sábado, mayo 30, 2015

LA COBARDÍA DEL INTENDENTE.


En los albores de la teoría liberal clásica se asegura que la legitimidad de un gobierno pasa por su función de defender la propiedad privada de los ciudadanos. Es más, el gobierno se conforma debido al interés de los ciudadanos a defender su propiedad. Esto por supuesto que implica que toda la teoría sociopolítica anclada a la idea de que el gobierno produce «lo social» o «lo político» es una entelequia. Por eso, debemos señalar que el señor intendente de la Región Metropolitana no es un buen gobernante porque se ha esforzado en demostrar que no le importa en lo más mínimo la propiedad de los ciudadanos de su región. Esto ha tenido máxima expresión en permitir una marcha para ayer a las 20:00 hrs.
(Pido disculpas por el provincialismo de esta reflexión pero invito al lector a analizar con los mismos criterios que señalo a continuación a su propio intendente).
A Orrego no le interesa cómo se transportan los ciudadanos. La indiscriminada imposición de vías exclusivas, las construcción de ciclovías cuyo excesivo ancho impide el libre y fluido tránsito de automóviles, la crítica culposa al uso del automóvil que hace cada vez que tiene oportunidad, y el funesto acto de permitir la marcha en la noche —sabiendo que los trabajadores, a causa de un pésimo sistema de transporte público, llegan a esas horas a sus casas— son evidentes señales de desinterés por este aspecto.
A Orrego no le importa el contingente policial, herramienta de la protección de la propiedad. Debido a que está oscuro y eran tres (!) marchas las fijadas para ayer, Carabineros muy probablemente se verá sobrepasado para cautelar que no haya desmanes. Pero, claro, el intendente le exige públicamente orden y seguridad a la policía.
A Orrego no le preocupa la propiedad de los empresarios del sector. Sabiendo que las marchas son muchas veces caldo de cultivo para hechos delictuales no ha siquiera escuchado a quienes pagan patentes todos los años para que los dejen trabajar en paz. Ellos son los más preocupados porque saben que la probabilidad de sufrir daños es alta.
A Orrego no le preocupa la gente que vive en los sectores cercanos a las marchas. (¿Sabía usted que hay ciudadanos que viven en el barrio República? No son solo universidades). Esas personas viven con el hedor de las bombas lacrimógenas cada vez que las marchas acaban en Echaurren o Avenida España. Eso sin contar el daño producto de la acción del carro lanza agua, los neumáticos quemados, los piedrazos, etc.
El intendente es un cobarde. No es capaz de gobernar la región. A Orrego lo gobierna la masa y eso no es democracia. Orrego es la expresión de la tiranía del irrespetuoso en el espacio público, del que cree que el progreso lo hace la calle que grita la demanda que está de moda y no los acuerdos y la civilidad. Orrego es artífice de la tiranía del que grita más fuerte.

Jean Masoliver Aguirre.
Cientista político
Investigador Fundación para el Progreso

jueves, mayo 28, 2015

LA ARAUCANÍA: SIN PRIORIDAD EN LA AGENDA DEL GOBIERNO.


LA ESCUETA referencia a la necesidad de “erradicar fuentes de conflicto y avanzar hacia la paz social”, contenida en el mensaje presidencial del 21 de mayo, constituye un evidente reflejo de la mínima prioridad que la actual administración asigna a la crisis de seguridad ciudadana por la que atraviesan La Araucanía y, de manera creciente, las regiones colindantes. 
Los hechos delictuales e, incluso, de carácter terrorista que protagonizan grupos violentistas que se refugian en una supuesta reivindicación de derechos indígenas, han aumentado de la mano de una política gubernamental que se aferra a la entrega de tierras como una solución que, contrario del objetivo que se persigue, no hace más que incentivar las tomas y las presiones sobre los legítimos propietarios de esos terrenos.
Esa realidad, no obstante, resultó insuficiente para evitar que, en el marco de los escasos minutos que la Presidenta dedicó al problema en La Araucanía, se recurriera nuevamente a la entrega de tierras como manifestación de los supuestos avances de la estrategia del Ejecutivo, “con más de 466 millones de metros cuadrados de territorio fiscal entregado a personas y comunidades indígenas”.
Con toda seguridad, los moradores de esa casa patronal incendiada esta semana por desconocidos en Lanco, quienes apenas alcanzaron a huir de las llamas, esperaban más del mensaje. Al igual que el resto de la comunidad regional, incluyendo a la mayoritaria población indígena que convive y ejerce su ciudadanía de forma pacífica, son testigos del clima de inseguridad y del consecuente deterioro en sus condiciones de vida. Pero en lugar de medidas concretas en contra de estos grupos violentistas o, de al menos, una señal de respaldo o comprensión, terminan recibiendo por parte de las autoridades nacionales una incipiente propuesta de seguro que trataría de resarcirles eventuales pérdidas materiales.
Evidentemente, esa respuesta del Estado no está a la altura del problema. Las consecuencias de la violencia o de la delincuencia no se atacan con un seguro para cubrir necesidades materiales de las potenciales víctimas. Además de la acción decidida y bien respaldada de las fuerzas de orden y seguridad, se requiere un esfuerzo de inteligencia que permita identificar los grupos violentistas, actuar de manera proactiva y contar con las pruebas necesarias para el trabajo de la Justicia. Por cierto, nada de ello guarda relación con eventuales políticas que la autoridad pretenda desarrollar en favor de los pueblos originarios.
La irrelevancia del problema en La Araucanía y alrededores que reflejó la cuenta pública de ayer, lamentablemente sólo vino a confirmar la negativa percepción de una comunidad local que, luego del cambio del ministro del Interior, también esperaba una definición más contundente ante el problema de seguridad pública en la zona. El jefe de Gabinete debió aprovechar sus primeras semanas al frente de esta cartera para enfatizar la importancia de la seguridad ciudadana y promoverla como punto central del mensaje presidencial.
De no mediar un giro radical en esta limitada estrategia estatal, que deposita majaderamente su confianza en la entrega de tierras, el país corre el riesgo de que se vuelvan a cometer actos terroristas como el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. Esta semana, de hecho, estuvo cerca de ocurrir un hecho de esas consecuencias.
Editorial Mercurio.

martes, mayo 26, 2015

EL BOOMERANG DE LA CORRUPCIÓN.


