viernes, octubre 30, 2015

EX-UNIFORMADOS: UNIDOS POR CHILE.


"El Estado de Derecho es inexistente para nuestra gente" precisó el almirante Pedro Veas Diabuno, presidente de la Asociación Gremial de Oficiales en Retiro de la Armada ASOFAR.

En la apertura del encuentro que reunió en el Edificio Cousiño de Valparaíso, más de 180 delegados de distintas asociaciones gremiales, las que agrupan al personal de las FF.AA, Carabineros e Investigaciones en retiro, se remarcó que "nuestra gente que actualmente está siendo procesada, se encuentra fuera del Estado de Derecho ... "

El almirante (r) Veas agregó que "hay gente en Punta Peuco que está detenida injustamente, otros están gravemente enfermos y, en esos casos nosotros queremos que simplemente se cumpla la ley, juzgándolos a través del nuevo sistema judicial. Además, solicitamos que todas las leyes vigentes se apliquen y que los ministros no inventen ficciones jurídicas"

Es el caso del secuestro permanente, donde muchos militares han cumplido más de 20 años de condena por ese presunto delito. Se supone -en esa ficción jurídica-, que aún estando encerrados, mantienen secuestrada a alguna persona, lo cual da cuenta del absurdo e irreal de la situación.

O el caso del general Ramsés Älvarez Scoglia, 90 años, quien padece demencia senil y no es autovalente; en 2014 la Corte de Apelaciones de Santiago declaró su enfermedad y por tal razón no debe estar en prisión. Aún espera que la orden judicial llegue a Punta Peuco para ser liberado pero la burocracia de izquierda lo impide. De forma tal que, las leyes vigentes, no valen para ellos.

Los internos de Punta Peuco suman 128 y con ese número se completó largamente la capacidad de admisión del recinto.

A juicio del abogado Adolfo Paul Latorre, tales acciones judiciales han generado un "régimen de terror" 

Paul Latorre sostuvo que "nuestros tribunales de justicia con sus actuaciones judiciales inconstitucionales, arbitrarias e ilegales, han establecido un verdadero régimen de terror, cuyas víctimas en acto o en potencia son todas las personas que durante el año 1973 pertenecían a las Fuerzas Armadas, terror que se extiende a sus familiares"

Lo cual explica el suicidio de los generales Odlanier Mena y Hernán Ramírez.

Siete militares se quitaron la vida por esta misma situación. El coronel Germán Barriga Muñóz (17 de enero de 2005), ex agente de la DINA se lanzó al vacío desde el piso 15 de un edificio en Santiago:

Luego el teniente coronel Gonzalo Asenjo Zegers: se disparó en el tórax, cuando estaba en su departamento el 4 de octubre de 2006.

Carlos Marcos Muñóz, suboficial de Ejército (r) se ahorcó el 24 de mayo de 2007 en las dependencias del Batallón de Policía Militar en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército.

El coronel de Carabineros (r) Luis Hidalgo López; se disparó en el Hospital Dipreca, quitándose la vida, el 27 de julio de 2007.

Carabinero Luis Henríquez Apablaza. Cumplía una condena de 10 años en la cárcel de Temuco, cuando se ahorcó en 2011.

Luego los generales Odlanier Mena (28 de septiembre de 2013) y Hernán Ramírez (13 de agosto 2015).

¿Por qué? Porque "los ex uniformados saben que cuando se hallen privados de libertad no les serán otorgados los beneficios penitenciarios que legalmente les corresponden, ni indultos ni otros beneficios alternativos, aunque estén moribundos o sufriendo graves enfermedades terminales que causan mucho dolor" señaló Latorre.

Para revertir hasta donde la institucionalidad lo permita, se crea esta Multigremial de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI (r) que aglutina más de cien mil asociados, organizados para esta causa y para mejorar las precarias condiciones previsionales en que se encuentran. 

DespiertaChile.

martes, octubre 27, 2015

REGISTRO CIVIL Y EL ESTADO PARÁSITO.


Veintiocho días enteró la huelga ilegal del Registro Civil. Más de un millón de trámites no se realizaron: el Estado dejó de prestar aquel servicio a la ciudadanía.

Javiera Blanco, afirmó el fin de semana que este 26 de octubre, los funcionarios deberían trabajar "si o si"; desde luego eso no ocurrió. Aunque el nuevo director Luis Acevedo -ex mandamás de la Tía Rica-, anunció que algo más de un centenar de puestos móviles podrían atender, pero solo algunos requerimientos de menor complejidad. Labor que estaría a cargo de empleados del Ministerio del Interior.

La paralización es ilegal. Sin embargo, no se ha descontado un solo día a los huelguistas y, aunque Acevedo dejó entrever que podrían producirse despedidos, la dirigenta Nelly Díaz reaccionó de inmediato señalando que no se tocará a un solo funcionario.

Según consigna el sitio web de Transparencia, el Servicio cuenta con 3.301 funcionarios, pero solo 116 son de planta. 

En consecuencia, no solo es éste un gobierno inoperante, incapaz de encarar una huelga ilegal, y al que no parece preocuparle en demasía el malestar ciudadano por la desatención. Se trata una administración que trasgrede sus propios objetivos al utilizar "rompehuelgas" para dar alguna señal de precaria normalidad. En dirección opuesta a lo que pretende con su reforma "sindical" para el sector privado.

Sin embargo en definitiva, el Estado es el peor empleador y pagador de Chile. Mal empleador: porque mantiene a decenas de miles de trabajadores del sector público a contrata durante años.  Paga tarde, mal y nunca: recuérdese la deuda hospitalaria. La ministra de Salud Carmen Castillo reconoció en la Cámara que el Fisco debe a los proveedores privados la enorme suma de $ 246 mil millones de pesos, al 30 de septiembre de 2015.

Pero, esto no se detiene aquí. El Presupuesto 2016 considera aumentar en 40% el personal a contrata los que llegarían a 41.862 plazas. Lo que significa 8.512 ingresos por esta vía, más que en 2013, creciendo 25,5%

Esto no considera asesores cuyo nivel de sueldo simplemente escandaliza. 

