martes, marzo 31, 2015

PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS: ¿ESTAMOS PREPARADOS?


Nuevamente la naturaleza ha azotado violentamente a nuestro país, esta vez en forma de intensas lluvias que generaron un aluvión que a la fecha ha dejado lamentablemente un número indeterminado de compatriotas fallecidos (18 según las últimas cifras oficiales) y enormes daños materiales en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Pero también ha dejado nuevamente la gran duda sobre la capacidad que tienen nuestras instituciones para anticiparse a estas emergencias y actuar en forma eficaz ante desastres naturales como los que el país ha vivido en los últimos años.
El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera partió con una contingencia que no estaba en el programa de gobierno: un terremoto y tsunami de desastrosas consecuencias que golpearon la costa del país pocos días antes de asumir, en la madrugada del 27 de febrero de 2010. En cuatro años el país logró ponerse de pie como lo ha hecho cada vez que hemos debido enfrentar estas tragedias. Pero uno de los esfuerzos más importantes que pusieron las autoridades de la época fue dotar a las instituciones responsables de la protección civil no sólo de más recursos (por ejemplo, se pasó de 7 mil a 16 mil millones el presupuesto de la ONEMI) sino que mayores capacidades y atribuciones para hacer frente a futuros desastres.
Sin embargo, con el cambio de gobierno ha habido una especie de congelamiento de la agenda de protección y prevención de emergencias. Hagamos un poco de historia. En 2010, el Ministerio del Interior llevó adelante una exhaustiva revisión de la institucionalidad a cargo de la emergencia y de la prevención de desastres. El diagnóstico al que se llegó mostraba que los organismos a cargo de las emergencias actuaban descoordinados en distintos niveles del Estado, desde la Oficina Nacional de Emergencias, con una institucionalidad precaria, hasta los Municipios, que no disponían de los recursos e incentivos para actuar de manera preventiva en la materia. Esto sumado a una falta de definición del rol de las Fuerzas Armadas en la respuesta a la emergencia y una confusa regulación de los estados de excepción constitucional.
Ante este diagnóstico, el gobierno separó el estudio de la materia entre los cambios institucionales necesarios para la prevención de las emergencias, lo que en realidad es reducción del riesgo de desastres, y la respuesta ante los mismos. Para lo primero, se consideraron el Marco de Acción de Hyogo de las Naciones Unidas y la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres; y se contrató a la consultora McKinsey, para conocer las mejores prácticas internacionales en la materia. Por otra parte, respecto a la reacción ante la emergencia, se utilizaron las lecciones aprendidas del Comité de Emergencia, las conclusiones de la Comisión Fuenzalida y múltiples entrevistas y consultas con los actores de operaciones anteriores como la erupción del volcán Chaitén y el terremoto de Tocopilla.
La prioridad entonces fue dotar a la ONEMI de mayores recursos materiales y humanos para que se pudiera desempeñar de manera adecuada ante situaciones de emergencia. Así se adquirieron nuevos equipos móviles y comunicacionales, se fortaleció su personal, se adaptó la infraestructura y se le dotó de un nuevo edificio institucional que permitiera operar en caso de emergencias.
En términos del marco normativo existente este adolecía de serias falencias, además de ser vago en muchos aspectos, por lo que se envió un proyecto de ley que creaba una nueva institucionalidad para la protección civil y reducción de riesgos de desastres y determinaba claramente los roles de las distintas instituciones en las diversas fases de la emergencia, fortaleciendo el rol de la ONEMI, particularmente en la prevención.
Este proyecto de ley fue ingresado en marzo de 2011. La administración del Presidente Piñera lo promovió de manera decida en el Congreso hasta el 11 de marzo de 2014, poniéndole urgencia en más de 50 ocasiones. Lamentablemente, al asumir la actual administración, al proyecto se le quitó la prioridad y urgencia y se encuentra sin ningún movimiento desde marzo del año pasado.
Volvemos al presente. La Presidenta Bachelet, a propósito de la débil respuesta de la ONEMI ante el aluvión del norte ocurrido la semana pasada, ha señalado que el gobierno se encuentra trabajando desde fines de 2014 en el nuevo Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias. De este modo, en vez de tomar todo el aprendizaje y trabajo posterior al 27F, el gobierno ha congelado en un año cualquier avance en esta materia y ahora parece que quisiera comenzar desde cero.
La entonces oposición, ¿Podía no estar de acuerdo con el tenor del proyecto ingresado por la administración anterior? Sí. Podía. Sin embargo, lo que parece inaceptable es que no asumamos el desafío país de ponernos al día en esta materia y que en un año no hayan existido avances, considerando que la naturaleza ha manifestado de distintas maneras su fuerza destructiva. Lamentablemente los recientes acontecimientos nos muestran que Chile sigue institucionalmente sin estar preparado para prevenir y hacer frente a emergencias más allá de las mejoras incorporadas en el Gobierno anterior. Se requiere un marco institucional moderno y las actuales autoridades no le han dado la urgencia requerida: ¿Cuántas tragedias deberán ocurrir y cuántas vidas se deberán perder para que volvamos a poner la prioridad en la reducción del riesgo de desastres?

Carlos Ríos Canales.
Área Económico y Social de Fundación Avanza Chile

domingo, marzo 29, 2015

AUTORIDAD Y LIDERAZGO: QUE VUELVAN LAS PARKAS ROJAS.


Las personas saben que ponerse una parka roja no soluciona ni un solo problema, pero recuerdan en ellas un estilo de conducir crisis, de hacer frente a los problemas sin complejos de autoridad, sin temor a llamar técnica lo que es técnica y política lo que es política y, sobre todo, con espíritu de equipo y capacidad para adaptarse con rapidez a hechos inesperados.