Finalmente ocurre -como en las tragedias griegas- lo que tenía que ocurrir: caen uno a uno los ministros y los jefes de servicio cuya mantención en los cargos que ostentaban era cada día más insostenible. Si consideramos la magnitud de la crisis así como la entrega oficial de propuestas por parte de la Comisión ad-hoc, hace ya dos semanas, el elástico, en lo que respecta al Jefe de Impuestos Internos, se estiró al máximo. Mantenerlo más tiempo en su cargo era impresentable y su caída, después del mea culpa del Ejecutivo, era -salvo mediación de algún arrebato esquizofrénico- previsible.
El jefe de Servicio, sin duda, estaba en la primera línea de fuego. No obstante su remoción, nada dice que tiene que haber sido necesariamente el último en caer. El Ejecutivo que descorchó cuando se destapó el Caso Penta fue sorprendido, al decir de Putin, por el “efecto boomerang”. Aún se verá si la advertencia del jefe de estado ruso a Occidente por las sanciones aplicadas a raíz de la crisis de Ucrania -atizada por él mismo- se materializa, aunque nada parece indicar que será así. En Chile, en cambio -esto sí es una certeza-, el “boomerang” volvió antes de lo previsto y con una fuerza inusitada a azotar las huestes gobiernistas.
La afirmación de que la corrupción “llegó para quedarse” no es necesariamente alarmista y es mejor tomarse los peligros del flagelo en serio. Lo anterior exige explicaciones a las preguntas más básicas: ¿qué pone en riesgo y qué destruye la corrupción? Las respuestas son, sin duda, múltiples. Es un lugar común decir que primero corroe las instituciones y la confianza y que finalmente destruye el tejido social y la democracia. Son poderes fácticos los que terminan operando.
Desde una perspectiva global hay, entre otras, dos experiencias que vale la pena mencionar. Un caso es el de Italia, donde la corrupción institucionalizada, a través de un clan mafioso que ha hechado raíces, es virtualmente imposible de desarraigar. Italia, sobre todo el sur, lleva 100 años en eso y los efectos son conocidos: depresión económica y pobreza de la población, servilismo a los clanes mafiosos y la peor violencia imaginable. Roberto Saviano lo muestra con meridiana claridad en su espeluznante “Gomorrha”. Es, sin duda, un caso extremo, pero merece ser tomado en cuenta. El segundo es el de países africanos o asiáticos que se ubican en la parte más baja de los índices de percepción de corrupción. Ahí donde campea la corrupción campea la pobreza. No por nada se instalan en las últimas posiciones Somalía, Afganistán, Sudán y Corea del Norte. Venezuela se acerca a este grupo. El pago de coimas en vez de competitividad transparente, regímenes dictatoriales en vez de institucionalidades y sociedades robustas y probas son, entre otros, caldo de cultivo ideal. Que nuestras autoridades, tanto ejecutivas y legislativas como regionales y comunales, tomen nota de los resultados de la degradación sostenida en el tiempo.
Tomás Villarroel
Investigador Fundación P!ensa.

domingo, mayo 24, 2015

ATROPELLO A LAS LIBERTADES EN VENEZUELA.


El arraigo impuesto por el gobierno a 22 personeros de tres medios de comunicación es otra muestra de flagrantes violaciones a la libertad de expresión.




EL REGIMEN venezolano ha continuado con su campaña de hostigamiento e intimidación hacia los escasos medios de comunicación independientes que han logrado sobrevivir en Venezuela, cuya resistencia a estas alturas puede calificarse de heroica. La última de las asonadas fue una inédita resolución judicial, que impuso orden de arraigo a 22 directivos y representantes de El Nacional, Tal Cual y el medio digital La Patilla, bajo el cargo de haber reproducido información -publicada por el ABC de España- que vincula a actividades de narcotráfico al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Este último presentó una demanda judicial en contra de dichos periódicos, la que fue prontamente acogida por el poder judicial, dictaminando esta medida cautelar, sin siquiera notificar de ella formalmente a los afectados. No hay claridad de cómo pueda evolucionar el juicio, pero en un país donde los tribunales están completamente capturados por el gobierno, parece improbable que se den las mínimas condiciones para un juicio imparcial.

Este nuevo ataque del gobierno constituye una flagrante violación a la libertad de expresión y a las garantías ciudadanas esenciales, lo que no hace más que confirmar el peligroso camino hacia el que está transitando el régimen chavista, que en los hechos está actuando con métodos dictatoriales no obstante que en las formas se presente como una democracia. La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) ha formulado una dura condena por la situación acontencida con los 22 personeros.  “Muestra una vez más cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento de poder político”, señaló el presidente de la SIP. También ha explicado que el proceso judicial es un abierto desafío a lo que ha dictaminado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha señalado que los medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios y que no han sido legalmente cuestionadas.

Sorprende el silencio que la comunidad de países de la región y sus respectivos organismos internacionales han mantenido respecto de este caso. La falta de condena decisiva ante la violación manifiesta de la carta democrática de la OEA no hace más que alimentar la escalada de sistemáticos atropellos en que ha incurrido el gobierno venezolano, tanto hacia los medios de comunicación como hacia las fuerzas de oposición. No podría ignorarse que sus principales líderes -el alcalde de caracas, Antonio Ledezma, y Leopoldo López- se encuentran ilegalmente detenidos en una prisión militar, cuya formalización de cargos ha sido inexplicablemente dilatada. Tal circunstancia ha motivado que el propio ex premier español, Felipe González -quien declaró a este medio que Venezuela “está en una situación crítica en cuanto a libertades”-, haya asumido la defensa internacional de ambos prisioneros, a lo cual se han sumado otros ex mandatarios de la región, quienes han levantado una enérgica voz de protesta.