Un dato de interés. El Estado, según la Dirección de Presupuestos (2014), contaba a 2013, con 31.000 trabajadores a honorarios. Y la dotación de funcionarios llegaba a 249.278 personas de las cuales el 34% era de planta y el 52% a contrata ¿se justificarán?

En el caso de Registro Civil, los 116 funcionarios de planta, según el mismo sitio web de Transparencia, tienen un promedio de sueldo de $ 1.475.459 mensual. En tanto, el promedio de quienes están a contrata asciende a $ 876.474 brutos.

¿Qué hacer con el Registro Civil y otros Servicios Públicos, los que paralizarán el miércoles 28 en apoyo a sus colegas?

Sin duda, el camino correcto no es el que sigue la administración Bachelet de contratar hasta que duela. 

Lo racional sería contar con un Estado pequeño en tamaño pero altamente eficiente en el desempeño de su labor ireemplazable en muchos aspectos, pero no en estas situaciones de paroxismo burocrático, aquello que produce esa "sensación" tan desagradable que hace presa de quienes concurren a las oficinas públicas y deben esperar horas para ser atendidos.

En el caso del Registro Civil debiera digitalizarse al máximo la entrega de certificados a distancia. Y dejar a un grupo de profesionales o gente con experiencia, la entrega de documentos tales como cédula de identidad o pasaporte.  

Esta política de incrementar la falange de empleados fiscales, como si la mano de obra se fuera a extinguir en el país, debe cesar de una vez. Porque las prestaciones del Estado, en la actualidad son impresentables. Y esto lo pueden comprobar todos los mal llamados "usuarios"; en la práctica, ciudadanos inermes a merced de un Estado que tiende cada vez más a la ineficiencia para convertirse en un parásito.   

DespiertaChile.

domingo, octubre 25, 2015

LA ARAUCANÍA: CON ARMAS DE GUERRA.


En Cañete, provincia de Arauco, el General Bruno Villalobos sostuvo una reunión de coordinación con los funcionarios de la policía uniformada, luego que un carro institucional, fuese atacado con armamento de guerra.

Está bien que acuda al lugar de los hechos. 

Sin embargo, Carabineros sufre una embestida en distintos niveles con gran intensidad. En la triple frontera con Perú y Bolivia, en el extremo norte del país (dos funcionarios asesinados), o la brutal agresión de la que fueron víctimas más de una decena de funcionarios en el Caupolicán, golpeados, robados y vejados, y en la Octava y Novena regiones, se vive esta gravísima situación.

Se perdió el sentido de autoridad. Y en esto el Gobierno y el Poder Judicial tienen una enorme responsabilidad ¿acaso esperan alguna reacción de esas?

Porque Carabineros está impedido en la práctica de utilizar las armas que el propio Estado les proporciona para repelar tales acciones. Y, según parece la instrucción es ésa: responder solo cuando estén en franca inferioridad de condiciones y no siquiera eso; porque el policía que proceda en tal sentido, se expondrá al sumario habitual y a la posible baja y alejamiento de las filas. El salario es bajo; y el rigor y los riesgos altísimos.

Pero el general Villalobos fue al lugar y está bien. Sin embargo, poco se podría esperar dada la pasividad del Gobierno y la falta de respaldo a la función que desarrolla la Institución.

Este viernes, en la zona rural de Lautaro, Novena Región, un grupo de desconocidos, que dejaron panfletos alusivos a "la causa mapuche" quemaron maquinaria forestal. Esto fue a la altura del km 651 de la Ruta 5 Sur.

Es el mismo sector por el cual los camioneros no se atreven a transitar de noche. Un transportista de Magallanes que transita por allá, señala que "ni en caravana y con protección policial es seguro viajar de noche" y que desde hace tres años esto solo empeora.

Y agrega en http://www.biobiochile.cl/2015/10/22/el-relato-de-un-camionero-de-magallanes-da-miedo-transitar-de-noche-por-la-araucania.shtml que existen grupos de extremistas a cada lado de la frontera con Argentina pues "la violencia terrorista. de frentón ya saltó de La Araucanía chilena al Chubut, Río Negro y Neuquén, se extiende hasta la provincia de Santa Cruz"

Este es un ataque contra los chilenos. No obstante, según reporta la Fundación Aitue, de acuerdo a estudios realizados, el 74% de la población mapuche de la Zona Sur (Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos)  "estima que las acciones violentistas para recuperar tierras ancestrales no son legítimas" 

"Y al consultárseles si se sienten identificados con estas acciones violentas, el rechazo aumenta  a 88,5%. A su vez, un 95,7% declara que las acciones violentas han afectado la imagen del pueblo mapuche"

En cuanto a la población general de La Araucanía el 19% considera que la seguridad es el tema que más preocupa a la Región.

Entonces, está bien que el general Director de Carabineros llegue a la zona para coordinar. Y tal vez (tal vez) pueda mudar de opinión modificando su juicio de "yo no hablaría de terrorismo" para referirse al conflicto. 
A tanto escala la impotencia, que Alberto Espina senador de RN por La Araucanía, se atrevió a pedir que se decrete el 
Estado de Emergencia por "el completo fracaso del Estado de Chile para controlar los actos de violencia y terrorismo que es reiterado"

Espina explicó que el Estado de Emergencia resulta aplicable "cuando se producen hechos que afecten el funcionamiento del Estado de Derecho y que son de tal magnitud que requieren medidas excepcionales. A esta altura es la única medida que logrará, por lo menos, contener los hechos de violencia"

Contener ... ¿querrá decir que estamos perdidos?

DespiertaChile.

viernes, octubre 23, 2015

ARAUCANÍA: ¿NO HABLARÍA DE TERRORISMO?


