudadana y responder a intereses comerciales, me preparo junto a mi esposa, hijos y familia a enfrentar estoicamente tales prácticas, en atención a que me siento inhibido por razones de secreto de sumario a defenderme públicamente e impedido de compartir por ahora, contundentes antecedentes de la causa judicial, los que no solo me exculpan de los hechos investigados sino además, revelan un sinnúmero de distorsiones que intentan mofidicar una verdad jurídica inobjetable, la cual confiamos prevalecerá.
No quiero soslayar el carnaval mediático vivido el año 2015, generado por un medio de comunicación que gana y lidera espacios con contenidos afines, oportunidad en que sindicado como el principal "actor" de un reportaje soy acusado, condenado socialmente y humillado públicamente y con ocasión de ello, ser formalizado.
Desde la perspectiva judicial, acato que el ministro a cargo de la causa le asista el derecho y deber de investigar y administrar la justicia que tanto esperamos, observando que en ésta a la fecha, pese a la existencia de un solo falso declarante (explotado solo por tener visibles limitaciones físicas y vulnerabilidades sociales), existen legítimos testigos presenciales contestes con una sola versión, el teniente Castañer ni siquiera estaba cerca en el momento y lugar del principal hecho investigado. 
Los daños colaterales son irreversibles, sin embargo los asumo, anido y reservo solo en el seno del hogar. No obstante el derecho a la presunción de inocencia me ha sido ignorado, los derechos constitucionales atropellados, la honra y seguridad personal vulneradas, sin embargo mantenemos incólumes e intactos nuestra dignidad y valores morales como familia.
Finalmente, como indiqué me siento junto a mi esposa e hijos, espiritual, moral físicamente preparados y de pie para dar la bienvenida al nuevo carnaval mediático que se prepara y avecina, sus invalorables intereses en juego y resultados esperados, prefiriendo omitir por ahora, si responden o no al título de esta nota"

Firma: Julio E.Castañer González.

martes, junio 21, 2016

MILITARES PRESOS: FIN AL DOBLE ESTÁNDAR.


Diecinueve senadores suscribieron un oficio dirigido a la Presidenta de la República para que adopte medidas administrativas humanitarias ante la situación de reclusos aquejados de enfermedades graves e incurables, sin distinción alguna. Abarca, por ende, a los militares y policías condenados por casos de “derechos humanos”, y lo significativo es que la petición incluye a cinco senadores oficialistas. Se unieron así al llamado del presbítero Fernando Montes en favor de los ancianos enfermos de Punta Peuco.
Una gestión de mínima justicia, que constituye un primer paso para poner fin al doble estándar en nuestro país en materia de derechos humanos. Pues nada justifica mantener ancianos en la cárcel, cuando ya no están conscientes ni capacitados para entender que están cumpliendo una pena.
Si el condenado no está en situación de percibir la pena, ningún propósito cumple mantenerlo privado de libertad. Además, es un despropósito práctico, ya que el cuidado de esas personas corresponde que sea asumido por su familia, pero se nos obliga a hacerlo a todos los chilenos a través del erario nacional. El único motivo para mantener presos a esos condenados incapacitados no puede sino ser el afán de revancha.
Con tal fin se usa la teoría que sólo los agentes del Estado violan los derechos humanos, lo que justificaría un trato diferenciado. La izquierda se moviliza siempre para asegurar las garantías del debido proceso y las razones humanitarias cuando se trata de delincuentes, pero no hay “ni perdón ni olvido” cuando el caso involucra a agentes del Estado, pero siempre que se identifiquen con la “derecha”. Porque bien pudieron dar asilo a, que era el primer agente del Estado de Alemania Oriental. En simple: ¿qué diferencia humanitaria hace que un anciano incapacitado haya sido o no agente del Estado?
La petición es un paso mínimo, cuando nadie ha querido ver que todos los encarcelados en Punta Peuco lo han sido en violación de sus derechos humanos. Sí, porque se ha faltado sistemáticamente al debido proceso. Hicimos una reforma procesal penal porque el sistema vigente no cumplía los estándares básicos, como son separar el acusador del juez, otorgar defensa jurídica al acusado, consagrar a éste el derecho de guardar silencio, presumir la inocencia, etc.
De tales derechos gozan hoy todos los chilenos, salvo los militares y policías. Estos son los únicos que se les sigue -más de década y media después de la reforma- iniciando nuevos juicios bajo el antiguo sistema, que niega todos esos derechos. Y no está de más recordar que ello se intensificó durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Además, con jueces designados ad hoc -lo que prohíbe la Constitución desde siempre- y que están bajo la “coordinación” de un ministro de la Corte Suprema, lo que atenta contra la independencia para fallar y vuelve casi estéril cualquier recurso ante los tribunales superiores.
El principal reclamo de los chilenos hoy es la igualdad de trato, pero frente a ese doble estándar han mirado para el lado. Hay que reconocer la valentía y misericordia del padre Montes. Pero también, y especialmente, de esos cinco senadores.
Axel Buchheister.