La SIP ha dado cuenta en diversos informes sobre el progresivo deterioro de la libertad de expresión en América Latina, ya sea por la dictación de leyes que favorecen la censura, o por acción directa de los gobiernos mediante el amedrentamiento de periodistas, estatizando medios o privando a estos últimos de insumos básicos para su normal funcionamiento. Venezuela es el caso más ominoso, pero ciertamente no el único. Al coartarse la libertad de informar e impedir el rol de fiscalización del poder que ejerce la prensa libre, inevitablemente se resienten las bases mismas de la democracia.

Editorial Mercurio.

viernes, mayo 22, 2015

LA ARAUCANÍA, PATEANDO EL PROBLEMA.


Señor Director: 

La violencia en el sur de nuestro país se está saliendo de control; a la impunidad con la que actúan los grupos violentistas se suma una creciente tendencia a la autodefensa por parte de los afectados, ante la nula voluntad de las autoridades para hacer respetar el Estado de Derecho. Estamos a las puertas de una fase explosiva, semejante a lo que ha sucedido en otros países.

El subsecretario Aleuy dice que no se va a comprar más tierras para entregárselas a los violentistas, pero entonces ¿por qué el Gobierno lo sigue haciendo?

Compartimos sus críticas al sistema judicial, pero entonces ¿por qué el Gobierno otorga administrativamente beneficios inaceptables en el régimen carcelario a condenados por asesinatos en esta región?

Estamos de acuerdo con las críticas del subsecretario y del intendente en contra de algunos procedimientos de la Conadi, pero entonces, ¿por qué desde el propio Gobierno se presiona a Conadi para que apure las compras de tierras para comunidades que utilizan la violencia?

La Subsecretaría del Interior promueve un acuerdo regional, pero ¿por qué son los propios senadores de gobierno quienes obstaculizan que avance?

El intendente regional dice reiteradamente que el Gobierno central no le toma el peso a este grave asunto y desliga la responsabilidad en La Moneda.

¿Qué capacidad de liderazgo político hay en nuestra región, para que al menos exista una reunión donde estén reunidos todos los parlamentarios? Ninguna.

Enfrentamos un irritante e impúdico cuadro de contradicciones, en que se dice una cosa y se hace lo contrario.

Y para coronar este cuadro, en forma inexplicable, la Presidenta de la República sigue absolutamente ausente de nuestra región, mientras se cometen los mismos errores de siempre, malgastando millonarias cifras en compras de tierra que aumentan el problema día tras día.

El sur de Chile, y particularmente la Región de La Araucanía, se está convirtiendo en un polvorín, mientras las autoridades políticas y las instituciones del Estado desde hace años esconden la cabeza como el avestruz y tratan de patear el problema hacia delante, con una frivolidad por la que algún día tendrán que responder.

Angélica Tepper K.
Presidenta Multigremial de La Araucanía 
El Mercurio.

miércoles, mayo 20, 2015

SENADOR NAVARRO Y LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA DESGRACIA.


La muerte de los dos estudiantes en la Plaza Victoria es un drama. Las declaraciones de Alejandro Navarro al respecto una vergüenza.
El senador afirmó que el incidente “da cuenta del grado de violencia que se ha instalado en la sociedad chilena, producto de una Constitución que defiende más el derecho de propiedad que los Derechos Humanos”. Hay que tener estómago para digerir una instrumentalización tan grotesca del asesinato de dos jóvenes universitarios. Que Navarro quiera una nueva Constitución es legítimo. Pero que se aproveche de una desgracia como la ocurrida es maquiavélico.
La simplonería en que ha incurrido uno de los más activos partidarios de la Asamblea Constituyente sólo aumenta la desconfianza en las ventajas de la iniciativa para el país. Porque atribuir la causa del homicidio de los manifestantes a la garantía constitucional de la propiedad es como culpar al artículo 50 de la Carta Fundamental de que haya senadores que mienten; o sea, una asociación tan burda que sólo puede nacer de la mala voluntad o de una inteligencia obcecada.
En la misma declaración agregó: “este hecho debe llevar a cuestionarnos el tipo de sociedad que produce este modelo, donde un joven es capaz de matar a otro para defender que no le rayasen el muro de su propiedad”. Me parece que el hecho se entiende mejor si se lo interpreta como una consecuencia de la impunidad que parece beneficiar a los violentos, especialmente si actúan en nombre de la educación o de los mapuches. Si esta lectura fuera correcta, el Gobierno tendría más responsabilidad que la Constitución.
El senador terminó deseando que “no haya ningún tipo de aprovechamiento político” de lo acontecido. ¿Deberemos entender que apalancar el cambio de Constitución en el dramático suceso no tiene un fin político? Tan grosera contradicción estaría denunciando el apasionamiento que domina a los abogados de un proceso –el de la nueva Constitución- que requiere tiempo y cabeza fría. Quizá la única ventaja que veo de campeones como Navarro es el desprestigio de su bandera de lucha.
Lo más patético es que las palabras de Navarro, leídas por el reverso, prometen que con su nueva Constitución no ocurrirán hechos como el que ahora lamentamos. Él fomenta la ilusión, falsa e irresponsable, de que con el fin del “modelo neoliberal” la gente dejará de matarse por la propiedad. De nuevo, ¿es que nos tiene por unos palurdos o de verdad se cree lo que el sentido común desmiente con tanta evidencia? Yo me inclino por la primera: Navarro carece del mínimo respeto por nuestras inteligencias.
Por último, resulta casi divertido que la Constitución que Navarro denuesta con tanto calor sea la misma que lo haya acunado en sus más de 21 años como parlamentario. Quizá, después de todo, no le falte razón al Senador, y la Constitución tenga sus defectos.
Luis Alejandro Silva

lunes, mayo 18, 2015

¿QUÉ PUEDE HACER LA DERECHA EN ESTA CRISIS?