Cuatro violentos atentados ocurrieron en el sur, en apenas diez días. 
Un grupo de extremistas atacaron a balazos un carro policial en Cañete (martes 20). Este jueves durante la madrugada, un grupo armado incendió cuatro máquinas forestales en Angol. Pero alguien se niega a hablar de terrorismo.  
Es el nuevo general Director de Carabineros, cuyo personal en la Octava y Novena regiones, reciben las andanadas de las armas de fuego que portan los subversivos.
"Yo no hablaría de terrorismo" declaró el general Bruno Villalobos, quien sostuvo que la institución a su cargo realiza un permanente trabajo de inteligencia en la zona. Y que para él, quienes cometen estos delitos son delicuentes, en línea con los argumentos de La Moneda; Palacio prefiere hablar de "robo de madera" ...
Extraño. Porque Jorge Abbot, durante su exposición ante los senadores para asumir como Fiscal Nacional, se refirió el débil trabajo de inteligencia policial que se desarrrolla en la zona, así como de las dificultades del Ministerio Público para encausar a los escasos detenidos por estos hechos de carácter terrorista.
¿De qué otra forma se podría calificar el impune crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay?
Para colmo, el único procesado por este crimen, Celestino Córdova, fue detenido no por un trabajo de inteligencia, como aquel que elogia el jefe policial, sino que éste sujeto cayó en manos de la policía al resultar herido en la balecera, cuando quemaron vivo al matrimonio.
Los transpostistas, al marchar sobre La Moneda, lo hicieron porque el Estado de Derecho dejó de existir en La Araucanía. Porque los atentados quedan impunes y los parceleros están prácticamente obligados a abandonar sus tierras dejándolas en ,manos de "comunidades" cada vez más violentas y agresivas.
En una carta que publica El Mercurio en su edición de este jueves 22 de octubre, titulada "Terrorismo y Justicia" el abogado Miguel Otero Lathrop, recuerda que "Es un hecho, a nivel mundial, que una de las acciones del terrorismo es amenazar a los testigos, a los fiscales y a los jueces que conocen sus procesos, tanto respecto de ellos mismos como de sus familias. Es una forma para paralizar procesos (...) o lograr que las sentencias sean mínimas o se condene dejando al delicuente en libertad. Todos ellos viven en la zona terrorista"
"Nadie podría pretender que esas amenazas se ignoren (....) está en juego la seguridad de su familia que prima sobre toda otra consideración"
"En La Araucanía HAY TERRORISMO. No es del pueblo mapuche sino de una ORGANIZACIÓN TERRORISTA integrada por nativos, no nativos y extranjeros con conexiones internacionales"
Los atentados (prosigue Miguel Otero) "NO SON DELITOS COMUNES: Los delicuentes comunes persiguen lucro, no destruyen sino que se apropian de bienes ajenos. El TERRORISMO PERSIGUE OTRO OBJETIVO cual es, CAUSAR TERROR Y LO HA LOGRADO"
"De hecho El Mercurio en su edición del domingo pasado (18-X), resalta el título 'Últimos diez juicios por violencia mapuche arrojan 3 absoluciones y bajas penas' "
"¿Cómo explicar (escribe Otero), que se condene a un terrorista mapuche convicto de una serie de incendios, porte de armas y otros delitos, a cinco años de libertad vigilada prohibiéndole solamente abandonar su casa entre las 10 de la noche y las seis de la mañana? Luego de este fallo se ha producido una nueva serie de incendios y ataques a predios, casas, maquinaria y vehículos"
"La única forma de evitar esta situación es que los fiscales y jueces que tengan a cargo sustanciar estos procesos no vivan ni ellos ni sus familias en La Araucanía. En Colombia se llegó al extremo de que los jueces actuaban encapuchados para que los terroristas no pudieran ubicarlos. En Chile bastaría que los procesos que involucren terrorismo sean incoados en Santiago. No solo hay que condenar a los teroristas, hay que proteger a los testigos, fiscales y jueces y a sus familias" concluye Otero.
En Perú ocurrió algo similar a lo Colombia. Un tribunal de jueces sin rostro juzgó a los extremistas del MRTA y de Sendero Luminoso. En Chile no podría suceder porque "yo no hablaría de terrorismo".

DespiertaChile.

miércoles, octubre 21, 2015

PUNTA PEUCO Y LA CALIDAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO.


Tras el cierre del penal Cordillera durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y con mayor fuerza tras el anuncio de la presidenta Bachelet de que estaría evaluando igual medida respecto de Punta Peuco, el debate se ha centrado, a mi juicio, exclusivamente en la venganza y rédito político más que en la forma de contar con un sistema penitenciario adecuado para mantener a los condenados por violaciones a los derechos humanos en condiciones tales que el castigo sea su separación de la sociedad y no, como ocurre actualmente, su deterioro físico, psíquico y dignidad como seres humanos.
Sabemos que miles de personas están privadas de libertad en condiciones de hacinamiento, y que la rehabilitación y consiguiente reinserción social de la población penal está lejos de ser una realidad. Pero todos ellos, independiente del delito cometido y de la pena impuesta, tienen derecho a acceder a los beneficios de la Ley 18.216 sobre Penas Sustitutivas como a los beneficios penitenciarios, lo que causa mucha molestia en sus víctimas y familiares, por cuanto ven a sus agresores salir en libertad tras cumplir una parte de su condena o sin haber estado un solo día privados de libertad.
Por ello, más que buscar ventajas políticas a costa de revivir una y otra vez lo que nos divide, deberíamos coincidir en que cerrar penales es contradictorio con el discurso de mejorar nuestro sistema penitenciario y reforzar la necesidad de construir más recintos de este tipo, que nos permitan tratar a la población penal de tal forma  que los programas de resinserción se conviertan en una posibilidad y no en una eterna promesa. Es decir por nombrar tan solo un ejemplo, entender que un primerizo, si realmente queremos rehabilitarlo, no debería convivir con un experimentado narcotraficante o asesino.
Cerrar Punta Peuco puede ser muy atractivo para los políticos, pero ello, en la práctica, no resuelve nada. 
Si puede ayudar a que el resto de los penales eleven sus estándares y ampliar la red penitenciaria de forma que los condenados se sometan a programas focalizados de rehabilitación, sin perder de vista jamás que la dignidad de quienes están cumpliendo condena debe ser protegida por el Estado, independiente del crimen cometió.
Cabe agregar que quienes están condenados en Punta Peuco no son tratados como los demás sentenciados en nuestro país. Se trata de adultos mayores, que en su mayoría pasan de los 70 o 75 años de edad y, por razones más políticas que jurídicas, se les niega reiteradamente acceder a los beneficios de la Ley 18.216 y a los beneficios carcelarios o extrapenitenciarios, sin considerar su edad avanzada o que padezcan enfermedades graves o terminales, ni que sus amigos o familiares, para visitarlos, deban pasar controles más estrictos aún que el resto de las cárceles.
No estoy de acuerdo con cerrar Punta Peuco. 
Creo que seguir ahondando el odio y la división que por tantos años ha lastimado a nuestro querido Chile solo sirve a los intereses de un grupo que hoy ostenta el poder, y que ve en este tema tan doloroso para miles de familias una oportunidad para mantener abierta una herida y perpetuarse en el Gobierno, más que una política carcelaria que persiga justicia,
Marisol Turres Figueroa
Diputada UDI