Los problemas más importantes que enfrenta hoy el gobierno de Michelle Bachelet –desde los políticos hasta los de gestión- están cruzados por dos factores comunes. El primero, la evidente falta de liderazgo para impulsar una agenda que se haga cargo, al mismo tiempo, de lo urgente y de lo importante. Y, luego, las frecuentes señales de indecisión que dan tanto la Mandataria como su gabinete, con anuncios vagos, sin contenidos claros, sin plazos, sin metas, incluso respecto de reformas emblemáticas (que, se entendía, estaban diseñadas antes de desembarcar en La Moneda hace más de un año).
Los ejemplos son ya demasiados y, por tanto, no responden ni a la mala suerte ni a errores puntuales. Se trata de una forma de gobernar, una manera de entender el ejercicio de la autoridad que, me temo, tiene que ver menos con incapacidad y más con el temor a afectar la popularidad presidencial y a contradecir ante grupos de presión los símbolos asociados al proyecto político de la Nueva Mayoría.
El 6 de febrero estalló el caso Caval; 17 días después, el 23 de febrero, cuando volvió de sus vacaciones, la Presidenta Bachelet se refirió por primera vez a esa situación. Mientras el clima de crisis seguía cocinándose, lesionando gravemente la confianza, pasaron tres semanas hasta que recién el 10 de marzo nombró a un Consejo Asesor Presidencial, para proponer una agenda de probidad y transparencia, en un plazo de 45 días. Habrán transcurrido casi tres meses desde que estalló un caso que afecta severamente a su gobierno para que la Presidenta de la República tome decisiones concretas, para hacer frente a un clima político y social que ha adquirido dimensiones inéditas en los últimos 25 años.
Es preocupante la lógica que parece haber detrás de ese cronograma: evadir decisiones que pueden ser incómodas o, simplemente, intentar borrar la realidad actuando como si acá no ha pasado nada. El gobierno apostó a que durante febrero se iría olvidando el caso Caval y erró; apostó a que una vez que la Presidenta Bachelet hiciera una especie de mea culpa sería “caso cerrado”, y también erró. Y ahora apuesta a que un Consejo Asesor tome decisiones, un grupo de especialistas en instituciones, valioso por su transversalidad y preparación académica, pero sin la representatividad que la Presidenta Bachelet y su gobierno pidieron a la ciudadanía en el 2013 para ganar las elecciones.
La semana pasada, la Presidenta Bachelet convocó a una reunión de coordinación para fijar la hoja de ruta 2015 de la reforma educacional (ejercicio al que el gobierno recurre cada cierto tiempo, cuando se ve superado por los acontecimientos). Ya no daba para más la incertidumbre respecto de los proyectos de Nueva Carrera Docente, Nueva Educación Pública y el de gratuidad en la Educación Superior y la señal que mandaba La Moneda era de voluntad por zanjar sus plazos y contenidos. Tras horas de concentración en Cerro Castillo, el vocero Álvaro Elizalde nos sale con que solo se había decidido el plazo para la primera de esas iniciativas y que respecto de las otras se iba a esperar que en el Congreso “se generen los espacios…”.
Inexplicablemente, una reunión de “coordinación” entre la máxima autoridad de la República y su equipo político, convocada para retomar el control de la agenda y despejar las vaguedades en un área tan delicada como la educación, terminó no con decisiones presidenciales, no con instrucciones de cómo conducir la reforma más importante del Gobierno, sino con nuevas incertidumbres.
Si el Gobierno evita mostrarse con autoridad, para proyectarse ante la ciudadanía como amigable; si posterga definiciones en áreas muy sensibles para la ciudadanía, para no contradecir El Programa o afectar su relación con gremios y grupos de presión; y si sus asesores dedican más tiempo a la operación política que a la gestión, es evidente que está equivocado. En menos de un año, el rechazo a la forma como se están manejando áreas muy sensibles para los chilenos ha subido significativamente (salvo relaciones internacionales y cuidado del medio ambiente, todas las áreas registran un rechazo mayoritario).

Mientras escribo esta columna leo en twitter a decenas de usuarios que dicen extrañar las parkas rojas, a propósito de las emergencias en el norte y sur de Chile. Las personas saben que ponerse una parka roja no soluciona ni un solo problema, pero recuerdan en ellas un estilo de conducir crisis, de hacer frente a los problemas sin complejos de autoridad, sin temor a llamar técnica lo que es técnica y política lo que es política y, sobre todo, con espíritu de equipo y capacidad para adaptarse con rapidez a hechos inesperados.
Es difícil ejercer el poder y tomar decisiones teniendo como referente el bien de Chile cuando se está en una camisa de fuerza con un brazo ideologizado y el otro temeroso de perder popularidad. Si las habilidades “blandas” (simpatía, cercanía, popularidad) son por lejos la escalera más segura para ganar una elección, las otras habilidades, las de autoridad, decisión y capacidad de enfrentar crisis, incluso a costa de popularidad, son las que permiten a los gobernantes conducir con efectividad un buque que navega sobre aguas casi siempre agitadas.

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

sábado, marzo 28, 2015

ONEMI: LA CULPA SIEMPRE ES DE OTRO.


La Dirección Meteorológicade Chile (DM) dice que le advirtió a la ONEMI; y la ONEMI, me imagino también dirá algo al respecto. El informe de la DM dice (lo vi en televisión) que anuncia lluvias moderadas, y luego asegura que lloverá en un día lo que llueve en un año (todo en la misma hoja, como puede apreciar en la foto). Yo no entiendo el informe, me imagino que el que lo redactó tampoco y el que lo leyó en la ONEMI menos. Según el genio que redactó el informe que no entiendo, en la cordillera nevaría, sin embargo la ONEMI asegura que no nevó, sino que llovió. Gajes del oficio.

De todas formas, los condoros que acabo de comentar no tienen la menor importancia, ya que ante una desgracia como esta no es posible hacer nada, tal como no era posible hacer algo durante el terremoto con maremoto. Y les voy a explicar la razón.