El cambio de gabinete ha bajado la temperatura de la crisis política. Al parecer el Bacheletismo, aceptando su baja popularidad, ha decidido moderarse, al menos en las formas. La derecha se alegra: sin que tuviera que hacer mucho, el adversario ha colapsado por su debilidad interna. Las cosas han vuelto a su cauce normal, la política a la que estábamos acostumbrados. Pero la baja en la popularidad del gobierno no es necesariamente una buena noticia para la derecha. Por poco que aprueben del gobierno muchas personas, a la hora de la verdad, van a seguir votando por la izquierda; otros, simplemente, no votarán; y la popularidad de la oposición sigue siendo baja. Sin embargo, parece que la derecha simplemente sigue a la espera de un desenlace pre-escrito. Puede que Michelle Bachelet nunca vuelva a ser la de antes (en política nunca se sabe), pero la indignación ciudadana no puede sostenerse indefinidamente: la atención y memoria del público son cortas. Si la crisis se vuelve permanente la gente se acostumbrará a vivir con ella, después de todo, hay países que se encuentran en un estado de corrupción mucho peor que el nuestro y, a pesar de todo, la vida se las arregla para continuar.
Por lo mismo, aguantar y esperar que pase la crisis es una mala estrategia para la derecha. Las consecuencias podrían ir mucho más allá de la próxima elección. En cierto sentido la clase política ha sido víctima de su propio relato: los políticos se habían erigido en protectores de la gente frente a los abusos de los grandes empresarios y ahora resulta que recibían su dinero y hasta se comportaban como ellos. Para la persona de a pie, la sensación de impotencia es grande. Parece que no hay manera de escapar del sistema, parece imposible que las cosas cambien. A nadie le gusta sentirse forzado. Frente a eso, la idea de empezarlo todo de nuevo se hace muy tentadora. La clase política aún tiene su poder, pero ha perdido autoridad, y ese poder sin autoridad genera resentimiento.
Pero esto no tiene terminar necesariamente en una gran hoguera de cuyas cenizas renazca la sociedad (el eterno sueño revolucionario). De las crisis se puede aprender. La ciudadanía está siempre dispuesta a perdonar y a comprender, por algo Bachelet pudo ser re-elegida tras el Transantiago y el terremoto del 2010. Pero para lograr eso hay que pedir perdón. El primero que haga un reconocimiento de culpa y tome las medidas correspondientes tendrá las mejores posibilidades de recuperar parte de la credibilidad perdida.
Pero además de eso, es tiempo oportuno para corregir algunos problemas del sistema político, tal como el sistema político pretende corregir los problemas del sistema económico. (El problema es que la limitación del poder político sólo puede venir de sí mismo.) Es una oportunidad que la derecha puede aprovechar para promover sus ideas, por encima de la defensa de sus políticos. Propuestas no faltan: limitar las re-elecciones de todos los cargos de elección popular, congelar las dietas parlamentarias (y que el aumento se haga efectivo en el período siguiente), bajar los impuestos que afectan a los más pobres, como el IVA (recortar el dinero disponible es quizás la manera más efectiva de limitar el poder político), disminuir los cargos disponibles para amigos y parientes (eso implicaría, por ejemplo, que las embajadas dejen de ser premios y que vayan, como mínimo, a alguien que hable el idioma del país), constituir en entidades autónomas, como la Contraloría, otros órganos del Estado, como el Servicio de Impuestos Internos , dar mayor autonomía a las regiones, etc. Estas cosas implican sacrificios, pero de no hacerlos el costo, para el país, puede ser mucho mayor y una oportunidad como ésta, para tomar la ofensiva, probablemente no se presente en mucho tiempo.

Federico García Larraín.

sábado, mayo 16, 2015

CARTA ABIERTA A UN COMUNISTA (Y A QUIENES PIENSEN Y ACTÚEN COMO EL).