lunes, octubre 19, 2015

ALVARO CORBALÁN: "NO ME PUDE DESPEDIR DE MI MADRE".




Con la anuencia del Mayor ( R )  don Álvaro Corbalán Castilla, en  mi columna de este mes, me permito difundir un escrito personal en que Él vuelca todos sus sentimientos por la defunción de su madre, señora Marta Castilla Geisse (Q.E.P.D.), ocurrido el 9 de octubre, y en el que no le permitieron poder despedirse  en el velatorio ni en el Campo Santo.
De sus palabras saque usted. sus propias conclusiones:
“Me trajiste a la vida
Y por ahora quedo aquí
Como sufro madre mìa…
Ni me puede despedir”
Mis oraciones están en retirada, han claudicado al dolor lacerante de la partida de mi madre y, como soy humano, no soporto tan dura realidad.
Tres años rogando por verla y ya, sometido a que ello no ocurriría y que le era imposible desplazarse a Punta Peuco, confié en Dios que me la tuviera viva,  el día de mi regreso a la libertad. Con complicidad de autoridades y de Gendarmería, ni siquiera me permitieron poder despedirla.
En 24 años y 10 meses de padecimientos e injusticias, esta última estoy incapacitado de comprenderla. Son muchos años que han restado a mi vida, entre barrotes y cadenas que han enjugado mis penas. No pude abrir el cerrojo cuando se fueron  mis progenitores.
Desde que tengo uso de razón, desde mi Primera Comunión y antes, he estado postrado a tus pies, a los pies de mi Salvador y hoy, aunque no quisiera llevar mi dolor con rencor, es imposible desconocer que he sido parte de un calendario inservible y, en desacuerdo con lo que ha sido tu voluntad divina, voy a pecar entrando en una sincera rebeldía. Los Militares no usamos disfraces. No puedo aparentar y se han trastocado mis creencias y rechazo lo que estoy enfrentando. Quien ha sido mi Dios está pecando conmigo. No soy yo el llamado a pedir perdón. Su palabra está siendo inconsecuente y la percibo rebatible; son muchos años sin escucharme: abandonado a mi suerte, en mi salud y en la soledad de mi celda; castigando a mi esposa, a mis hijos, a mi nieto que ni siquiera conozco.
Dios mío, es necesario un reencuentro porque estamos en crisis. No me sigas excluyendo de tu sacrificio que se supone, también, me incluía.
Las irrebatibles realidades hacen bajar el telón; no me ha sido posible subirme al tren de la fe y de la esperanza. Es más digno reconocerlo, despedirse y asumir con calma la continuidad de mis calamidades.
Ya no fui absuelto desde lo alto, siendo ignorado por el Creador, a quien, desde el fondo de mi dolor, reconociendo sus potestades, también, admito que me dejó fuera de su territorio: en remolinos desolados de mi actual hastío, en aterrizaje forzoso en una resignación inconclusa.
¿Cristo nos mira y nos ama?
Te he implorado que: asi fuera en tu religión más pura y en tu palabra. Me has dejado al garete, con un cuarto de siglo. Y en el naufragio de esta travesía, lamento no haber estado a la altura de tus expectativas, habiendo cantado, desafinado, mis atardeceres,  en una convención equivocada de mis sùplicas y rogativas que, por decenios, no fueron escuchadas.
¡Señor!  No me ha gustado esta sobrevivencia y ser responsable del daño inmerecido que le he causado a los mios.
¿No será conveniente buscar y tener un nuevo abecedario?
¡Ojala, Madre mía, en el lugar que te encuentres puedas entregárselo!
En esta adversidad descomedidas, en que incluso a los míos causo daño, me aferro a mis Principios y Valores de una vida entregada a mi Ejército y al Gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros, del que, orgullosamente, fui parte y cuya bandera no permitiré que sea arriada.
En este momento difícil en medio de tanta desazón y desaliento, pese al rigor de mi existencia, desde lo más profundo de mi alma, le digo a mi madre: ¡ Repìteme la vida!”

Eric Villena.

sábado, octubre 17, 2015

LA ARAUCANÍA: IMPUNIDAD Y VERGÜENZA.