Imaginen por un momento que la DM le avisa a la ONEMI y esta le avisa a palacio que va a quedar la cagada en Atacama y recomiendan evacuar. Y la Claudia con Pencailillo y el Elizalde evacuan pa’la tele. Y durante la evacuación se arma un lio de la cresta, muere gente, atropellan a unas viejas, se pierden varios cabros chicos, chocan autos y los rateros entran a las casas evacuadas y se roban los plasmas de ‘32, los de ‘42, los de ‘50 y los de ‘60 que los pobladores compraron a crédito. Imaginen también a pobladores tratando de salvar camas, refrigeradores, cocinas, sillas y mesas, al perro, al gato y al canario de la abuela. ¿Se imaginan la media cagadita?.

Pues bien, ahora imaginen que después de todo este show no llueve, es más, que la televisión se da un picnic entrevistando a gente indignada, a los milicos tratando de calmar el hueveo y a una vieja portando a cuestas un televisor mientras se achicharra el mate en plena calle polvorienta. ¿Se imaginan esta segunda cagadita?. Lo mismo sucedió durante el terremoto-maremoto, por eso la Claudia degustaba su chicle mientras Vidal se paseaba.

Para un político es menos dañino arreglar un desastre natural que un desastre armado por él mismo. Después de todo, el desastre da paso a la reconstrucción, las fotos, los bonos, las canastas familiares y las mediaguas provisorias de carácter permanente. Y luego de unos días todo se olvida.


Los chilenos eligieron de presidenta a una pobre vieja como la Claudia, con el único fin de recibir aquí y ahora parte del botín que le robarán, presuntamente, a “otro”; no la eligieron para otra cosa porque para otra cosa la viejuja y su séquito no sirven. 

Máximo.

viernes, marzo 27, 2015

LA ENFERMEDAD GRAVE DE LA POLÍTICA.


El diagnóstico es claro: Penta, Caval, Soquimich, Dávalos, la UDI, Alsacia, Silva, Fulvio Rossi y tantos otros, son nombres que se tomaron la opinión pública y acaparan portadas y titulares no por sus buenas actuaciones sino por lo contrario. Nuestra política pasa por una enfermedad grave, como no habíamos visto desde la vuelta a la democracia.
Sorprende, por un lado, la transversalidad de estas malas prácticas. La frase más recurrente en estos días es “que todos lo hacían igual”, vieja cantilena que pareciera justificar los excesos de quienes están llamados a liberar al país y predicar con el ejemplo.
Sorprende, por otro, la lentitud con que han actuado los partidos políticos y sus dirigentes. Ernesto Silva renunció varios meses después de que estallara el caso Penta, y no fue capaz de manejar la crisis política en su partido. Sebastián Dávalos sólo lo hizo luego de que la situación no aguantaba más, e incluso en el momento de hacerlo, lo hizo sin responder preguntas, en una declaración escueta y mezquina. Fulvio Rossi y Hugo Gutiérrez, ambos miembros del Congreso, se trenzaron en una lucha tuitera digna de jóvenes escolares, en un caso que todavía no llega en plenitud a la justicia y que debería preocupar a varios que hoy están cómodamente sentados en Valparaíso.
El resto de las colectividades se debate entre golpear al rival, esconder la mano y evitar que se investigue. Pareciera que le tienen miedo a la transparencia por años y años de malas prácticas. Que es más fácil echarle la culpa a la formación ética que se imparte en la Universidad Católica. Que es mejor hacer oídos sordos y no mirar la basura que han acumulado bajo sus alfombras por tantos años.
Y la solución debe partir por ahí. Que se investigue, que se investigue a todos. Que el Ministerio Público solicite los antecedentes, formalice, levante cargos contra quienes sean responsables. Contra todos, independiente de la tienda política a la que representen, de sus influencias, de sus padrinos empresariales. Que se castigue a quienes sean responsables con toda la fuerza que sea necesaria. Ser claros, no tener miedo: no estamos ni por izquierdas ni por derechas, sino por una política decente, en la cual se pueda confiar, y donde de verdad quienes guían a la sociedad, se pongan al servicio de ésta y no al revés.
Pero no es suficiente con eso. Hay algunos que pretenden entregar más poder al Estado, desentenderse, no hacerse cargo, para que cree nuevas agencias fiscalizadoras, comisiones de amigos, investigaciones, que probablemente no conduzcan a una buena solución, que se haga cargo de un diagnóstico ciudadano preocupante: la política, y sobre todo, los políticos, no están dando el ancho.
Nuestro camino es diferente. Parte por volver a depositar la confianza en las personas, en su potencial creativo, en darle espacios para que se desarrollen en plenitud. Parte por empoderarnos, no sólo siendo un grupo de presión, sino organizados para proponer las soluciones que Chile requiere. Ampliar los límites de lo público, entendiendo que no es patrimonio exclusivo del Estado, sino de todos quienes nos hacemos cargo de problemáticas que afectan a todos.
Poner la sociedad, a las personas, en movimiento, y promover más libertades para que el poder estatal y las concentraciones de éste disminuyan. Abrir las oportunidades, mejorar la educación, no sólo en cómo ni quién la paga, sino que exista diversidad, formando ciudadanos con valores, que conozcan que su misión con Chile es indelegable. Que florezcan más instituciones y personas empoderadas que fiscalicen a sus representantes y al Estado.
El desafío es grande y no tiene atajos. Nos exige compromiso diario y ser ejemplo de rectitud. Hacer política limpia no es un mero eslogan frente a la contingencia, sino un ideal que debe guiar a todos quienes de alguna u otra forma nos involucramos con tal actividad. Dejar la comodidad y combatir las injusticias que vemos día a día, crear más y mejores oportunidades, un país donde la libertad y la justicia sean las banderas que nos guíen. Poner la sociedad en movimiento, para que nunca más se repitan escándalos como este. Chile está haciendo preguntas, y tenemos que saber responderlas.