Eres un ícono que representa fielmente lo que más rechazo en este mundo: el comunismo y sus variantes. Flameas las mismas banderas que alguna vez portaron los tiranos más crueles y sanguinarios de la humanidad. Y al preguntarme por qué lo haces, vislumbro sólo dos causas: o estás confundido y ocultas tu ignorancia en aparente rebeldía; o crees realmente lo que dices. Supondré que te enmarcas en la segunda opción. O sea, que imaginas tener derechos sobre mi persona y sobre quienes no piensan como tú.
Tus ideas destruyen al individuo. Me destruyen y, aunque no lo adviertas, también a ti. Sostienes que no existo como persona, que mi cuerpo y mi mente no valen nada, que debo acatar tus órdenes y satisfacer tus deseos, y sólo soy persona cuando me someto a tus caprichos. Presentirás que no coincido con tus posturas. Así es.
Acepto que juzgues mis ideas, pero no permito que metas tus narices en mí persona. Repelo a quien intente esclavizarme, a todo aquel que agreda mi cuerpo, mi mente, mis pertenencias o mis seres queridos. Tú, ningún grupo, institución o mayoría tiene potestad alguna para limitar lo que yo desee obtener legítimamente, ni quitarme lo que es mío. Yo decido sobre mi vida y sobre mis bienes. Esto, por una razón elemental: nací individuo y nací libre.
En nombre de lo que pomposamente llamas “derechos sociales”, promueves la gratuidad en salud, vivienda y educación. Pronto agregarás -¿por qué no?- la comida, la locomoción y el vestuario. Tus consignas se nutren de falacias y del mismo marketing que dices detestar, pero no tienes el coraje de proclamar que tu verdadero propósito es apropiarte de lo ajeno y luego, saciadas tus carencias personales, repartir el botín.
Nada nos es dado en la Tierra. Todo lo que necesitamos debe ser producido. He aquí donde el ser humano enfrenta su gran encrucijada: o sobrevive como creador, con la autonomía de su propia mente; o sobrevive como parásito, alimentado por los demás.
El creador es independiente y original, el parásito es dependiente y expolia a otro para sobrevivir. El creador conquista la naturaleza, el parásito procura someter al individuo.
Las cosas no se crean por inercia natural. Todo lo que consumes, todos los bienes y servicios que disfrutas, fueron creados por alguien en algún momento. Este proceso implica creatividad, inteligencia, voluntad, riesgos, trabajo, negociación. En dos palabras, implica costos. Espero, al menos, que tengas clara esta simple constatación. De lo contrario, enfrentas un cuadro psicopatológico de distorsión de la realidad que deberías tratarte con un especialista.
Basado en la dualidad dura e insoslayable costo-beneficio, me pregunto cómo puedes exigir gratuidad en la educación; cómo puedes afirmar que la infraestructura de una escuela, el mobiliario de un colegio o el laboratorio de una universidad se construyen por sí solos; que los profesores se remuneran a sí mismos; que el material educativo, la investigación y la calidad de la enseñanza se autogeneran. En síntesis, ¿cómo puedes pregonar la sustentabilidad de bienes y servicios gratuitos? Alguna mínima oquedad de tu mente advertirá que alguien crea todo eso y que el fruto de esa creación debe ser remunerado. Pero apelas a sentimientos -algunos compartidos- para adormecer incautos y poder arriarlos a tu corral como rebaño. Pues bien, no es mi caso. Estoy aquí para desenmascararte y ponerte en el lugar que corresponde.
Me interesa señalarte que el derecho de propiedad es la piedra fundamental del progreso. Sí, el derecho de propiedad, el mismo que desprecias y te quita el sueño; el que dispone que cada individuo es dueño de sí mismo y que todo lo que su mente y trabajo producen, le pertenece. Me interesa señalarte que no es posible separar el derecho de propiedad de la naturaleza humana. Por consiguiente, cualquier intento de confiscar, sustraer o repartir lo ajeno -fuere por medio de la ley, de las mayorías o de las pistolas- es una forma de esclavizar a quienes odias y temes, pero necesitas para sobrevivir: los creadores.
Presumes que el creador no trabajó para sí mismo sino para ti; que no se esforzó para él y su familia, sino para ti; que no se sacrificó por su propio beneficio y progreso, sino por el tuyo. Al desconocer el derecho fundamental que tiene cada persona para disponer de su mente, de su trabajo y de sus logros, transformas al ser humano en esclavo.
Intentas someter al individuo en nombre de lo que llamas “interés colectivo”, una ambigüedad más entre muchas que alimentan tu jerga altisonante. Pero la historia enseña que la prosperidad de los pueblos va de la mano con la garantía y respeto de los derechos individuales. Al contrario, las sociedades que subestiman al individuo y la propiedad privada están sumidas en el estancamiento y la miseria, y sobreviven -¡Oh paradoja!- gracias a las víctimas que tu y los tuyos quieren sacrificar. Ahí están los ejemplos de Cuba, la Rusia soviética, Norcorea y otros países rezagados (entre los que pudo estar también el nuestro) por las ideas colectivistas que promueves con la misma frivolidad y desparpajo de tus mentores.
Escondes tu inepcia y mediocridad motejando de “egoísta” a quien trabaja y produce honestamente para su propio regocijo, y no aceptas que sea esa persona, y sólo ella, quien decida qué hacer con los frutos de su mente, de su esfuerzo, de su espíritu, de su ego.
No hay diferencia ética alguna entre el que roba amparado por la ley y el ladrón que lo hace a cara descubierta. Pero no estás dispuesto a realizar acopio de tus convicciones. No estás dispuesto a confesar que te parapetas en el Estado para apropiarte de lo ajeno y someter a todo aquel que exija respeto de sí mismo, de su vida, de su familia y de sus bienes.
Reconozco que tu anhelo de esclavizar al ser humano ha tenido excelente acogida entre los parásitos que proliferan a tu alrededor. También reconozco que los creadores -menospreciando tus afanes colectivistas o cediendo para “salvar los muebles”- han aguantado mucho más allá de lo prudente, soportando incluso tus saqueos y diatribas.
Pero, ¡cuidado! La paciencia tiene un límite. Cuando esos hombres y mujeres libres sientan gravemente restringida su libertad y coartada su autonomía, paralizarán: dejarán de producir, de invertir, investigar y enseñar; dejarán de crear los bienes y servicios que disfrutas día a día, sin que sospeches siquiera cómo hacerlos. Esos hombres y mujeres libres renunciarán a servirte, renunciarán a vivir para ti y para quienes actúan como tú. En términos que te son familiares, usarán su autonomía y su libertad para declararse en huelga: el motín más contundente, devastador e incontrarrestable que puedas imaginar. Una huelga indefinida y, como te gusta, sin reemplazos. Ya no habrá nadie dispuesto a servirte, a crear y producir para un parásito.
Defiendo la vida, la libertad y la propiedad; defiendo al que trabaja, emprende y genera riqueza; al que investiga, escribe o enseña. Defiendo la premisa de que producir no es gratis y que sus costos deben ser retribuidos a través de un acuerdo entre personas que ponderan, eligen y deciden libremente, sin intromisión tuya ni de tus secuaces.
Y tú, monstruo de dos caras, ¿qué defiendes? Extiendes una mano mendigando ayuda y con la otra empuñas el látigo que flagela a tu benefactor. Tu única argumentación es la fuerza, la de una mayoría o la de una pistola: el argumento de los seres irracionales.
Termino con una advertencia. Aclaro que jamás iniciaré una agresión. Si deseas presentar batalla ideológica te estaré esperando. Pero si intentas imponerte por la fuerza, ten por seguro que no me quedaré de brazos cruzados.
Alfonso Ríos Larraín.

jueves, mayo 14, 2015

BACHELET SIN BACHELETISMO.