sábado, junio 18, 2016

AUGUSTO PINOCHET: BENEMÉRITO DE CHILE



El Consejo Municipal de Santiago, en forma unánime, revocó la distinción de Hijo Ilustre de la ciudad, conferida al ex Presidente de la República, general Augusto Pinochet Ugarte.

Esta le fue reconocida según el Decreto Municipal 1293 del 1 de septiembre de 1983, por el alcalde Carlos Bombal, en el décimo aniversario de nuestra segunda Liberación Nacional. Y en el curso de todos estos años, desde aquella fecha, nadie objetó tal acuerdo, hasta que Alejandro Vega (PPD) presentó al gobierno comunal su moción para despojarlo de tal honor.

Carolina Tohá, la alcaldesa, la misma que dirigía ese partido, en el cual hasta hoy milita, donde se recibieron aportes en dinero de SQM, para cubrir los gastos de la organización y criticada fuertemente por ello -aunque se enteró también por la prensa del asunto-, declaró que se trataba de una materia de su exclusiva competencia (en este intento de Vega). Pero que sometería a votación dicha iniciativa. Como indicamos el Concejo la aprobó en forma unánime. Lo cual incluyó, entre otros, al representante de RN Felipe Alessandri y a la de la UDI, Carolina Lavín. Ambos, de la centroderecha, habrían votado favorablemente la propuesta del PPD Vega.

Políticos de la "centroderecha" mismos que se beneficiaron del Gobierno Militar y luego en el período Piñera, se sintieron "cómplices pasivos" de ciertos crímenes de "lesa humanidad" aunque éstos jurídicamente no existieron, simplemente porque nada de lo ocurrido en el período 1973-1990, lo justifica ni califica. Se trató de una situación de guerra interna donde los actos violentos suelen ocurrir al igual que en todo el orbe.

El 3 de junio recién pasado, otro concejal del PPD, esta vez de Temuco, solicitó retirar idéntico reconocimiento que la capital de La Araucanía, materializó en honor al general Pinochet, bajo la alcaldía de don Germán Becker Daechler, padre del actual jefe comunal Miguel Angel Becker Alvear, quien ocupa el cargo desde 2008.

El edil temuquense, dijo en esta oportunidad frente a la moción del concejal PPD, Ricardo Celis, que "no me parece un tema que sea de interés comunal. Se nota que (...) Celis no tiene idea de lo que pasa en Temuco. Por eso es capaz de gastar tiempo y hacernos gastar tiempo a todos con un tema de hace 42 años"

"Si el señor Pinochet es ciudadano ilustre o ciudadano benemérito desde el año 74', bueno habría que preguntarle al alcalde de la época o por qué lo nombraron, porque me imagino que lo hicieron en forma democrática ¿o vamos a cuestionar el premio Nobel de Neruda"

"Tampoco voy a hacer cuestión de lo que hizo mi papá hace 42 años, porque no se puede evaluar la historia o criticar la historia. La historia es historia, y ahí no le podemos sacar una coma ni un punto"

Cierto. Pero es de la esencia de la izquierda el reescribirla e interpretarla conforme su ideología e intereses políticos coyunturales. Y para eso están el Museo de la Media Memoria, el INDH, las numerosas fundaciones y ONGs, dedicadas precisamente a lavar el cerebro de las nuevas generaciones sin que la llamada "centroderecha" y sus representantes (no todos, claro), muestren el coraje de defender sus convicciones y sus principios.

Pero no es menos cierto, además, que tanto la UDI como RN están embarcados en revisar sus respectivas Declaraciones de Principios, para eliminar aquello que, hoy, sería políticamente incorrecto sostener, defender o reivindicar, como el gobierno de las FF.AA o la figura del chileno más importante del siglo XX; el general Pinochet.

De allí que no debe llamar la atención que los concejales de estos dos partidos no solo dejen pasar esta actitud corporativa miserable, sino de darle unanimidad a tal despojo. 