Rodrigo Pérez de Arce.
Vicepresidente Movimiento Gremial UC.

miércoles, marzo 25, 2015

CRUJEN LAS INSTITUCIONES.


Hablar de instituciones era referirse a aquello que es garantía del cumplimiento de la ley y preservar la certeza. Ya no es así, porque están dedicadas al protagonismo justiciero, no importando lo que diga la ley y que campee la incertidumbre.
Los tribunales llevan la voz cantante. Un ejemplo reciente es el fallo de la Corte Suprema que ordenó la demolición del muro de contención del tranque de relaves El Mauro.
Acogió una “denuncia de obra nueva” (en construcción) por un muro de un tranque que ya estaba en operación (o sea, la obra ya no era “nueva”), fundada en una servidumbre que legalmente obliga a los predios aguas abajo a recibir el escurrimiento natural de las aguas provenientes de los que están arriba, pero convirtiéndola en un derecho a recibirlas; es decir, lo contrario de lo que dice la ley. Fallo que se dictó en contra de una empresa minera que tenía todos los permisos vigentes, creando una total incertidumbre en las inversiones. Como si fuera poco, la simple demolición del muro podría provocar un desastre ambiental.En suma, una sentencia incumplible que en nada prestigia a la justicia.
Pero lo último es lo que está haciendo el Tribunal Constitucional (TC) en las interminables vicisitudes del “caso Penta”, en la arista “Soquimich”. Se presentó el gerente de esta última, pero a título personal, sin representarla, lo cual no procede si no se cumplen las reglas de la “agencia oficiosa” -que no se exigió-, y que fue removido por el directorio de la compañía justamente por la acción emprendida, interponiendo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de diversas normas legales, para impedir la entrega de ciertos documentos al Ministerio Público.
Un requerimiento de ese tipo persigue que en cualquier gestión pendiente ante un tribunal se declare inaplicable un precepto legal por inconstitucional. No obstante, la presentación del gerente se puede resumir así: que se declaren aplicables los preceptos legales impugnados, ya que inconstitucionalmente no se están aplicando; otra vez lo inverso de lo que dice la norma. En otras palabras, que el TC entre a calificar las acciones del Ministerio Público, para lo cual carece por completo de atribuciones. No obstante ser el requerimiento manifiestamente inadmisible, el TC ordenó la paralización de las gestiones en el caso. Mientras, el Servicio de Impuestos Internos, cuyas atribuciones estarían pasando a llevar los fiscales, decidió cumplir y entregar los antecedentes solicitados, quedando el TC en una impostura.
Ahora esa magistratura debe pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento y la opción es una sola: rechazarla. Acogerlo a tramitación implicaría atribuirse el rol de juez de garantía, dando pie a las más variadas especulaciones de los motivos para hacerlo. Y las instituciones quedarían sobrepasadas y desprestigiadas.
Los que se están sobando las manos son los que quieren precisamente demoler la institucionalidad y reemplazarla por otra, en la cual los controles y contrapesos no existirán. Y lo habrán logrado con la ayuda de los que se supone son sus guardianes.

Axel Buchheister.

martes, marzo 24, 2015

POPULISMO DE EXPORTACIÓN.


En los últimos años, los fenómenos populistas han tomado especial relevancia en Latinoamérica. Han invadido nuestra región con autoproclamados gobiernos revolucionarios que llegan a imponer un mismo esquema: Anular paulatinamente a la oposición, corromper las instituciones, sobornar o censurar medios de comunicación y lo más grave, imponen un desbalance ante el  necesario  y casi olvidado por muchos,  equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado para defender una democracia real.
Este esquema que llega lleno de júbilo y promesas de un mesías lleno de “folclor”, carisma y  aires de cambio. usando un discurso que promete poner fin a la ineficiencia de los que han estado en el escenario político hasta hoy.  Esa habilidad de autoproclamarse como salvador,  convirtiendo lentamente la figura de un Presidente, legitimado por una elección , en un caudillo que se encuentra mas allá de la ley. Al estilo de Luis XIV, termina concentrando en su persona el Estado mismo y por tanto éste sólo puede actuar de acuerdo a su voluntad e interés. Una especie de “democracia” imperial, que con un don que se contrapone al otorgado a midas, todo lo que toca lo marchita y lo destruye.
El populismo constituye aquel concepto complejo que nace de la angustia y la crisis, se alimenta de la desesperanza y se desarrolla a partir del debilitamiento de las estructuras de los partidos políticos y su falta de credibilidad ante la opinión pública. Se manifiesta de formas inesperadas, donde la constante es el falso mesías que se muestra como el salvador de la democracia, el gran reivindicador de las clases marginadas que a base de sofismas engaña a poblaciones desmoralizadas, cansadas y en dificultad, ofreciendo soluciones milagrosas a complicados problemas. Llevando a la sociedad, atontada por su encanto, al colapso. El populismo constituye una enfermedad que se extiende del mismo modo que un cáncer, que ataca silenciosamente el cuerpo hasta el punto de invadirlo por completo y asesinarlo sin compasión.
El fenómeno latinoamericano tomó fuerza en la Venezuela de fines de los años 90, bajo la figura de un militar de perfil izquierdista de nombre Hugo y de apellido Chávez, con un discurso agresivo, que alimentaba el resentimiento y la lucha de clases, que en medio de una crisis económica y el desprestigio de los partidos políticos, encontró el caldo de cultivo ideal para forjarse y tomar fuerza entre las bases populares y ante la mirada impávida y muchas veces complaciente de gran parte de la dirigencia del país.
Chávez ganó las elecciones en 1998, inició su revolución bolivariana implementando un “nuevo socialismo” de corte cubano, posicionó el modelo a partir del despilfarro la renta petrolera. Se vivía la mayor bonanza en los precios de crudo de la historia, y regó a base de la chequera de Venezuela su revolución por todo el continente, comprando aliados y aterrando detractores.
Mientras algunos pensaban que era un problema coyuntural, que el impacto sería momentáneo, que Venezuela jamás seria Cuba y que Chávez no sería Fidel, el dictador aceleraba su revolución y profundizaba su régimen, cercenando derechos civiles, aplastando a la oposición y a las instituciones democráticas.
Se han cumplido 16 años de chavismo y Venezuela con Nicolás Maduro, su nuevo dictador y heredero político de Chávez, se parece cada día más a la Cuba de Fidel, con un sistema corrupto, abusador y asesino, que clausura medios de comunicación, mata estudiantes, encierra contradictores y desangra al Estado. Un sistema que se niega a caer y promete sangre y dolor antes que reconocer su fracaso. Todo esto mientras sus amigos del continente guardan un silencio cómplice.
El colapso no ha sido causa para que el chavismo renuncie a su naturaleza expansionista, y lo que parecía ser un problema de América latina o de países subdesarrollados, superó las fronteras, y se manifestó en Europa, bajo la presentación del movimiento “Podemos” en España, fundado por Pablo Iglesias, cercano asesor de Chávez. Este fenómeno que surge como la sorpresa electoral en el país Ibérico, aparentemente financiado desde venezuela y con un discurso cargado de odio, resentimiento y agresividad contra el bipartidismo, se alza como “la voz del pueblo” e incluso como una opción real para ganar las elecciones y así implementar un régimen similar a los que Europa conoció décadas atrás pero que parece haber olvidado.
De ganar “Podemos”, el populismo engendrado por Chávez habrá logrado superar el Atlántico y germinar en Europa, habiendo ya contaminado Latinoamérica y el Caribe, se dispone, tal como sucedió en 1998 en Venezuela, a sorprender a un pueblo confundido y agobiado por la crisis y llevarlo a un punto de difícil retorno, donde la miseria y el totalitarismo constituyen el menú del día.
Lo cierto es que gracias al chavismo, el petróleo pasó a un segundo plano y hoy por hoy el populismo es el primer producto de exportación venezolano.