¿De qué otra forma calificar el reciente fallo de la “justicia” que recibió el comunero mapuche Guido Carihuentro Millaleo por otro atentado en La Araucanía?
La noche de año nuevo, en la comuna de Freire, al sur de Temuco, Carihuentro Millaleo, junto a otros ocho individuos, perpetró un atentado incendiario quemando en forma sucesiva tres camiones y dos maquinarias agrícolas,  dejando a su propietario, Alejo Vielma, con el capital de toda su vida destruido.
Esa noche el cuidador del pequeño predio atacado, en un acto de defensa, repelió con disparos el ataque y dejó herido a Carihuentro Millaleo, lo que permitió su captura por parte de la policía. En el lugar se encontraron panfletos alusivos a la “causa” indígena, acelerantes en cada una de las máquinas destruidas y rastros del mismo acelerante en el comunero.
Con tanta evidencia era imposible que el imputado no recibiera una adecuada condena, más aún si no prestó colaboración en la investigación.
Pero sucedió lo que en La Araucanía ya ha pasado tantas veces. El fallo de la justicia determinó la culpabilidad del imputado, pero decidió que no pasará ni una sola noche preso, quedó libre y salió caminando del tribunal, que además  determinó  que el daño causado, avaluado en 160 millones de pesos, debía repararlo con un pago de quinientos mil pesos. Sí, leyeron bien: apenas medio millón.
Estas noches el autor el atentado podrá dormir tranquilo en su casa y podrá compartir libremente con los otros autores del ataque incendiario, mientras que la víctima deberá desvelarse para ver cómo cancela a los bancos el valor de sus máquinas que hoy son fierros retorcidos. ¿Qué pasa con la justicia en nuestro país?
Lo peor de todo es que los atentados siguen sin control. En los últimos días han ocurrido diferentes ataques incendiarios en La Araucanía, uno de estos en un predio vecino a donde asesinaron a los Luchsinger-Mackay. No es descabellado pensar, considerando que la gran mayoría de los criminales que mató al matrimonio de ancianos está libre (ni siquiera han sido identificados), que los autores de los últimos actos violentistas sean los mismos. Y aun así, pese a la constante amenaza bajo la que viven agricultores, pequeños parceleros, transportistas y tantos más, esta justicia se permite dejar en libertad al comunero Carihuentro Millaleo. Es descarada la impunidad de la que gozan estos delincuentes. Es incomprensible, casi un insulto a las víctimas. Y lamentablemente, mientras los jueces sigan sin hacer lo que corresponde (condenar sin indulgencia ni privilegios), me atrevo a decir que, a la vergüenza del fallo que permitió a Carihuentro Millaleo estar hoy en su hogar, hay que agregarle inmoralidad y cobardía.
Alejandro Martini I. 
Movimiento Paz en La Araucanía.

jueves, octubre 15, 2015

¿QUÉ LES ESPERA A LAS FF.AA.?


A diferencia de todos los demás políticos, los comunistas no necesitan imaginación. Cualquier cosa que propongan, por inverosímil que parezca, resulta coherente con su intención de correr las fronteras del sentido y de la acción. Así van demoliendo las instituciones.

Es lo que ha hecho el diputado Gutiérrez, del PC, con su indicación al proyecto de ley de partidos políticos, por la que pretendía que los miembros de las FF.AA. pudiesen militar en las diversas colectividades. La iniciativa no fue votada y después fue retirada. Pero eso importa poco.

Lo que sí interesa es la señal: sea cual sea el mecanismo que el Gobierno logre poner en práctica para cambiar la Constitución, uno de los temas de mayor interés para las izquierdas es justamente el de las Fuerzas Armadas.

Por razones históricas e ideológicas, no las van a dejar tranquilas.

Ante todo, intentarán cambiar la definición de su papel en la vida de la República. No faltarán quienes promuevan una institucionalidad en la que las FF.AA. estén reguladas del modo en que las concibe la Constitución venezolana, incluyendo tareas de "mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional", es decir, con una clara dimensión política.

Eso implicaría un cambio en su integración, incorporándoles un cuarto cuerpo, la Guardia Nacional, como lo consagra la Constitución venezolana. Si ya hubo en Chile Guardia Cívica en el XIX y milicias republicanas en el XX, argumentarán desde la izquierda: ¿por qué no poder sumar ahora otro cuerpo?

También se verá afectada la estructura de mando, porque hace ya mucho tiempo que se viene intentando convencer a nuestros uniformados de la supuesta bondad del mando conjunto, haciendo así mucho más fácil el control político de las FF.AA.

En el trasfondo de esas dos cuestiones se discutirán también los vínculos entre las FF.AA. y sus miembros. Se nos dirá que como son, en realidad, agrupaciones de ciudadanos, quienes las integren no deben verse restringidos en ninguno de los derechos que los civiles tenemos en plenitud: sindicalización, asociación en otras materias (como la propuesta por Gutiérrez), petición pública, reunión, sufragio ilimitado, etc. Lo importante será ir disolviendo los estrictos lazos de jerarquía y subordinación que han explicado la excelente disciplina en nuestras FF.AA. Justamente cuando aquellos vínculos se han deteriorado -como en el movimiento militar de 1924 o en la sublevación de la escuadra en 1931- ya sabemos a dónde han ido a parar su eficacia y su prestigio.

Estarán también en la mira de las izquierdas las regulaciones sobre la autocomprensión histórica de las FF.AA.; es decir, el modo en que ellas podrán o no escribir su propia historia y la de Chile; la modificación de sus tradiciones a través del cambio de uniformes, ritos, símbolos y ceremonias; la intervención en sus políticas de admisión para que dejen atrás criterios considerados elitistas; la obligación de establecer criterios disolventes en la formación de sus miembros en materias éticas e intelectuales; en fin, la prohibición de todo tipo de actos de culto religioso a los que se definirá como discriminatorios. No le tienen mucha simpatía a la presencia de la Virgen del Carmen en cuarteles y unidades.

Por cierto que la discusión será apasionante, porque tocará una de las fibras más íntimas del ser nacional, guerrero desde sus orígenes, pero, además, tendrá una connotación decisiva para el futuro de las libertades en Chile.

Bueno, pero quizás los cambios no se formulen a nivel constitucional y se vayan haciendo de modo más sutil... solo a través de una glosa presupuestaria.

Mientras los comunistas dominen la estrategia, todo es posible.

Gonzalo Rojas Sánchez.

martes, octubre 13, 2015

BACHELET: VENI, VIDI, VICI.


¿Qué ocurrió realmente en el reservado encuentro que celebró esta semana la Presidenta Michelle Bachelet, flanqueada por varios de sus ministros, con influyentes empresarios en el Centro de Estudios Públicos (CEP)? Versiones fragmentarias de la reunión con motivo del 35 aniversario de la institución han emergido estos días -y seguirán apareciendo en los próximos-, pero la impresión inicial de uno como ciudadano es que no le corresponde conocer los contenidos de esas conversaciones.