Ciento ocho horas de expectación. Lunes en la mañana, frío, las calles a oscuras. No hay glamour ni barrocas puestas en escena. El ambiente no es de triunfo, el trago es demasiado amargo y hay que pasarlo rápido. Se anuncia el cambio. Los ministros, entrantes y salientes, casi no hablaron, si no fuera para dar las gracias, decir que iban a trabajar u operarse de una buena vez de la retroexcavadora. Ese fue el ambiente que se respiraba en la mañana en que Bachelet volvió a girar contra sí misma. Como en un deja vú, la Presidenta nuevamente amordaza y enclaustra al bacheletismo.
Primero fue el gobierno ciudadano, de la paridad de género, de los que se servían el plato por vez primera. Ahora se trataba del gobierno de las reformas estructurales, de un nuevo avanzar sin transar, maximalista, el primero de la Nueva Mayoría. Uno y otro querían sortear la política: aquél, por abajo, persiguiendo una conexión directa con la gente sin intermediarios, en una evolución del lavinismo hacia la izquierda; el de ahora, por arriba, destituyendo a la política de su autonomía propia, anegándola en una fraseología moralista, de modo que se estaba con el programa o se era anatema, se adhería a la retroexcavadora o a la elite satisfecha.
Rodrigo, Alberto y Álvaro eran los hombres fuertes de la campaña, respiraban “nuevomayorismo” puro. Peñailillo eraMichelle, Arenas fue el hagiógrafo del sacrosanto programa, Elizalde emergió como el nuevo hombre bacheletista rescatado de las intestinas guerrillas del PS. Los tres contribuyeron a armar el flamante gabinete de la electa Presidenta, y llegaron a ser la expresión del más ortodoxo bacheletismo, ese que aniquiló la política como arte autónoma, escogiendo el lenguaje de los dioses y un presente redentor: no existía historia de la que aprender, proceso que continuar ni pasado al que mirar, había llegado la era de la Nueva Mayoría, de Michelle y su programa.
Pero como entonces, el gobierno de izquierda se encontró con un obstáculo, el país. Ayer fueron los secundarios y los usuarios de transporte público los que terminaron de hundir al gobierno “distinto”: fuera los que se servían su primer plato y las bacheletistas, dijeron, vuelvan los bien alimentados y concertacionistas, acabaron por decir. Ahora el problema era más complejo, porque tanto el país como la opinión pública tenían sus propios créditos por cobrar al bacheletismo.
La gente no estuvo dispuesta a que la materialización de la redención prometida por ésta izquierda exigiera sacrificar en su altar la educación subvencionada. Tampoco terminó de aceptar que la reforma tributaria prometida para repartir mejor la riqueza, viniera en realidad a distribuir más igualitariamente la pobreza. Lo de Caval fue el culmen: el combate a la desigualdad del antejardín para afuera, las ofrendas a los ídolos, sí, pero no en el templo de la madre del programa. La ciudadanía no estuvo dispuesta a transigir y acabó por cobrar: 29% de aprobación a la otrora popular Mandataria.
La opinión pública, por su parte, sumó a las acreencias las boletas de SQM. Las asesorías verbales, la cuestión de Ucrania y el litio, las vicisitudes de la economía de bienestar, entre otras, fueron perfectos indicadores de que los informes no eran sinceros. Todo el mundo veía que el asunto tenía cabeza, cuerpo, patas y cola de financiamiento irregular a la política, salvo el ministro Peñailillo, que dio el asunto por “aclarado”  sólo 24 horas antes de que se le pidiera la renuncia. La permanencia del otrora consiglieri de Bachelet, y probablemente también de Arenas, era insoportable con un apoyo ciudadano al Gobierno tan bajo.
Ni entonces ni ahora tenemos una Presidenta que haya cambiado de opinión, que ayer recobrara el gusto por la política, o que hoy considere que ésta es mejor hacerla a nivel de suelo que en templos, entre ídolos, programas y sacrificios. Michelle es bacheletista, pero el país no. Y como éste último no puede liberarse de la Mandataria, más vale darle salida al bacheletismo. Aunque duela, aunque la contraríe. Pragmatismo o sentido de supervivencia, da igual. Bachelet nuevamente  y en buena hora ha tenido que rendirse a la política, ojalá, ahora sí, en forma definitiva.

Jorge Baraona Correa 
Abogado.

martes, mayo 12, 2015

OTRO GABINETE, ¿MISMO GOBIERNO?



Me temo que la Presidenta busca un nuevo Gabinete para seguir con el mismo estilo de Gobierno caracterizado por la improvisación e ideologización.