David Valencia Campo.

lunes, marzo 23, 2015

EL PRIMER AÑO DE LA RETROEXCAVADORA.


Y se nos fue el primer año de gobierno. Atrás quedaron los “multitudinarios” aplausos de bienvenida a la segunda administración de la Presidenta Bachelet. Atrás quedó ese 52% de aprobación, con el que se dio el “vamos” a esta nueva administración.
Hoy, el panorama es completamente distinto. Un acto de sensatez, exige reconocer que una parte importante de la actual desaprobación que tiene el gobierno viene dado por el Caso Dávalos, marcando un antes y un después en la confianza hacia esta administración. Pero no menos importantes fueron las seguidillas de errores que cometió ésta en materia política, económica y educacional.
Si bien es cierto, en materia política hay modos y modos de llevar adelante una agenda reformista, hacer debutar a la Nueva Mayoría con tonos de aplanadora, terminó pasando la cuenta a la forma de relacionarse al interior de la coalición gobernante. Generando más que constantes acuerdos, disensos reiterados respecto a cada proyecto que propuso el Gobierno.
En el plano económico, la tónica estuvo marcada por un pobre crecimiento económico. A la vez, que eso redundó en el aumento de cesantía que hoy tristemente viven cientos de chilenos. Mientras la economía se constreñía, el gobierno enviaba una reforma tributaria la cual recibió más de 270 indicaciones por parte de opositores y oficialistas, y que finalmente terminó gestándose en la cocina de un Senador. A esa altura, cientos de chilenos se daban cuenta del poco peso y mal manejo político, que tuvo el Ministro de Hacienda para sacar adelante dicha reforma, poniendo en su contra a pequeños y medianos empresarios.
En educación, los proyectos estuvieron caracterizados por hablar de fierros y ladrillos, de la calidad y formación de nuestros niños, nada. Atrás quedó esa esperanza, que tenían cientos de familias de ver resurgir la educación pública, pero no. Era más importante, partir sacándole los patines a quienes asisten a la educación subvencionada. Ante ello, vastos sectores de la  sociedad comenzaron a sacar la voz ante el pésimo proyecto que perjudica a la gran mayoría de la clase media, generándose un constante malestar por lo que estaba siendo la nueva administración de Bachelet.
En materia regional, la situación no parece tener color de rosas. La designación del Intendente Huenchumilla en la región de la Araucanía no ha traído frutos ni de  tranquilidad como tampoco de paz social; al contrario, los conflictos se acrecentaron dando pie a una sensación de abandono y rabia, al ver como éste gobierno no considera el conflicto mapuche como una política prioritaria.
De esta manera, el primer año cierra con una profunda crisis a las instituciones, a la vez que el sentido de la desconfianza comienza a permear muy profundamente en el ambiente. Revertir la situación no es fácil, una visión en retrospectiva exige guardar la retroexcavadora para dar paso a planteamientos y soluciones que nos haga sentir de este gobierno, el gobierno de todos. Pues como dijera Osvaldo Andrade en su momento, “Chile no se merece tener un presidente con este nivel de desaprobación”.

Felipe Mancilla Mejias.

domingo, marzo 22, 2015

DESPUÉS DE PENTA Y CAVAL, ¿QUÉ?