¿Cómplices pasivos? ¡hum! en realidad recalificarlos no vale la pena. Las necesidades político-electorales y quizá alguna expecttiva de recuperar el poder en el corto plazo, lo justificaría, a sus ojos. Pero no en nuestra mirada. Otra vergüenza para la petit droit y el nuevo estilo Larraín-Monckeberg. Con su pan se lo coman.     

DespiertaChile.

jueves, junio 16, 2016

INSEGURIDAD EN LA ARAUCANÍA.


En entrevista radial, el intendente de La Araucanía manifestó que “en materia de delincuencia general, porque aquí hay que preocuparse de toda la región -porque parece que existiera una región chiquitita y no existiera toda la región-, quiero decirle que en materia de delincuencia es la tercera región más segura de Chile”.

Sus declaraciones resultan desafortunadas, porque el grave problema de seguridad que vive la región no tiene que ver propiamente con la delincuencia tradicional -donde la región efectivamente se ubica dentro del promedio nacional, conforme la última encuesta de victimización, lo que tampoco ha de verse como un triunfo-, sino que con formas de violencia propias del terrorismo o de células bien organizadas que buscan la desestabilización política o el amedrentamiento. Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que La Araucanía es por lejos la zona más insegura del país, fenómeno que lamentablemente no ha logrado constituir una prioridad política, y que se ve refrendado por el desconcertante análisis que se hace desde la propia intendencia.

La pérdida del estado de derecho en esa región es un fenómeno de especial gravedad, que producto de la impunidad hasta ahora reinante ha alimentado actos cada vez más violentos, como la indiscriminada quema de templos religiosos o ataques incendiarios a escuelas, pequeños agricultores y empresas forestales. Ese cuadro ameritaría una intervención policial y del Ministerio Público muy distinta al combate de la delincuencia común, donde cabría esperar que el propio gobierno regional liderara los esfuerzos para denunciar la grave inseguridad que se vive en la zona.

El conflicto que se vive en La Araucanía no debería reducirse a una cuestión puramente policial, pues la solución pasa por un esfuerzo político a gran escala, que sigue siendo una materia pendiente en el país. Pero ello no puede llevar a perder de vista que el control de los grupos subversivos es también una condición indispensable para avanzar en cualquier solución, porque sus actuaciones son del todo ajenas a las reivindicaciones pacíficas del pueblo mapuche; de allí que no cabe ver el fenómeno como mera “delincuencia”.

Editorial La Tercera.

martes, junio 14, 2016

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL SIN RUMBO.



Las últimas semanas se ha observado una evidente radicalización del movimiento estudiantil, tanto en el ámbito de los secundarios como en la educación superior. La marcha convocada la semana pasada por la Confech terminó en graves desmames -que incluso derivó en la bochornosa profanación y saqueo de la iglesia Gratitud Nacional-, en tanto una serie de federaciones de universidades privadas han decidido tomarse sus respectivos planteles, en lo que el movimiento ostenta como “un segundo aire”, en reminiscencia a las movilizaciones de 2011.



Las organizaciones que coordinan a los estudiantes secundarios también han emprendido tomas de liceos y colegios; además de llevar a cabo una marcha que no contó con la autorización de la Intendencia, algunos de sus dirigentes se han permitido desafiar a la autoridad con amenazas de que “no se dejará gobernar”. Ayer hubo una nueva muestra del sinsentido que embarga a parte de los estudiantes. Así, fue posible apreciar el saqueo y destrozo del que fue objeto la biblioteca y mobiliario del Instituto Nacional Barros Arana durante el tiempo que estuvo tomado. La  alcaldesa de Santiago manifestó su repudio e hizo ver el grave daño que este vandalismo provoca en la educación pública; llama la atención, sin embargo, que el desalojo se haya dilatado, cuando la propia municipalidad había denunciado hace varios días que había indicios de daños.