Los defensores de la Asamblea Constituyente, e incluso los que sin llegar tan lejos promueven un cambio constitucional con altos niveles de participación ciudadana, fundamentan buena parte de su tesis con el argumento que los procedimientos son parte del fondo y en que hoy, más que nunca, la legitimidad de los resultados depende de la validación social de los procesos.
Con todos los matices que uno tiene que hacer, no hay duda que la frase de McLuhan que dice que “el medio es el mensaje” es plenamente válida y, para estos efectos, el medio se asemeja a los procesos de decisión, tanto como a los canales de información.
En ese sentido, es imposible evitar un análisis de fondo a la luz de toda las formas que han rodeado este cambio de gabinete. Hasta ahora son tres las grandes críticas que enfrenta la gestión gubernamental: improvisación, falta de oficio político y exceso de ideologización.  Lamentablemente, todo lo que ha pasado estos últimos días confirma uno por uno estos juicios.  Vamos por partes.
Improvisación. A pesar de que hay defensores que califican de genialidad el anuncio de la Presidenta en la entrevista de Don Francisco, que no escatiman en elogios y alabanzas, la verdad es que hay dos hechos indesmentibles que confirman que se trató de una improvisación total.  No haber excluido de inmediato al Canciller de la petición de renuncia, dejando pasar unas horas en que la cabeza de nuestra delegación en La Haya estaba en el limbo político es imperdonable.  Aunque pasó más desapercibido, igual cosa ocurrió con el ministro de Hacienda, que estaba colocando un bono soberano, el que tuvo que suspenderse, porque era inaceptable para los bancos de inversión y agentes del mercado que una operación de esa importancia se hiciera sin la titularidad plena del responsable económico del país.
Es evidente que si la decisión de pedir la renuncia al gabinete se hubiera meditado y planificado, se habrían evitado ambos efectos negativos y el gobierno no se habría expuesto a preguntas y explicaciones incómodas. Difícil dejar una huella más clara, que confirma la imagen de un gobierno que va tomado sus decisiones sobre la marcha.
Falta de oficio político.  La explicación de la Presidenta en el sentido que se va a tomar 72 horas para decidir qué hará, después de tener a todos sus ministros renunciados es expresión, en parte de la improvisación, pero especialmente de esa falta de oficio político que se le atribuye a su gestión. Resulta meridianamente claro que un Presidente(a) ante una decisión tan compleja como esta debe tener un curso de acción previamente definido, de manera que los partidos políticos, que obviamente lucharán por mantener o mejorar sus espacios de poder, vayan siempre de atrás y no puedan paralizar sus decisiones, presionando e intentando negociar las posiciones que ocupan.
La Presidenta hizo exactamente lo contrario, razón por la cual no hay ninguna sorpresa en que no haya podido armar un nuevo gabinete en el plazo que ella misma, innecesariamente, se fijó.
Ideologización. Pocos días atrás la Presidenta dijo que para formar parte de su gobierno hay que estar comprometido con el programa presidencial.  A contrario sensu, en su coalición hay dirigentes, suficientemente importantes como para ser Ministros de Estado, que no están comprometidos con su programa.  Vale decir, los temores de que se trata de un programa extremo, que no representa ni siquiera a todos los principales exponentes de la Nueva Mayoría, son confirmados por la propia Presidenta de la República.
Entonces, es válido suponer que si estos son los procedimientos y los conceptos que estructuran la decisión del cambio de gabinete, hay pocas esperanza de que traiga aparejado un cambio real en la conducción del Ejecutivo.  Lo que el gobierno debería asumir es que ha llegado a un punto de crisis que expresa la necesidad de un cambio de fondo. El problema no se resuelve cambiando la conducción, sino cambiando el destino buscado. Parece ser que en los mismos días que la derrota de Escalona marcaba el ocaso de la Concertación, en cuanto grupo político, la fuerza de los hechos evidenciaba la frustración del proyecto de la Nueva Mayoría.
Esta es la cuestión central, que la forma y el fondo son las que hacen agua. Me temo que la Presidenta busca un nuevo gabinete para seguir con el mismo estilo de gobierno y no ha sintonizado con el hecho que si algo se espera es un cambio que nos saque de la improvisación, de la falta de oficio y de la ideologización. Todo indica que no hay voluntad de hacer ese cambio, que es el cambio real que podría devolverle la confianza y el apoyo.
Por eso la duda que está abierta para los optimistas y cerrada para los pesimistas es si tendremos otro gabinete para seguir con el mismo gobierno. Me temo que estoy entre los pesimistas. Probablemente todo cambiará, para que todo siga igual.

Gonzalo Cordero, miembro del Foro Líbero.

domingo, mayo 10, 2015

¿IGUALDAD ANTE LA JUSTICIA?


La Corte de Apelaciones de Concepción ha otorgado el beneficio de libertad condicional a Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, condenado en 2011 a 14 años y un día de cárcel por robo con intimidación a un parcelero, lesiones graves a tres detectives y homicidio frustrado del fiscal Mario Elgueta. No es el primer beneficio que recibe. Durante la década de 1990 “El Comandante” de la CAM protagonizó ocupaciones de predios forestales y de otros privados, y atentados contra Carabineros en las regiones del Biobío y La Araucanía. Por el ataque al fiscal Elgueta fue detenido en 2009 y condenado en 2011 a 25 años y dos días de cárcel. Otros tres cómplices fueron condenados por los mismos hechos, pero a penas menores. En 2011, la 2ª sala de la Corte Suprema rebajó las penas, que para el cabecilla de la CAM quedó en 14 años y un día. Una serie de presentaciones de la Defensoría Penal Pública para restar de la condena el tiempo que Llaitul pasó en prisión preventiva en esta causa, así como en otras en las que no se probó su participación, llevó a abonarle casi 4 años a su condena. Así logró enterar, en 2014, la mitad del cumplimiento de su pena, lo que le permitió postular al beneficio que recibió. Ya gozaba de salida diaria diurna, desde febrero pasado, y permiso de fin de semana, desde agosto de 2014. Lo primero, para trabajar como asistente social en una fundación del Arzobispado de Concepción, como coordinador de redes y voluntariado en un hogar. El tener un trabajo le permitió optar al beneficio que promovió el Tribunal de Conducta de Gendarmería.
Este fallo coincide con el espíritu del documental “Jueces en La Araucanía: Relación con el pueblo mapuche”, difundido casi en igual en fecha por el Poder Judicial: una iniciativa llamada “Jueces que hacen comunidad” busca dar a conocer el aporte de la labor judicial al “reconocimiento de la cultura ancestral e integración del pueblo mapuche”. A cargo de esta producción estuvo un ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel. En ese video, entre otros, una magistrada de Temuco explica que “si aplicamos los mismos criterios que se aplican a las personas no mapuches, podemos llegar a resultados sumamente graves”. El presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, refiriéndose al tratamiento jurídico de los pueblos indígenas, destaca la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT: “Lo veo como un alto estándar democrático, que eventualmente incluso deberíamos aplicarlo a toda la comunidad chilena”.
Precisamente esto último confirma que no todos los chilenos están recibiendo el mismo tratamiento judicial, ni la justicia resulta igual para todos. Lo antes reseñado puede ser evaluado con beneplácito si los así beneficiados estuvieren rehabilitados –como lo invocó la defensa de Llaitul– y reinsertos en la sociedad que se atiene a la ley chilena. A la luz de ya un cuarto de siglo de experiencia, sin embargo, queda abierto un interrogante.
En todo caso, la cascada de beneficios penitenciarios y judiciales que ha recibido este chileno contrasta con la denegación de los mismos que reciben otros chilenos. Por ejemplo, cabe citar el caso representado mediante inserción en estos mismos días por un alto número de muy representativas entidades vinculadas a personal en retiro de las FF.AA. y de Orden. Estas califican como “iniquidad judicial” el fallo de la Corte Suprema que el 20 de abril pasado confirmó la condena a 5 años y un día de presidio –de cumplimiento efectivo– a un ex joven teniente de la Armada, por “el único hecho acreditado” de haber trasladado a un detenido, cumpliendo órdenes superiores, desde el lugar en que trabajaba hasta el Ministerio de Defensa. El máximo tribunal estimó que él es autor de un secuestro “a partir del 5 de octubre de 1973, prolongándose esa situación hasta el día de hoy”. Los reclamantes consideran “inhumano castigar a una persona por hechos ocurridos hace más de 40 años”, y tanto más “si tales hechos… no son constitutivos de delito –ni siquiera delito común, menos aun de ‘lesa humanidad’ como lo califica la sentencia–, y que, si lo fuesen, están amparados por la Ley de Amnistía y por la prescripción de la acción penal, institución jurídica que a comienzos de 2014 le fue aplicada al presidente del PC y actual diputado Guillermo Teillier”.
La dispar severidad en uno y otro caso es tal que parece necesario reafirmar lo obvio: todos los chilenos tienen derecho a un trato judicial igual.
El Mercurio de Santiago.