Recientemente las chilenas y chilenos han sido testigos de que “los poderosos también caen” en un clamor que no necesariamente proviene de ese mundo de “poderosos” sino del “power to the people”, uno donde la ciudadanía alza la voz y exige justicia. Y es que el caso Penta ha sido sólo el comienzo de una olla a presión que poco a poco deja entrever a la opinión pública lo que se ha venido cocinando desde hace largo rato, en nuestras narices, no dejando espacio incluso para “raspados”.
En el caso de Penta la justicia ha hecho lo suyo, ni más ni menos. Quienes han cometido fraude hoy se encuentran encarcelados y otros, gracias a su “disposición y colaboración”, hacen lo propio pero con arresto domiciliario y orden de arraigo nacional. Porque seamos honestos: entre pasar los días de detención en el anexo capitán Yaber o en la comodidad de sus hogares, preferentemente ubicados en el sector oriente de la capital, no hay donde perderse. Pero bueno, justicia es justicia.
Como sea, y en virtud de dar una señal clara a la ciudadanía, el gobierno promovió la creación de una Comisión Asesora para regular la relación entre dinero y política. Esta comisión, que bien podría ser como un back to school para la clase política en términos de lo (in)debido, (in)correcto y como ser personas de intachable probidad, pareciera ser casi un chiste de mal gusto, un stand up propio de la comedia negra: Porque es ni más ni menos el Ejecutivo, luego de vivir su mayor crisis a partir del (y llámele como quiera, total el fondo es el mismo) caso Dávalos – Luksic / Caval / Nueragate, quien busca promover las buenas prácticas en la actividad público – política. Recordemos, de paso, lo que ocurrió con el último otrora paladín y pregonero de “terminar con las malas prácticas”, pero así es la política.
En el caso particular de Caval, donde quienes esperan que el hijo más cercano de Bachelet devuelva los 2.500 millones sería mejor que se fueran a encrespar sus cabelleras o algo por el estilo, lo que se mancilló no sólo fueron los principales bastiones del actual gobierno, tales como igualdad y lucha contra la desigualdad, sino que el hecho terminó siendo una retroexcavadora letal que sustentaba, en un hilo muy delgado, la relación de confianza entre el mundo político y la ciudadanía. Para muestra basta con revisar sondeos de opinión pública donde, hoy por hoy, no existe un sólo sector que congregue adhesión generando que los conglomerados políticos se disputen las migajas en vez de trabajar por reconstruir las confianzas.
Si revisamos nuestra historia, de la cual basta sólo hacer un chequeo desde el retorno a la democracia en adelante, varios han sido los casos donde se ha puesto en tela de juicio la relación entre dinero, política y confianzas. Pero lo importante de toda crisis es que siempre representa una oportunidad para hacer las cosas bien y, en el actual contexto en particular, renovar los vínculos ciudadanos. No olvidemos que durante las elecciones de 2013 el sistema constató que un 60% de los votantes no quiso participar en el proceso. En este sentido pensar que el culpable de aquello sería el voto voluntario obedece al afán político de querer tapar el sol con un dedo y no entender que la acción de sufragar requiere necesariamente de candidatos que representen a sus electores, que los motiven y para eso los primeros tienen que hacer su trabajo no sólo durante el período eleccionario sino también una vez ungidos en sus cargos porque de eso trata el servicio y la vocación pública.
En los hechos, y tras los casos Penta y Caval, nada garantiza que el sistema recupere su equilibrio y mantenga su estabilidad. Por lo mismo las interrogantes surgen espontáneamente porque no se trata de la primera o la última vez que somos testigos de cuestiones similares. De aquí en más bien vale preguntarse: Después de todo esto que ha ocurrido y donde el quiebre de las confianzas resulta evidente ¿Qué vendrá después?

Rodrigo Durán Guzmán.
Periodista y Magíster © Comunicación Internacional.

sábado, marzo 21, 2015

AUTORIDAD MORAL DE BACHELET.

Nadie puede ser acusado de delito sin pruebas, pero la actitud del gobierno y de SQM por evitar que la Fiscalía acceda a sus datos alimenta sospechas.