Los estudiantes justifican estas movilizaciones porque estiman que la reforma educacional que impulsa el gobierno no recoge las principales demandas del “movimiento social”. La Confech, de hecho, manifestó su rechazo al borrador que el Ministerio de Educación les presentó sobre la reforma a la educación superior, e hizo un llamado a mantener y aumentar las movilizaciones, aunque pide que sean “creativas y responsables”. No hay ánimo de diálogo y entendimiento por parte de la dirigencia estudiantil, sino un llamado a radicalizar las posturas e imponer una visión unilateral mediante métodos de presión que se alejan por completo del sano debate democrático, y que se reducen al “todo o nada”.
Las demandas que sostiene el movimiento en el plano educacional -y que no estarían siendo recogidas en el proyecto, según denuncia la Confech- se refieren al fin del lucro, la condonación efectiva de las deudas, la democratización de los planteles educativos  y la construcción de una educación pluricultural. Resulta evidente que un petitorio tan absolutista y ambiguo como este hace perder credibilidad al movimiento estudiantil, porque se trata de demandas incompatibles con un sistema universitario que tenga por objetivo la calidad y que preserve la autonomía de los proyectos académicos. Son planteamientos que únicamente encuentran respaldo en los sectores más radicalizados del espectro político, y que por lo demás hace tiempo han dejado de sintonizar con la ciudadanía. Así, la última encuesta Cadem indica que el 63% de la población rechaza la reforma educacional, una tendencia que ya empezó a ser evidente desde fines de 2014. Según el mismo sondeo, incluso durante 2015 llegó a presentar 70% de rechazo, coincidiendo con un período de marchas estudiantiles.
Es lamentable que la discusión razonada en el movimiento estudiantil se esté debilitando peligrosamente, para dar paso a violencia y viejas consignas ideológicas, cuyo objetivo ya no parece ser otro que imponerlas por la vía de la coacción. 
Editorial La Tercera.

domingo, junio 12, 2016

DIAGNÓSTICO SOBRE EL PUEBLO MAPUCHE.

Es un llamado de alerta que la mayoría perciba más violencia en La Araucanía, lo que contrasta con la sensatez de sus principales peticiones.


EL CENTRO DE Estudios Públicos (CEP) dio a conocer su estudio “Los mapuche rurales y urbanos hoy”, el cual entrega una serie de antecedentes que permiten poner en perspectiva el llamado “conflicto indígena”, al dimensionar cuáles son las aspiraciones del pueblo mapuche y los problemas que hoy lo afectan, especialmente en lo que dice relación con la violencia, fenómeno que a juicio de los propios indígenas ha aumentado de manera abrumadora.

Las conclusiones del estudio permiten una mirada más serena de esta problemática, y revelan que la mayoría del pueblo mapuche no se siente representado por las visiones más ideologizadas que intentan instrumentalizar esta problemática. Así, cuando se pregunta cómo debería el Estado reparar al pueblo mapuche, el 49% de quienes se identifican con este pueblo opina que mediante la restitución de tierras, mientras que el 16% se inclina por el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, y el 11% pide acceso a una educación de mayor calidad. Se trata de visiones sensatas, que guardan perfecta relación con las políticas que hoy están  en marcha o que se podrían evaluar a futuro. Otras opciones, como la autonomía, el perdón por los abusos  y las compensaciones en dinero despiertan muy poco entusiasmo, lo que muestra una desconexión con aquellos movimientos indigenistas que buscan arrogarse su representación, y que promueven  enclaves autonomistas o transmitir la idea de que el pueblo mapuche vive una sofocación.

Esta visión general de relativa normalidad, sin embargo, no debe llevar a perder de vista la existencia de un conflicto no resuelto, que ya no sólo afecta a los habitantes no mapuches, sino a los miembros de la propia etnia. Así, es llamativo que el 62% de los mapuche rurales piense que la situación en La Araucanía es menos pacífica que hace 10 años, proporción que aumenta al 71% en el caso de los mapuche rurales. Esta visión es consistente con el cuadro de aumento de atentados incendiarios en La Araucanía y también en regiones aledañas, situación que ha sido incontrolable y en general ha logrado expandirse en total impunidad, lo que supone un manifiesto retroceso del estado de derecho.

En el total de la muestra mapuche, el 58% opina que no se justifica la fuerza para reclamar tierras, mientras que el 29% la considera en algunas circunstancias, en tanto sólo el 5% opina que “siempre”. En relación al estudio que se hizo en 2006, resulta alentador que el porcentaje de mapuche que rechaza el uso de la fuerza haya aumentado; las razones que inciden en aquellos que la siguen viendo como una alternativa ocasional pueden ser muy diversas, lo que requeriría un análisis más pormenorizado, ya que el concepto “fuerza” puede que se interprete de maneras diversas.