viernes, mayo 08, 2015

MAL ANUNCIO QUE ARRUINA LA BUENA NOTICIA.


La forma en que la Presidenta anunció su golpe de timón constituye una preocupante señal sobre la capacidad que tendrá Bachelet de lograr que el país vuelva a avanzar por un buen camino.

Para nadie era un secreto que el gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet no daba para más. Aunque tardío, el anuncio del cambio de gabinete representó un paso en la dirección correcta. Pero la forma en que la Presidenta hizo el anuncio, el plazo de 72 horas que se autoimpuso y la declaración de que todavía no tiene decidido a quién remplazar y qué nuevos nombres integrarán el gabinete; alimenta las dudas sobre su capacidad de liderazgo y su manejo político. Por eso, aunque la noticia sea positiva, la forma en que se hizo pública amenaza con diluir el impacto positivo que debiera tener un recambio en el gabinete.
Después de demorarse más de seis meses en realizar el ajuste de gabinete —con excusas tan burdas e infantiles como que ella hacía todo lo contrario a lo que le sugerían por los medios de comunicación— la Presidenta Bachelet finalmente se decidió a firmar el acta de defunción de su primer gabinete de gobierno.  Aunque cada cambio de ministros constituye una derrota para el Presidente en ejercicio, los beneficios que puede traer alejar a los miembros del gabinete desgastados, cuestionados o que simplemente no dieron el ancho a menudo superan ampliamente los costos. Aunque algunos miembros del gabinete venían desgastados desde mediados de 2014, el escándalo Caval y la desprolija forma en que el gobierno reaccionó ante los escándalos Penta y SQM hicieron insostenible la permanencia del gabinete actual.
La señal de alivio que se respira en el ambiente político chileno está inevitablemente acompañada de una percepción de preocupación e incertidumbre. Como la Presidenta Bachelet anunció que le había pedido la renuncia a todo el gabinete, nadie sabe muy bien quién partirá y quién seguirá en sus puestos en 72 horas más. Tan desprolijo fue el anuncio de Bachelet, que el propio gobierno debió salir horas después a anunciar la confirmación en su cargo de Heraldo Muñoz, el ministro de Relaciones Exteriores que actualmente está defendiendo la soberanía nacional en La Haya. Si hubiera reflexionado sobre el anuncio que hizo en el programa de Don Francisco, la Presidenta debió haber excluido a Muñoz de la petición de renuncia.
Pero la forma en que se producirá este cambio de gabinete también subraya la improvisación y falta de manejo político. Como bien dijera la Presidenta en un par de declaraciones anteriores, los cambios de gabinete no se anuncian, se realizan. La propia Presidenta, en la primera y única entrevista que había dado para aclarar el escándalo de especulación inmobiliaria en el que participó su hijo y su nuera, había advertido que cuando realizara el cambio, no lo anunciaría por televisión. Desmintiéndose dos semanas después, Bachelet anunció su cambio de gabinete en entrevista con el popular animador de televisión Don Francisco.
La Presidenta también confidenció que “no he tenido tiempo de sentarme a pensar a quién cambio y quién llega”. A diferencia de los hábiles líderes que anuncian sus decisiones después de tomarlas, Bachelet inconscientemente invitó a la opinión pública a un reality de 72 horas de especulación, negociación con las cúpulas partidistas de su coalición y tira y afloja con potenciales candidatos para entrar al gabinete.  Al renunciar a la discreción que permiten las negociaciones y sondeos de personas sin haber realizado el anuncio de un nuevo gabinete —y sin autoimponerse un plazo de 72 horas para anunciar los nuevos nombres— Bachelet limita sustancialmente su campo de acción y queda secuestrada ante los partidos que lucharán por mantener sus cuotas de poder en el equipo de gobierno. Peor aún, como Bachelet además debe cuidar el balance de género en el nuevo gabinete, las limitantes que tendrá la Presidenta para armar su nuevo equipo neutralizarán el efecto del golpe de timón que ella busca dar.
Los partidos ya han demostrado su enorme capacidad para influir sobre la formación del gabinete. En su primer gabinete, solo semanas después de haber logrado la votación más alta en la historia del Chile moderno, Bachelet anunció su primer equipo reclamando que a ella le hubiera gustado nombrar más mujeres. Presumiblemente, la capacidad obstructora de los partidos evitó que la Presidenta lograra su objetivo. Si cuando recibió el 62% de la votación no pudo nombrar al gabinete que ella quería, ahora que tiene un 30% de aprobación difícilmente podrá imponer su voluntad sobre los partidos de su coalición.
En su entrevista con Don Francisco, Bachelet habló de su compromiso con Chile y de su ideal de construir una sociedad sin abusos. Si bien nadie puede dudar de la nobleza de los objetivos de la Presidenta, la forma en que ha conducido su gobierno y el estilo de liderazgo que ha privilegiado en su segundo período han hecho que la mayoría de los chilenos crea ahora que el país avanza por el camino equivocado. Lamentablemente, la forma en que la Presidenta anunció su golpe de timón constituye una preocupante señal sobre la capacidad que tendrá Bachelet de lograr que el país vuelva a avanzar por un buen camino.

Patricio Navia.
ellibero on line.