Sin entender que sus acciones y omisiones han erosionado su autoridad moral como paladín de la probidad, la Presidenta Michelle Bachelet impulsa una acelerada, pero insuficiente, agenda para combatir la corrupción. Pero en tanto no despeje dudas sobre el escándalo que involucra a su hijo y ni envíe señales claras de la necesidad de colaborar con la Fiscalía al SII, esos esfuerzos se perderán en un mar de sospechas sobre de qué lado está Bachelet en la lucha contra la corrupción y la captura del Estado. Porque de poco sirve tomar medidas hacia el futuro cuando la opinión pública demanda justicia hoy, la Presidenta Bachelet arriesga ser considerada como parte del problema más que de la solución a la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones democráticas del país.
Aunque el escándalo Penta gatilló la crisis actual, las sospechas sobre el involucramiento del gobierno solo se iniciaron cuando se conoció la arista SQM. Si bien el caso Penta tempranamente involucró al ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga —y el gobierno dio una errónea señal al salir a apoyarlo—, La Moneda correctamente anticipó que Penta sería una bomba que concentraría su poder destructivo en la UDI y que, a lo más, habría un par de víctimas accidentales en la coalición oficialista.
El caso Caval, en cambio, explotó en los cimientos de la Nueva Mayoría. Aunque el entorno cercano a Bachelet apostó inicialmente a la invulnerabilidad de la Presidenta, con el correr de los días, el gobierno fue descubriendo el profundo daño que había causado el primogénito de Bachelet. Como la Mandataria nunca cortó el cordón umbilical con su descriteriado hijo, esa herida siguió sangrando hasta que la opinión pública atribuyó al caso Caval las mismas implicaciones delictuales del escándalo Penta. Bachelet insistió en ser primero madre que Presidenta de la República y por ello su mensaje de fin al abuso se terminó de hundir con la cuestionada reputación de su primogénito. Con todo, el caso Caval no le pegaba directamente a la NM. Al golpear a Bachelet, golpeaba los cimientos de la coalición, pero no involucraba directamente a ninguno de sus partidos.
Por eso, cuando la arista SQM volvió al primer plano y comenzaron a circular rumores —y filtraciones— sobre los pagos a políticos, la sensación de pánico se extendió por la NM. Si el caso Caval había golpeado la línea de flotación de la nave que aloja a la NM —la credibilidad de Bachelet—, el caso SQM amenazaba con convertir la preocupación política de la NM en nerviosismo por evitar las formalizaciones de la fiscalía.
Demostrando pésimo manejo, el equipo político de La Moneda intentó apagar el incendio con gasolina.  Dejando en evidencia sus cuestionables intenciones —pero también desnudando su poca capacidad para realizar operaciones políticas—, el gobierno intentó por distintos medios obstruir la investigación de la Fiscalía. Mientras el gobierno convertía al SII en dique de contención para frenar los impulsos investigativos del Ministerio Público, un amigo y aliado del ministro del Interior, el abogado (y ex secretario general del PPD) evitaba entregar los libros contables de SQM al fiscal. Aunque no se sabe qué información comprometedora tienen esos libros, el gobierno y los socios controladores de SQM se han comportado como si hubiera mucho que ocultar. Nadie puede ser acusado de delito sin pruebas, pero la actitud del gobierno y de SQM por evitar que la fiscalía acceda a sus datos alimenta sospechas.
Aunque ha evitado referirse a SQM, Bachelet parece determinada a encontrar una salida a la crisis. Al convocar a un Consejo Asesor para que le entregue propuestas a favor de la probidad, la Presidenta intentó una primera salida. Como su movida fue sobrepasada por los hechos —e incluso sus partidos aliados de la NM crearon su propia comisión alternativa—, Bachelet ha vuelto a la carga con un instructivo para ampliar la cantidad de personas que deben completar la declaración de intereses y la información que dicha declaración debe incluir.
Sin entender que parte del problema nació precisamente en que ella no exigió a su hijo que entregara declaración de intereses cuando lo nombró Director Socio Cultural de la Presidencia, Bachelet torpemente intenta hablar desde una posición de superioridad moral. La Presidenta no tiene autoridad moral para exigir a funcionarios públicos —y a ex funcionarios públicos— algo que ella ha sido incapaz de exigir a su hijo.
Mientras Bachelet intenta recuperar el control de la agenda, su gobierno aparece más preocupado de evitar que la Fiscalía acceda a la contabilidad de SQM. A menos que instruya a su gobierno a no hacer nada para aparecer obstruyendo la investigación de la fiscalía, cualquier intento por demostrar su compromiso con la probidad aparecerá como un acto insustancial que no evitará que su credibilidad siga cayendo y que su imagen aparezca asociada más con los que no quieren que se investigue que con los que defienden la independencia de los poderes.

Patricio Navia, Foro Líbero.

viernes, marzo 20, 2015

LOS ASESORES DE LA CLAUDIA.


A la “élite” política no le gustó la composición del comité asesor de Claudia que está dedicado a legalizar el robo, o más bien, a buscar otra forma de robar más “piola”. Los señores políticos pretendían una comisión con “más calle”. La verdad es que los miembros de la comisión no son ángeles de la guarda y cada uno de ellos representa a alguien o no lo habrían nominado para tan noble misión. Lean la lista y encontrarán a liguistas, bacheletistas y algunos derechistas arrepentidos. ¡La Alianza Público-Privada en pleno!.

Siendo sensatos, la Claudia y Pencailillo no podían designar a algún politucucho con fama de truhan, o la farsa no pasaba de la nominación. ¿Se imaginan a Girardi como asesor?. Por eso nombraron a “académicos” y “hombres buenos”. La foto es lo importante; luego, el tiempo hace su trabajo.

De todas formas, la comisión es una cosa, las decisiones son otras, el proyecto de ley es otra cosa, lo que finalmente se va a aprobar es otra cosa bien distinta, la interpretación de la ley es ooooootra cosa más y, en la práctica se ve como se hace para lograr que los sueldos alcancen.

Según leo, un grupo se senadores de todas las razas (le llaman transversalidad) presentó un proyecto por su cuenta. Y otros parlamentarios pretenden tener el proyecto listo en 45 días o antes. El show va como avión, mientras antes se abracen todos juntos como hermanos, antes termina esta desagradable situación en que el populacho bárbaro está estorbando a la “elite”. Una cosa es empoderar a la muchedumbre para exigir bonos en marzo y luego dárselos con escándalo y fuegos artificiales y otra cosa muy distinta es que la poblada se soliviante y crea que el asunto va en serio.


Como podemos apreciar, los políticos se van a autorregular, se van a “desempoderar” y a empobrecer voluntariamente. La Claudia no podrá seguir recibiendo facturas de la dueña de casa y luego rendirlas en el Servel, eso es feo y no está a la altura del Chile que todos queremos. Así como el payaso sonriente 24/7 ideó “una nueva forma de gobernar”, aunque gobernó como las huevas, la Claudia terminará por imponer “una nueva forma de robar”. De ahora en adelante quedan prohibidas todas las colusiones y coimas por correo electrónico, y el weas que boletee tendrá que agregar una asesoría de algo, aunque sea bajada de Wikipedia; se terminaron las improvisaciones y las boletas ideológicamente falsas. El que no tenga boletas ni se pueda conseguir alguna de la cuñada, tendrá que llevar una maleta con ruedas para llevarse la plata en efectivo y en billetes usados de baja denominación y con la numeración no correlativa. ¡Se terminó el hueveo cabros!. Pongámonos serios. 

Máximo.

jueves, marzo 19, 2015

PEÑAILILLO: ¿REPUBLICANO O BIPOLAR?