Es evidente que la solución del conflicto pasa por un acuerdo político a gran escala, que restituya las tierras -o una compensación equivalente- en aquellos casos que se acrediten pertinentes, y se explore la alternativa de algún tipo de reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. El actual mecanismo de entrega de tierras debe ser modificado, porque ha demostrado ser muy oneroso -en una década se han gastado más de $ 240 mil millones para estos efectos- e incapaz de traer soluciones efectivas. Ello debe ir a la par de neutralizar a los grupos violentistas como condición indispensable para avanzar en cualquier tipo de acuerdo político.
Editorial La Tercera.

viernes, junio 10, 2016

ARAUCANÍA: ATRAPADA ENTRE EL CONFLICTO Y LA SOLUCIÓN.



Durante la madrugada del pasado martes, nuevamente se llevaron a cabo ataques incendiarios en La Araucanía. Zona conflictiva, por decir lo menos, y enardecida por la escalada de hechos violentos que siguen amedrentando la paz social y coartando la libertad de sus habitantes.
Un día después, el CEP dio a conocer la encuesta “Los mapuches rurales y urbanos hoy”, entregando valiosa información sobre cómo se conforma y cuáles son las características sociales del mundo mapuche, el cual es una importante realidad cultural asociada a nuestra identidad histórica.
Dentro de sus resultados se constata que un 58% de mapuches no justifica la violencia para reclamar territorios; un 66% afirma que la situación política en la región es mala o muy mala y un 69% cree que la convivencia es violenta. Tras 16 años de debate público, la “cuestión indígena” sigue siendo un tema que produce escozor, complejos sociales y sentimientos de culpa, porque se ha fracasado en consensuar alternativas concretas que provoquen un justo equilibrio para solventar los requerimientos de una etnia cuya mayoría desea el debido reconocimiento de sus costumbres, valores y tradiciones.
A pesar de algunos avances, seguimos en una especie de punto muerto, ya que la situación claramente en vez de mejorar, empeora. Es así como se ha impuesto un discurso beligerante por algunos quienes dicen representar la causa mapuche, pero cuya principal consecuencia ha sido no sólo atropellar derechos civiles, sino también inmovilizar a nuestras autoridades.
Es inadmisible seguir ignorando la estrategia que se ha utilizado para descalificar aquellas opiniones discordantes a los planteamientos de un supuesto grupo y que lo único que ha conseguido es alterar las relaciones pacíficas en la zona; además de incrementar los prejuicios, distorsiones y generalizaciones inadecuadas sobre el pueblo mapuche. Sin embargo, ésta ha alcanzado resultados, ya que son cada vez menos los que hoy se atreven a condenar, de manera enérgica, la tónica de las últimas persecuciones sobre la propiedad privada y cuyas transgresiones han logrado, incluso, atentar contra vidas humanas. Es así como el miedo ha ido favoreciendo para que se imponga el silencio.
En estos momentos de alta tensión, se requiere sincerar posturas para que la convivencia social no sólo se resuelva en función de intereses políticos y de poder. Transferir culpas, apuntando con el dedo hacia ciertos grupos u organizaciones, no esclarece el problema, más bien lo incrementa, y facilita el fortalecimiento de una ideología que no sólo elude el juicio moral sobre sus actos sino que, además, dispone arbitrariamente sobre la vida de un segmento de nuestra población que sólo desea convivir en paz.
Para la ciudadanía, en general, esta situación es preocupante y provoca frustración, porque Chile es un país que privilegia valores democráticos que no justifican en nada la insurrección de una minoría que, a través de métodos antidemocráticos, desea atribuirle legitimidad a un supuesto derecho de autodeterminación.
Los resultados de la encuesta CEP, sobre este tema, ofrecen la oportunidad no sólo de informarse sobre qué piensan los involucrados en este conflicto, sino también de tomar real conciencia de que los acontecimientos en La Araucanía plantean un gran desafío nacional, cuyas implicancias intervienen sobre el desarrollo y futuro de un patrimonio cultural e histórico que merece de toda nuestra atención.

Paula Schmidt.
Periodista e historiadora Fundación Voces Católicas.

miércoles, junio 08, 2016

KAST O LABBÉ: ENTRE EL BIEN MAYOR Y EL MAL MENOR.


¡Por fin tendremos el candidato del “Sí”! Todo en Chile se ha definido desde hace 26 años en favor del “No”. Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet I, Piñera, Bachelet II, todos del “No”. Hasta cuando creíamos tener un candidato triunfante (Lavín, que al final perdió), éste, durante la campaña, dijo que “si hubiera sabido”, habría votado “No”. “Cerebro lavado”. Se había “dado vuelta la  chaqueta”.