No hay duda: condición esencial de toda negociación política es guardar la discreción sobre cómo se negocia y por eso a menudo la política es aquello que no se ve o se disimula. También sabemos que en política triunfa quien impone ante el país su relato de las cosas, algo en lo cual aquí la izquierda muestra mayor pericia histórica que la derecha. Pero si en etapas de normalidad republicana la discreción en torno al diálogo político entre protagonistas relevantes de la polis no genera extrañeza, en una crisis de credibilidad generalizada como la que atravesamos, la discreción acrecienta la desconfianza ciudadana.

En una coyuntura en que los partidos políticos cuentan con 3% y el Congreso con 6% de aprobación, en una etapa en que la interacción entre dinero y política despierta condena mayoritaria, y las denuncias de corrupción alcanzan incluso a la familia presidencial, es cuando más urgente e ineludible se torna la transparencia de este tipo de reuniones, en las que muchos huelen que se tratan temas que conciernen a todos. Quienes tienen especial responsabilidad en la tarea de recuperar la salud de la república mediante gestos convincentes y medidas adecuadas no pueden seguir cometiendo este tipo de errores. Al parecer, muchos se muestran renuentes a extraer consecuencias.

¿Qué ha trascendido al país del encuentro? Hasta ahora poco: Algunas declaraciones generales del portavoz de gobierno, varias versiones parciales de fuentes anónimas, ciertos rumores y especulaciones. Y también voces que destacan ante la prensa que la Mandataria está de "buen humor", goza de salud, "chacoteó", vio rebosantes de juventud a los empresarios, y a CEP como una agrupación difícil de confundir con el "Club de la Pequeña Lulú" (la aseveración política más sólida de los trascendidos, a mi juicio). Además, nos enteramos que Bachelet destacó la importancia de preservar el diálogo (práctica imprescindible en una democracia) y garantizó el derecho a la propiedad privada (lo que demuestra en qué etapa estamos como país).

A juzgar por la escasez y vaguedad de las versiones sobre la reunión así como por las opiniones de políticos, que tampoco disponen de conocimiento sobre lo tratado, uno tiene la impresión de que los empresarios no aprovecharon la oportunidad para reiterar las inquietudes y los temores que manifiestan en ámbitos públicos sobre la marcha económica y el impacto de las reformas oficialistas. Más difícil aún de entender es que hayan aceptado sin examinar con minuciosidad -estamos hablando de trascendidos- la seguridad que supuestamente les entregó la Mandataria sobre la ruta que tomará el debate sobre la reforma constitucional. La interrogante que surge de inmediato en este sentido es la de cómo un presidente puede anticipar el derrotero de un debate constitucional masivo, libre y soberano.

Sea que la Mandataria se haya propuesto hacer un gesto apaciguador al empresariado en un momento en que las perspectivas económicas pintan mal, o solo transmitir a la población disposición al diálogo, lo cierto es que Bachelet ganó en toda la línea en su visita al CEP. La impresión que dejó en el país es que bromeó de lo lindo en el Olimpo empresarial, llamó a sus asistentes a no ser estridentes en la crítica, les prometió que los escuchará con atención, y como corolario les advirtió que continuará con el programa de reformas.

Podremos seguir sin enterarnos de qué ocurrió efectivamente en el CEP, pero lo cierto es que para las personas corrientes la impresión es una: Bachelet manifestó allá sus puntos de vista, permitió cinco preguntas, se retiró con una gran sonrisa y repartiendo besos y, en esto coinciden todos, tras un aplauso cerrado. Hábilmente, la Presidenta logró plantear lo suyo en el CEP y su gente hacer trascender afuera un relato general sobre lo acaecido, lo que probablemente tendrá efectos en la discusión política contingente y próximas encuestas. Como Julio César después de la batalla de Zela, Michelle Bachelet puede decir: "Veni, vidi, vici".


Roberto Ampuero.

domingo, octubre 11, 2015

"CARROZA POR AHORA NO ME ENCARCELÓ".


Desde distintos puntos del país e incluso del exterior he recibido manifestaciones de preocupación por haber sido citado a declarar por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, siguiendo órdenes del ministro Carroza. Comunico entonces urbi et orbi que sorteé el trámite y quedé posteriormente libre, por contraste con numerosos uniformados que sin haber estado tampoco en el lugar de los hechos ni haber participado en ellos, purgan extensas condenas. En particular he analizado en este blog el caso del  brigadier (r) Miguel Krassnoff y del almirante (r) Raúl Cáceres, que habiendo estado, respectivamente, organizando los aspectos de seguridad con motivo del “abrazo de Charaña”, en Bolivia y asumiendo su nueva destinación en Valparaíso, fueron condenados, el primero, por la muerte de la mirista Diana Arón en la misma fecha en Santiago y, el segundo, por el “secuestro permanente” del extremista Rudy Cárcamo en Talcahuano. Como yo tampoco estuve presente en la muerte o captura de nadie hace cuarenta años, mis relaciones temían  que hubiera sido privado de libertad por el nuevo delito creado por la judicatura chilena de “no haber estado ahí” y condenado a cinco o diez años, como los oficiales antes nombrados. Afortunadamente, la citación que recibí tenía un motivo mucho más baladí, y por el momento estoy en libre plática.

          Pues el motivo de ser llamado a declarar ante la PDI, en el proceso contra civiles que sustancia el ministro Carroza, era la aseveración del abogado querellante Eduardo Contreras, en un escrito presentado en el proceso, de que en una entrevista a “La Segunda” yo me referí a un documento que en 1973 llamaba a las fuerzas armadas a poner “inmediato término” a las circunstancias que se estaban viviendo. Y el detective que me interrogó me instó, entonces, a identificar ese documento, que para Contreras era, al parecer, una prueba fehaciente del ánimo conspirativo de los civiles a los cuales persigue procesar y condenar.