Lo que dijo el ministro Peñailillo este martes en ICARE es de la máxima relevancia y no puede pasar desapercibido. Es cierto que sus dichos podrían revelar cierta bipolaridad –oportunismo si se quiere–, pero aun así debieran llevarnos a una reflexión profunda.
“No podemos mejorar el país en base a la destrucción y descrédito de las instituciones”, fue una de las frases del ministro del Interior. Yo, al menos, estoy de acuerdo con esa afirmación, y me alegra que sea pronunciada por un personero de tanta importancia. Sin embargo, al oírla no pude dejar de pensar: ¿acaso no fue el sector que él representa el que acusó al gobierno de Piñera –una y otra vez– de que sus anuncios tenían todos letra chica? ¿Acaso no fueron los voceros de la campaña de Bachelet los que usaron y abusaron del caso pollos, farmacias y otros pecados del empresariado, para desacreditarlos? ¿Acaso no fue este gobierno el que defendió la reforma tributaria afirmando que los que la criticaban eran los poderosos de siempre? ¿Acaso no son los parlamentarios de gobierno –en un acto de deshonestidad intelectual sin precedentes– los que piden la renuncia de sus pares afectados por el caso Penta, a pesar de que saben que la ley lo impide? ¿Acaso no fue este gobierno el que basó su reforma educacional en la destrucción de la imagen de los sostenedores? ¿Acaso no fue la Nueva Mayoría la que vociferaba por una nueva Constitución que sanara al país de estas instituciones malditas engendradas durante el gobierno de Pinochet?
Señor ministro, usted tiene razón: no se puede mejorar el país sobre la base de la destrucción y descrédito de las instituciones. Pero esa frase no debió pronunciarla en Icare, sino en el Consejo de Gabinete de los lunes en La Moneda. Los destinatarios no debieron ser los empresarios, sino los políticos de las retroexcavadoras y aquellos que promueven cambios que se basan en la demonización de las instituciones vigentes, en vez de resaltar las bondades de lo que dicen proponer.
Pero no todo es pasado. La reflexión debe ser también sobre el futuro. ¿Seguirá la Nueva Mayoría con su estrategia de construir un bloque político cada vez más fuerte basado en la destrucción de la confianza en instituciones cada vez más débiles? ¿Qué nos dirá el gobierno para justificar su anunciada nueva Constitución? ¿Pedirán prudencia a sus parlamentarios cuando critiquen destempladamente al mundo privado o a sus adversarios políticos con la misma convicción con la que lo hacen cuando critican al gobierno?
Ya veremos si la intervención del ministro inaugura una nueva era en la Nueva Mayoría o si es pura bipolaridad.
Guillermo Ramírez.
Abogado.

miércoles, marzo 18, 2015

LAS RAZONES DE SOQUIMICH.


Todavía resonaban los ecos de los aplausos por la prisión preventiva impuesta a los controladores de Penta –como momento histórico se llegó a calificar-, cuando se han conocido las diversas maniobras del Servicio de Impuestos Internos que, de hecho, están obstaculizando la investigación del Ministerio Público en SQM. Argumentos más o menos, lo cierto es que el tratamiento que está recibiendo la minera no es el mismo que el de Penta y por motivos que están lejos de parecer justos.
Se podía contar con que SQM no quisiera entregar información, y se valiera de cuanto medio esté a su alcance para evitarlo. Las razones entregadas por el S.I.I., sin embargo, para no  focalizar la investigación en la minera sino extenderla a un largo listado de grandes contribuyentes y, a la vez, otorgar tiempo para facilitar la auto denuncia, aunque admisibles quizás en el plano teórico, parecen insuficientes y muy  discutibles considerado el contexto, más cuando pueden colaborar a que se “evaporen” pruebas en el intertanto.  La tensión que se vive en el Congreso a raíz de este caso –reconocida por un diputado de la Democracia Cristiana-, el silencio elocuente de oficialismo y oposición –en cualquier otro caso el Director del Servicio ya estaría citado a una comisión investigadora- la prescindencia adoptada por el Gobierno –a excepción de la Ministra de Minería que se arrancó con los tarros solicitando la entrega de información-, y el propio empeño de Impuestos Internos en orden a dilatar la investigación,  introducen elementos que impiden descartar –por más que los involucrados lo hayan desmentido-  que la pauta del Servicio provenga de Palacio. Las “razones de Estado” expresadas en salvaguardar el sistema político, estarían poniendo la imaginación por delante para evitar que la sangre de SQM (y de varios más) llegue al río.
Al estallar el caso Penta, el Gobierno fue enfático –y la oposición también- en señalar que cualquier gran acuerdo que se tomara no afectaría las investigaciones en curso. Quería evitarse el rechazo de la ciudadanía a todo lo que pudiera oler a arreglo. Es por eso que lo que se está haciendo con SQM no es tolerable. No se puede  permitir que una investigación marche viento en popa –audiencias televisadas en vivo y formalizados presos inclusive- y a la vez dejar hacer –si es que no se le ha dado órdenes- al Servicio de Impuestos Internos para que se pueda echar tierra o dar tiempo a que los jerarcas de SQM para que no lleguen a ser objeto de la misma investigación. Es difícil compatibilizar la existencia de un estado democrático fundado en la igualdad ente la ley, con admitir que por hechos de la misma naturaleza, algunos sean investigados y objeto de escarnio público, y otros reciban tiempos de gracia o derechamente posibilidad de no ser investigados. El doble estándar es evidente, y el cuadro objetivo de protección a SQM a lo menos plausible.
Que el financiamiento de empresas a parlamentarios mediante facturas o boletas falsas haya sido práctica transversal puede ser fundamento para buscar un acuerdo de efectos universales. Pero dichos acuerdos, si pretenden retroactividad, deberán expresarse en leyes promulgadas y de aplicación general, y no en acuerdos tácitos en que la institucionalidad parece funcionar manca, dejándose caer a unos para salvar a otros. Si este último será el salvavidas del sistema político, es probable que sea de plomo.

Jorge Baraona Correa.