          Bueno, al fin ahora tenemos no sólo a un hombre del “Sí”, José Antonio Kast, que está resuelto a ser candidato, sino dos, pues el coronel Labbé ha declarado su disponibilidad, en una época en que la mayoría pide una mano firme como la que él demostró tener en Providencia. No olvidar 1952, cuando el general Ibáñez ganó lejos, prometiendo barrer con la descomposición ambiente, siendo que dos décadas antes había sido destituido casi por unanimidad como dictador. Ni olvidemos el clamor popular de 1973, cuando Frei escribía que se levantaban banderas de celebración en las poblaciones ante el pronunciamiento.   



Estaré con cualquiera de ambos, Kast o Labbé, que se lance a reunir las 35 mil firmas que los separan de la candidatura presidencial. Yo garantizo mil. ¿Cómo no van a tener 35 partidarios como yo? El viernes almorzamos con ambos en una mesa del “Sí” y había 25. ¡Sí se puede!

          Con eso ya estaremos posicionados en la primera vuelta. El “Sí” es mucho más poderoso de lo que la gente cree. Yo lo veo en la calle, donde se me acercan personas de todas las condiciones a expresarme su apoyo a mi defensa del gobierno que salvó a Chile y lo puso a la cabeza de América Latina con una democracia próspera y estable (que ahora la izquierda está destruyendo, lamentablemente). Claro, también una que otra persona, en el lenguaje propio de la izquierda, me grita “facho asqueroso” o “viejo c…”, pero son el uno por ciento.
          
         ¿Y si perdemos en la primera vuelta? Bueno, en ese caso tendríamos que elegir, probablemente, entre Lagos y Piñera, que para mí son, respectivamente, el “mal menor” y el “mal mayor”, pues el segundo se dedicó a criminalizar a la derecha por su apoyo al Gobierno Militar, lo que la destruyó electoralmente, posibilitando el triunfo de la retroexcavadora marxista. Además, aumentó el tamaño del Estado creando ministerios; subió los impuestos y se dedicó a perseguir a los militares, triplicando el número de querellas ilegales en su contra y trasladando a los que estaban presos en un penal decente a otro peor y hacinado. Y, conociéndolo, estoy seguro de que si saliera de nuevo electo, los trasladaría a otro de reos comunes, como quiere el trío de mujeres odiosas (Michelle Bachelet, Javiera Blanco e Isabel Allende).

Lagos, en cambio, no persiguió a los militares e incluso indultó a uno; no subió impuestos, sino que estimuló la inversión con la Ley del Mercado de Capitales I; ni aumentó el número de ministerios (incluso opinó que debían ser menos). Es claramente el mal menor y yo votaría por él en segunda vuelta. Es un mal, porque ha estado siempre equivocado, pero ha rectificado. Y, además, supongo que no va a cambiar la Constitución, como quiere Piñera al igual que la izquierda, pues el mismo Lagos se apropió de ella (indebidamente) en 2005 y la declaró digna de la democracia chilena. Eso da mucha estabilidad al país.

          Entonces, entre un tipo equivocado que rectifica y uno que también está equivocado pero está siempre haciendo trampas y no aprende nada, como que se va hacia la izquierda a cada rato, el mal menor es claramente el primero.

Ahora, si la Nueva Mayoría llevara a Isabel Allende, ahí sí que en la segunda vuelta estaríamos frente a dos “males mayores” y en ese caso creo que pensaría seriamente en no votar y llamar a Hernán Büchi para pedirle que me ubique una casita para la familia en Zug. Pero no creo que los de la Nueva Mayoría incurran en semejante torpeza, desde luego por la alta probabilidad de que la candidata no llegara a la hora para su inscripción en el Registro Electoral.

Entonces, el “Sí” vive y tendrá candidato “sí o sí”. Y su más probable amenaza será un mal menor. Es decir, nunca habíamos tenido tan buenas perspectivas desde 1990.


Hermógenes Pérez de Arce.

lunes, junio 06, 2016

"ELLA" BAILA SOLA.