          Por supuesto, sólo ilustra la ignorancia del citado abogado el hecho de que tal documento fuera ni más ni menos que el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, aprobado por 81 votos contra 47 y que demandaba de los comandantes en jefe una acción para, precisamente, poner “inmediato término a las situaciones de hecho referidas”, que eran las creadas por las ilegalidades e inconstitucionalidades cometidas por Salvador Allende y que el Acuerdo pormenorizó. Puede leerse en Google.

          Debo añadir que en 1973 y en mi condición de diputado, me cupo la honrosa tarea de colaborar en la preparación del texto del Acuerdo, cuyo inspirador y redactor principal fue el ex ministro Enrique Ortúzar Escobar. El borrador redactado por él fue corregido, primero, por el senador Francisco Bulnes Sanfuentes y, posteriormente, por el senador y a la sazón presidente de la DC, Patricio Aylwin Azócar, estrechamente asesorado por el diputado Claudio Orrego Vicuña. Posteriormente fue sometido a la Cámara, que lo aprobó por el margen de votación señalado más arriba.

          Todo el mundo estuvo de acuerdo en que ese instrumento fue un llamado de la mayoría democrática a deponer a Allende, no obstante lo cual mi colega diputado y amigo Bernardo Leighton, tras haberlo votado a favor, no tuvo inconveniente, después del once, en suscribir un documento de trece (y sólo trece) democratacristianos oponiéndose al pronunciamiento.

          Entregada esta explicación y otras a los funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, quedó satisfecha la inquietud del querellante Eduardo Contreras, que seguramente, a raíz de ello, ahora deberá hacer extensiva su querella contra todos los civiles que votaron a favor el Acuerdo de la Cámara y quienes preparamos su texto, siempre que estemos vivos, que es el caso de don Patricio Aylwin y mío. Ambos entonces diremos, como debe estarlo haciendo el ex Comandante en Jefe, general (r) Juan Emilio Cheyre hoy, también finalmente alcanzado por el brazo prevaricador de la justicia de izquierda, "no preguntes por quién doblan las campanas, porque están doblando por ti".

Hermógenes Pérez de Arce.

viernes, octubre 09, 2015

EL LARGO BRAZO DE LA PREVARICACIÓN.


Ella al fin llamó a mi puerta. Puedo parodiar al Pastor Niemöller de tiempos de Hitler: primero vinieron por los militares que enfrentaron a los terroristas, pero yo no los había enfrentado; después vinieron por los militares que “estaban ahí”; pero yo no era militar ni había estado ahí; después vinieron por los civiles que colaboraron con los militares, pero yo no había colaborado; entonces ahora vienen por mí. Pues recién recibí una citación de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI ordenándome presentarme en su cuartel, por orden del ministro en visita Mario Carroza.
 
          Este ministro es el que reabrió un proceso que ya estaba cerrado por sentencia ejecutoriada, que produjo el efecto de cosa juzgada hace casi treinta años, relativo a hechos prescritos y, por tanto, jurídicamente imposibles de volver a ser juzgados. Esta doble prevaricación ha tenido la virtud, sin embargo, de revivir mi fe en el pueblo de Chile, porque nueve de once ex conscriptos de 1986, hoy día injustamente presos por esos hechos desde hace semanas, han mantenido heroicamente las versiones que prueban la inocencia de sus superiores en el “caso quemados” y uno de ellos ha tenido la entereza de revelar que accidentalmente fue él quien quebró uno de los recipientes explosivos que portaban los extremistas Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, a raíz de lo cual estos últimos resultaron severamente lesionados.
 
          Sólo dos conscriptos de once defeccionaron. Han recibido prebendas y están libres. Pero esos otros nueve que se han mantenido firmes y leales permiten pensar que no todo está perdido. Quienes han conversado con ellos me han expresado admiración por su coraje y entereza moral, pese a estar hoy, junto con sus familias, sufriendo penurias materiales como consecuencia de la prevaricación judicial (han perdido sus trabajos).
 
          Como el ministro que me está citando ha probado reiteradamente burlarse del derecho, cualquier cosa me puede suceder. Hace poco mandó incomunicado a un militar que le representó el tono prepotente en que era tratado. Y no sólo hay actualmente no pocos condenados por el solo hecho de “haber estado ahí”, en circunstancias hoy amnistiadas, prescritas y ya juzgadas, sino que incluso los hay presos sin siquiera haber “estado ahí”, como el caso del oficial de marina Cáceres, que había sido trasladado del cuartel “Ancla 2” de Talcahuano cuando se perdió, hace más de cuarenta años, el rastro de un extremista allí preso.
 
          Y yo mismo vi, participando en el programa “El Informante”, de TVN, al ministro sumariante Alejandro Solís, aseverar que numerosos testigos habían acusado al entonces teniente Miguel Krassnoff de aparecer con las manos ensangrentadas, tras dar muerte a la mirista Diana Arón, también hace cuarenta años, diciendo en voz alta: “¡Y además de terrorista era judía!”. Esto supuestamente ocurría el 19 de noviembre de 1974, pero  quedó acreditado en el proceso que a esa fecha el teniente estaba en comisión de servicio en el extranjero en actividades de seguridad y coordinación de la reunión de Presidentes que dio origen al “Abrazo de Charaña”. El juez Solís –que nunca interrogó a su víctima predilecta, Krassnoff, hasta el último día antes de su retiro por cumplir 75 años de edad, en que lo hizo “para conocerlo”— estimó que las legiones de testigos falsos que contradecían el certificado oficial establecían “presunciones fundadas” de culpabilidad y le impuso 15 años de presidio.
 
El código le ordenaba a Solís investigar con igual celo las circunstancias que establecían la responsabilidad como las que la desechaban, pero él no investigó nada acerca de la presencia de Krassnoff en Charaña y sí validó la versión de los jureros rojos.
 
          “La dictadura judicial –escribió Tocqueville— es la peor de todas, porque es la única que no tiene remedio”.
 