Había reaccionado bien, expresando su legítima indignación frente a un diálogo que le imputaba hechos muy poco creíbles. Complementó además su molestia informando al país que había aportado a la investigación del caso Caval, declarando voluntariamente como testigo. Pero terminó dinamitándolo todo al presentar una acción criminal en contra del medio de comunicación que, bien o mal, tomó la decisión de publicar el contenido de esa conversación inverosímil, incluida sin embargo en la carpeta investigativa por el fiscal que instruye la causa.
Michelle Bachelet abrió así un abismo con la prensa y los periodistas en el peor momento de su imagen pública, optando por un camino que la ubica en la vereda contraria a la libertad de expresión. En paralelo, la ofensiva de la Mandataria repuso la atención en un caso judicial que sólo ha traído costos para su credibilidad, reforzando paradójicamente las asociaciones implícitas que en apariencia esta querella buscaba desacreditar.
Desde el primer minuto, la decisión de la presidenta hizo visible una desprolijidad asombrosa, una trama de desaciertos que sólo puede explicarse por la ausencia de un análisis político básico respecto a sus riesgos y costos inevitables. En efecto, la pretensión de separar a la ‘ciudadana Bachelet’ del cargo de presidenta es de una ingenuidad preescolar, un objetivo inocuo que además fue de inmediato saboteado por la decisión de anunciar la querella a través del ministro vocero del gobierno y de poner a La Moneda como domicilio del querellante. A ello se sumó además que los gestores de esta iniciativa no tuvieron ni siquiera la deferencia de informar a los testigos que serían agregados al requerimiento; exponentes forzados entre los cuales la ‘ciudadana’ Bachelet decidió incluir nada menos que a un ministro del comité político y a la jefa de gabinete de la Presidencia.  
En rigor, no resulta fácil entender cómo en un caso de estas implicaciones no existió el más mínimo control de daños y de riesgos por parte del gobierno. Un síntoma sin duda innegable de las debilidades que hoy cruzan al entorno presidencial y al propio gabinete, que al final no fueron capaces de evitar una decisión que no tendrá ningún rendimiento político sustantivo. Sin ir más lejos, para una Mandataria que ha hecho de su condición de víctima de la dictadura un aspecto central de su posicionamiento público, ya resulta un costo muy alto que su acción judicial esté siendo cuestionada por la Sociedad Interamericana de la Prensa, Human Rights Watch y la directora del Instituto Nacional de DD.HH., entre otros.
En síntesis, más allá de cualquier otra consideración, lo que este caso volvió a dejar al descubierto es la preocupante soledad de la presidenta, la enorme carencia de componentes que ayuden a evaluar y a contrastar las consecuencias de sus decisiones. En este incidente, lo que brilló por su ausencia fueron los imprescindibles elementos de contención que todo equipo de gobierno debe tener; la efectiva capacidad de sus ministros y asesores para, en un incidente donde se mezclan hasta lo indecible las dimensiones humanas y políticas, conseguir que la presidenta de la República no termine bailando sola.
Max Colodro.

sábado, junio 04, 2016

¿QUÉ PASA, MICHELLE?


Partamos por la razón fundamental del amplio rechazo que ha generado la querella presidencial contra los periodistas de la revista Qué Pasa. Toda acción legal de un Presidente de la República contra un medio o sus periodistas se propone dar una señal que podríamos calificar como disuasiva, si usted prefiere el lenguaje amable, o inhibidora, si no le gustan los eufemismos (tres años de cárcel y siete millones de pesos no son cosa poca).
En el diccionario político, la acción penal contra un medio es sinónimo de amenaza, un reto a guardar silencio y a levantar un cerco que impida el escrutinio público al que están sometidas las autoridades (por algo es la primera que interpone en Chile un mandatario contra un medio desde 1990).
Decisiones muy similares tomaron en su momento los Presidentes Rafael Correa, Hugo Chávez y Cristina Fernández: la persecución penal y legislativa en Ecuador, la cancelación de las licencias de transmisión y el cierre de medios en Venezuela y una ley de medios restrictiva en Argentina (ley de medios que, ojo con olvidarlo, también se propone en el programa de la Presidenta Bachelet).
La segunda razón de la indignación colectiva es la forma que ha elegido la Mandataria para anunciar la querella: invocando su condición de “ciudadana” y “persona natural”. Nadie, salvo ella y sus abogados, cree que sea posible separar la condición de Presidenta de la República de una acción legal de esta naturaleza.
Fíjese usted: quien nos pone al tanto es el vocero de Gobierno y el domicilio que fija en la querella es “Palacio de La Moneda”. Se adjuntan como testigos a un ministro y a su jefa de gabinete; y la Presidenta utiliza un punto de prensa en París, mientras participa en un consejo de la OCDE (como Mandataria y ante los periodistas que viajaron a Francia en el avión presidencial), para precisar los alcances de su decisión. Y, el broche de platino y brillantes: el abogado funda la querella señalando que “en virtud del cargo que actualmente detenta mi representada, racionalmente hacen que merezcan la calificación de injurias graves”.
En tercer lugar, el doble estándar frente a las filtraciones: legítimas fuentes de información cuando afectan a líderes de la UDI e ilegítimas e injuriosas cuando la afectan a ella. Un giro muy parecido ha tomado el debate sobre el financiamiento irregular de la política: recién cuando le tocó al PPD se transformó en un problema “sistémico”.
Finalmente, a varios indigna la urgencia con la que la Presidenta Bachelet reaccionó: primero convocando a un punto de prensa 20 minutos después de publicada la nota en la web, en el aeropuerto, antes de emprender una gira al sur; y concretando en solo tres días la acción legal contra los periodistas de Qué Pasa, acompañada, por cierto, de uno de los mejores abogados de la plaza.
Es probable que los chilenos, quienes a su juicio no comprendemos su rol histórico y el legado en el que se convertirá su plan de reformas, evaluaríamos mejor a su gobierno si la Presidenta en estos años hubiera destinado la mitad de la preocupación que ha dedicado a la filtración a liderar la acción para enfrentar los problemas que aquejan severamente al país: delincuencia, más allá de las generalidades, al menos empatizando con la sensación de inseguridad permanente que tenemos los ciudadanos; el deterioro progresivo del empleo y la economía, una salud pública que tocó fondo bajo su mandato, etc., etc., etc.
Diría que cada semana, por distintas razones, nos hacemos la misma pregunta: ¿Qué Pasa Michelle?

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

jueves, junio 02, 2016

PUNTA PEUCO: DISCRIMINACIÓN EN #LibertadesCondicionales.


Más de un centenar y medio de personalidades nacionales, firman un inserto en el diario El Mercurio de Santiago (domingo 29 de mayo de 2016, cuerpo C página 13) donde hacen presente la conmoción que produjo "el anuncio de la Corte Suprema de que 2.258 internos condenados por delitos en los penales de la República hayan recibido el beneficio de la libertad condicional"

"Clama al cielo que hayan sido excluidos de este beneficio (el presidente de la Corte lo califició como un 'derecho' que les asistiría) ancianos condenados por razones políticas que se encuentran en el Penal de Punta Peuco, algunos de ellos ciegos o con Alzheimer, que no tienen conciencia del lugar en que se encuentran"

"Otros, en razón de su edad, han perdido la facultad de moverse por sí mismos y de atender incluso sus necesidades más básicas, las que deben ser suplidas por sus compañeros de prisión política. Tampoco han recibido otros beneficios carcelarios a que tienen derecho"

"Se ha dicho que, por ser autores de 'delitos de lesa humanidad' no les alcanzan tales beneficios, pero aquellos fueron incorporados a nuestra legislación en 2009, décadas después de los hechos por los cuales han sido condenados y todos sabemos que las leyes no son retroactivas"

"Por añadidura, éstos no se encuadran en el tipo de delito definido por la ley como 'delito de lesa humanidad' "

"Y, en fin, fueron condenados desconociéndoseles, en la casi totalidad de los casos, las normas de un debido proceso, pues se les ha dejado de aplicar eximentes de responsabilidad como la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada que legalmente los favorecen"

"Es decir, en sus casos como en el de todos los que se encuentran recluidos en Punta Peuco, no rigen las leyes ni el derecho humano a un debido proceso"

"Los firmantes (concluye la declaración) queremos manifestar ante la opinión pública nuestra protesta por las descritas ilegalidades e inconstitucionalidades y nos hacemos parte de la digna actuación del diputado José Antonio Kast, que ha tenido el coraje político de representar personalmente al Presidente de la Corte Suprema esta injustificable discriminación arbitraria que se está cometiendo".

Este mismo domingo 29 de mayo, el padre Fernando Montes en entrevista con Tomás Cox en TV La Red, insistió en su cruzada pidiendo lo mismo que hizo ante la Comisión de DD.HH del Senado: que los presos de Punta Peuco mayores de 75 años o con enfermedades terminales, reciban este simple beneficio de cumplir condena domiciliaria, lo cual hace a cualquier sociedad civilizada. Misma situación sobre la cual el diputado Jorge Ulloa, ha levantado su voz en la Cámara llamando la atención sobre la situación que afecta a los presos políticos militares, sobre quienes pende, además, la posibilidad de ser trasladados a una cárcel común.
He aquí la participación completa de sacerdote FERNANDO MONTES, AYER DOMINGO... Véalo y juzgue usted!!!

DespiertaChile.