Yo estoy cierto de que “no estaba ahí” en sea lo que fuere para lo cual me cita el ministro Carroza, pero tampoco el marino Cáceres ni el militar Krassnoff “estaban ahí” y sin embargo purgan condenas (que tal vez sean de por vida) en Punta Peuco. ¿Por qué yo no podría correr la misma suerte? Donde no hay estado de derecho a cualquiera le puede pasar.
 
          Me he estado interesando en los beneficios carcelarios que se deniega a los Presos Políticos Militares (salida dominical, salida de fin de semana, salida diaria, libertad condicional). Se da la paradoja de que a quienes se declaran inocentes, porque están convencidos de serlo, la autoridad penal les deniega el beneficio por “no dar señales de arrepentimiento”. Esto es digno de “El Proceso” de Kafka. Para la singular justicia chilena actual es más grave ser inocente que culpable, porque en el segundo caso el arrepentimiento confiere derechos.
 
          Así, confeso del delito de “no haber estado ahí”, supongo que cualquier cosa me puede suceder. También estoy consciente de que nada harán ni nada dirán los “cómplices pasivos” de esta situación, cualquiera sea su desenlace, en particular el Colegio de Abogados, cuya revista se negó a publicar mi artículo denunciando una condena por “no haber estado ahí" y la penalización de un “secuestro permanente” no probado (“ficción jurídica”, Solís dixit, lo que le valió el premio de un “pituto” vistoso: Jefe del inmediatamente creado para él Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa). Véase ese artículo mío en la edición del 27 de marzo último de este blog.
 

          En fin, sepa el país que lo mantendré informado. Salvo que también sea amordazado.


Hermógenes Pérez de Arce.

martes, octubre 06, 2015

BACHELET, LUCHO JARA Y DON FRANCISCO: CADA DÍA PUEDE SER PEOR.


Aunque hay que admitir que en situaciones desesperadas se tomen decisiones desesperadas, las apuestas político-comunicacionales de la Presidencia no dejan de sorprender. ¿Cómo, si no, interpretar a la Presidenta de la República anunciando y explicando en programas de entretención, faranduleros, cuestiones de Estado?
La primera vez ocurrió en el programa de Don Francisco, en mayo, cuando entrevistada por este antiguo animador y agotado rostro, Bachelet le comunica que pidió la renuncia a todo su equipo ministerial. Sin decoro republicano alguno, la Presidenta anunció la primicia a una cara del espectáculo que representa la pantalla chilena de los 80 y a una época que ya llegó a su final. Y ahora, en septiembre, Bachelet lo hizo de nuevo. Esta vez aclaró asuntos de Estado con Lucho Jara. En el matinal ‘Mucho Gusto’, ante una sobreactuación relamida del animador, la Presidenta se manifestó respecto de los rumores que han puesto en duda su estado de salud y negó que fuera a renunciar, pronunciándose así públicamente frente a un intríngulis de la elite.
¿Qué explica que asuntos de Estado sean aclarados por la propia Presidenta en programas de entretención? ¿Qué clase de apuesta comunicacional es esa que opta por lo magazinesco para enfrentar temas de alto calibre político?
La Presidenta tiene hoy un gran problema: ha perdido en cuestión de meses, de manera fulminante, casi todo su capital político. El mismo capital que salvó a la Concertación, que le permitió a la coalición acceder a La Moneda nuevamente y que se condensaba en su figura, se desplomó –seguramente de modo inevitable– en cuestión de meses. Sintonía y empatía con amplios sectores de la ciudadanía, especialmente con los sectores populares, esos son los dos conceptos que resumían la naturaleza de dicho capital político; es decir, un capital construido sobre atributos blandos.
Hoy, con una creciente politización ciudadana, apostar por la banalización de la política en programas de farándula ya no resulta como apuesta de reafirmación política, ni genera empatía; antes, bien, dudas y falta de credibilidad. Apuestas comunicacionales que en otro momento pudieron funcionar, son percibidas hoy por la ciudadanía como decadencia comunicacional, pues las camisas de fuerza para pensar críticamente se han ido soltando.
Y ese desplome indica a los equipos presidenciales el objetivo del desafío político-comunicacional actual: recuperar las bases sobre las que se construyó su liderazgo, volver a sintonizar con la ciudadanía y recuperar, todo lo posible, empatía popular –o, al menos, detener la caída–. Sin esos atributos blandos, la Presidenta no vale más que el 20% promedio que todas las encuestas le atribuyen.
Pero la ecuación que los equipos hacen es errada: creen que aparecer en programas que gozan de alta audiencia en los sectores populares producirá sintonía con el pueblo, que sincerarse con animadores que generan empatía de audiencia, producirá transferencia de empatía política. Confunden así puntos de rating con adherencia y apuestan por una sintonía que no es transferible de la televisión a la vida cotidiana real.

Este modo comunicacional de encarar la búsqueda de sintonía popular da cuenta, a su vez, de la efectiva falta de sintonía del Gobierno con la realidad nacional. El contexto hoy es otro al que ha enfrentado la gobernanza concertacionista en los últimos 25 años, cuando, efectivamente, apuestas de marketing político como estas arrojaban mejores resultados. Pero existe hoy una gran diferencia que la elite no quiere asumir y que el bloque de poder no sabe cómo enfrentar: los/las chilenos/as hemos vuelto a hablar de política.

Efectivamente, las mismas encuestas que demuestran el desprestigio y deslegitimidad de la clase política, también ofrecen otro dato, menos comentado: la política ha vuelto a las calles, a las aulas, al living de la casa. El último Informe PNUD (2015), que reúne tres años de estudios cualitativos y cuantitativos sobre el país y que se denomina justamente “Los tiempos de la politización”, destaca, por ejemplo, que el 76% de los chilenos considera muy importante “estar siempre informados acerca de lo que pasa en el país”.
Apuestas comunicacionales que en otro momento pudieron funcionar, son percibidas hoy por la ciudadanía como decadencia comunicacional, pues las camisas de fuerza para pensar críticamente se han ido soltando, tal como todas las encuestas lo reafirman. Y ante un nuevo contexto, necesariamente, hay que innovar en los discursos y en la comunicación.
Pedro Santander.
El Mostrador.